Apoyo
mayoritario a la nueva
Ley
de Radio y TV mexicana Un reclamo de mas de 30 años
Organizaciones
indígenas, comunitarias, universitarias y de organismos no gubernamentales
mexicanas manifestaron su apoyo a la nueva Ley de Radio y Televisión,
por considerar que acabará con la discrecionalidad en el otorgamiento
de concesiones.
Los representantes de las agrupaciones se reunieron con Senadores de las
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Gobernación
y Estudios Legislativos, encargados de elaborar el dictamen definitivo
de las reformas a la reglamentación.
Ante los legisladores solicitaron que en el proyecto de dictamen se incluya
el término radio comunitaria «para que exista en la nomenclatura
legal», algo por lo que han luchado durante 30 años diversas
comunidades de ese país.
Sin embargo, integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria
de la Radio y la Televisión (STIRyT) pidieron ser tomados en cuenta
en este proceso de análisis, pues no han sido consultados, y demandaron
a las radios independientes trabajar en la legalidad.
En el encuentro, celebrado en la Torre del Caballito, integrantes de organismos
como Radio Otomí, Radio UAS, CENCOS, así como de diversas
estaciones comunitarias y agrupaciones de derechos humanos, solicitaron
estos cambios.
En cambio, sí respaldaron la creación del Consejo Nacional
de Radio y Televisión que propone la nueva disposición,
pues entienden que permitirá transparentar el otorgamiento de concesiones
y permisos, además de que «representa una oportunidad de
cambiar el rumbo del país».
En su intervención, la dirigente de Espacio para el Diálogo,
Clara Jusidman, sostuvo que la nueva ley es «parte fundamental para
la reforma del Estado, para pasar de una democracia electoral formal a
una democracia participativa».
En tanto, la integrante de la Asociación Mexicana de Investigadores
de la Comunicación Alma Rosa Alva de la Selva afirmó que
la discrecionalidad gubernamental «se ha traducido en una relación
de mutuos favores del gobierno en turno con los dueños de los medios
electrónicos» lo que ha creado un ambiente de incertidumbre
en la industria. Asimismo, aseguró que en el nuevo texto «los
criterios son otros, totalmente diferentes a una vieja ley que ya no responde
ni a las necesidades de los industriales ni del público en general».
La investigadora aseguró que «esta situación de discrecionalidad
y de incertidumbre jurídica para la industria permanece desde hace
muchos años, y ha sido un problema histórico y en el marco
el proceso de democratización del país, es ya insostenible
a todas luces».
Francisco González Garza, de la asociación «A Favor
de lo Mejor», y Gerardo Soria, del Instituto del Derecho a las Telecomunicaciones,
se pronunciaron contra el proyecto.
A fines del año pasado, la Asociación Mundial de Radios
Comunitarias (AMARC) denunció presiones de empresarios para evitar
que el Gobierno autorizara nuevas licencias.
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