¿Seremos como la gata Flora?

El gobierno nacional dispuso, mediante el polémico decreto 527/2005, prorrogar por diez años las licencias de servicios de radiodifusión, argumentando “la grave crisis que atravesó el país... que afectó a la sociedad en su conjunto”, pero “a la fecha no se ha tenido en cuenta la situación particular que han debido atravesar los licenciatarios de medios de radiodifusión, considerando los altos costos que deben afrontar para continuar brindando satisfactoriamente la prestación a su cargo”. “Que los medios de comunicación, orientados básicamente al mercado interno, han sido uno de los sectores afectados por la intensa recesión sufrida lo que ha provocado situaciones de rentabilidad negativa en la mayoría de las compañías. Así, muchas de ellas se vieron en la necesidad de recurrir a la utilización del remedio concursal, o se valieron de mecanismos preventivos extrajudiciales para poder encarar la renegociación de sus pasivos”.
La verdad, como valor empírico y químicamente puro, no existe. La descripción de la situación es real y los argumentos que expone están plenamente justificados. Pero aparecen, por lo menos, como sectorizados, parciales, incompletos y sujetos a un cúmulo de sospechas porque abandonan la proclamada “transparencia” de la que el Gobierno pretende hacer gala desde que asumió, hace ya más de dos años.
Este editorial no discute que las empresas de comunicación sufrieron avatares propios de la hecatombe permanente de la Argentina, y su eclosión más reciente, a finales de 2001.
Las firmas vinculadas con la radio y la TV sufrieron ese trance de la misma manera que la padeció el pequeño empresario, el industrial, el comerciante y, más que cualquier otro, el hombre común, el que depende del salario que percibe por su trabajo, si es que aún lo conserva. Desde los despachos oficiales podrá decirse que para los sectores más desposeídos se lanzaron programas que pretendieron amortiguar el impacto de la crisis, y que ahora es necesario preocuparse de otras áreas, como por ejemplo las compañías que operan licencias de radio y TV.
Pero, ¿por qué hacerlo de esta manera?. ¿Por qué mediante un decreto?. ¿Por qué cuando comienza a salir del micro mundo que conforman los medios de comunicación la sensación de que el Ejecutivo pretende controlar los contenidos de las grandes operadoras de radio y televisión, a través del poco sutil y añejo recurso de dosificar la publicidad entre amigos y enemigos?
En el Congreso se sigue discutiendo, con la misma convicción de un perro que pretende morder su propia cola, una nueva ley de Radiodifusión. Esa discusión está muy lejos de arribar a un acuerdo, y mucho más lejos aún de producir una nueva norma legal que sepulte la obsoleta y -a estas alturas ridícula- 22.285. ¿Por qué se apura el gobierno a extender los plazos de las concesiones, si no hay una sola razón que lo justifique más que en otros casos?
Otras empresas concesionadas, sufrieron los mismos trastornos. Y la actitud fue otra. En el caso del Correo, en manos del grupo comandado por Franco Macri -padre de Mauricio, enemigo político del Ejecutivo-, le quitó la concesión y la reasumió. Otro tanto acaba de anunciar el ministro De Vido sobre un ramal ferroviario de cargas. ¿Hay hijos y entenados en estas cuestiones? ¿Qué estaríamos diciendo-pensando-denunciando en estos momentos si la prórroga por decreto, en lugar de Néstor Kirchner, la hubiera firmado Carlos Menem?
No importa, a los efectos de este análisis, si está bien o mal la prórroga. Si los concesionarios la merecen o si es parte de un reconocimiento a un esfuerzo por una inversión de riesgo que terminó dando resultados menos provechosos que los que los inversores proyectaron. Lo que interesa es la falta de transparencia, ese aroma a “algo raro”, la sospecha sobre canje de favores actuales y futuros, sólo acallado en la opinión pública porque quienes deben poner el tema en debate son, precisamente, los supuestos beneficiados por los alcances del decreto.
“Entre las principales causas de la crisis sufrida por los prestadores de servicios de radiodifusión figura su endeudamiento externo, originado por la necesidad de contar con una infraestructura técnica actualizada que les permita cumplir con sus obligaciones. Que en la actualidad, pese a haberse superado la etapa más difícil de la crisis, la situación de los medios audiovisuales necesita un horizonte de previsibilidad que involucre los plazos mínimamente necesarios para recomponer su situación económico-financiera. Que, en definitiva, la realidad evidencia la necesidad de adoptar medidas tendientes a asegurar la contribución que realizan los servicios de radiodifusión al desarrollo social y económico de la sociedad, posibilitando la prosecución de las transmisiones regulares y la preservación de las fuentes de trabajo”.
El decreto habla sólo de los medios de comunicación. ¿Qué diferencia hay con cualquier empresa que se dedique a una actividad productiva y haya permanecido al menos los últimos diez años en la Argentina? Respuesta: ninguna. Mejor dicho, una y muy importante: una Pyme no llega cada día a millones de personas instantáneamente a través de una pantalla de TV o un receptor de radio. No forma opinión ni agenda. Y a cuatro meses de unas elecciones en las que el Gobierno cree que se plebiscita su gestión, no influye en la voluntad de los electores.
Hay decenas de medios de menor alcance que los grandes conglomerados empresario-periodísticos y de comunicación, que esperan desde hace años por la adjudicación. No piden clemencia, piden licencia. Tal vez, y a caballo de esta suerte de inoportuna medida oculta detrás de buenas intenciones, haya llegado el momento de democratizar la adjudicación de las frecuencias que aún están pendientes.
Esa medida no ahuyentará completamente las elucubraciones de los “malpensados de siempre”. Aunque, al menos ayudará a creer que es cierto otro considerando del decreto cuestionado: el gobierno asume como propio “el deber de contribuir a la defensa de la cultura nacional y a la educación de la población y propender al mejoramiento de los servicios que se prestan en el sector de radiodifusión”.
Y SI ES ASÍ porque no cumple con el artículo 65 de la ley 23696.

Ruben S. Rodríguez