Opinion

“Delitos, autoritarismo calumnioso y más discriminación al cooperativismo en el COMFER”

En la revista R&TA Nº 108, del 17 de octubre de 2005, en la página 4, se publicó una entrevista a Julio Bárbaro. En la misma, entre otros conceptos del funcionario, se entrecomilla expresiones en la que afirma, refiriéndose a los éxitos judiciales logrados por el cooperativismo, que “las medidas cautelares son parte de la corrupción. Estamos convencidos de que los jueces que van a medias con los recursos de amparo van a desaparecer“. O sea, cuando toda la justicia federal, incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dio la razón a las cooperativas y mutuales, en sus planteos de derecho, el interventor del COMFER sostiene que dicha justicia es corrupta.
Sobre estas afirmaciones, Julio Bárbaro debe denunciar, con urgencia, al Ministerio Fiscal de la Nación el o los casos de corrupción judicial a los que se refiere, porque es deber, como funcionario público, realizarlo. Si no lo hiciera, quedará incurso en el delito de omisión de denuncia y dejará en claro que sus dichos son un acto más de un autoritarismo calumnioso, que no merecemos los argentinos y menos que se desprestigie de esa forma, en general, a jueces que han dado la razón, en derecho, a las personas jurídicas de la economía solidaria.
Mientras tanto, con la sospecha generalizada sembrada, no se dice nada que la Justicia ha declarado inconstitucional que el Interventor del COMFER siga suspendiendo la entrega de pliegos para TV por cable. Antes, fundado que debía salir un nuevo artículo 45 y ahora, porque ha salido. Siempre se encuentra una excusa para no cumplir con la norma. En un Estado de Derecho un funcionario no puede suspender la vigencia de la ley y sin embargo, sin ningún pudor, Julio Bárbaro lo sigue haciendo y goza de una impunidad inaceptable. Basta de ejemplo la reciente resolución 1475, dada a conocer el 2 de noviembre, en la que vuelve a suspender la entrega de pliegos para servicios complementarios por noventa días hábiles más. Incluso, se ha llegado a saber que, antes de dicha resolución, se tuvo la intención de suspender por diez años la entrega de pliegos para cooperativas, mutuales y demás organizaciones sin fines de lucro, lo que es gravísimo, solo conocer que se analizó la posibilidad de concretarlo. Mientras tanto, ya hay dos fallos de las dos Salas de la Cámara Federal de Córdoba ordenando que se normalice la entrega de pliegos. Sin embargo, en soberbias de poder incomprensibles, se reincide en conductas reñidas con la constitución, sin que nada cambie para bien.
También, en la referida entrevista, se hace constar que el funcionario del COMFER sostiene que, respecto del servicio de televisión por cable, de particular interés cooperativo en prestarlo, “en este sector no podemos avanzar hasta no ingresar a un espacio de lógica regulación mutua”. ¿Cómo es el tema, antes había que esperar para que el Congreso legisle y ahora que lo ha hecho y autorizado a prestar dicho servicio complementario de radiodifusión, en algunos casos, a las cooperativas, hay que esperar una regulación mutua? ¿Qué debe entenderse por regulación mutua, la que garantice los intereses de algunos por sobre el de las cooperativas y mutuales? A su vez, Bárbaro habla de monopolios cooperativos, sin reconocer que su actitud y la del Estado son las que han generado verdaderas concentraciones monopólicas en materia de TV por cable, toda vez que no se deja ingresar a nuevos actores y se permite que el precio se fije libremente por los prestadores actuales, a los que se les garantiza que no tendrán competencia.
Inconstitucionalidades, discriminaciones, negaciones de derechos, soberbia de poder, sofismas interesados y una realidad que muestra a la claras que hay una balanza inclinada por el Estado, en contra de las organizaciones sin fines de lucro. Ello, en si mismo, es un ataque a valores democráticos, republicanos y federales fundamentales y una privación arbitraria de derechos humanos esenciales. Habrá que unificar esfuerzos en todos los ámbitos para que se asegure una genuina libertad de expresión, respetándose a todos los sectores interesados y evitando que el Estado Nacional y funcionarios como Julio Bárbaro, se enseñoreen irresponsablemente, en la ilegalidad de sus medidas, que en sí mismas, son una de las mayores corrupciones que se pueden dar en un Estado de Derecho.

* Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe. abogado constitucionalista y presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación (AIDIC)