Sin embargo la Justicia lo considero como elemento de prueba

Procesan a periodistas chilenos por utilizar una cámara oculta

Un programa chileno reveló que una doctora entregaba recetas médicas falsas. La Justicia procesó por corrupción a la mujer, pero también a los periodistas que la denunciaron.
“En la Mira”, que se emite en la señal Chilevisión mostró como María Luisa Cordero Velásquez cobraba por la venta de prescripciones que no eran verdaderas, de acuerdo al diario La Segunda de ese país.
Dos personas se hicieron pasar por pacientes con problemas siquiátricos y concurrieron hasta la consulta. Allí, la especialista extendió una licencia médica previo pago de 30 mil pesos chilenos (60 dólares).
El Colegio Médico expulsó de la Orden a la citada facultativa por faltas graves contra la ética profesional en junio de 2004, casi un año después que se difundió el reportaje, el 12 de agosto de 2003.
En tanto, los autores de la nota, el jefe de Prensa de Chilevisión, Patricio Caldichoury Ríos y a los periodistas Jaime Lara Montecinos, Raúl Poblete Barrios y Eugenio Salinas fueron encausados por captar y difundir imágenes en recintos privados sin autorización del afectado, por la magistrada del Vigésimo Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, Viviana Toro.
La norma invocada por la magistrada castiga con penas de 61 días a 3 años “a quienes capten, reproduzcan imágenes o conversaciones privadas en lugares que no sean de libre acceso”.
Por su parte, a través de un comunicado de prensa, la dirección del Colegio de Periodistas sostuvo: “La acción judicial contra estos periodistas es contradictoria con el procesamiento dictado por ese mismo Tribunal en contra de la doctora María Luisa Cordero Velásquez, dado que la jueza se basó esencialmente en las mismas pruebas presentadas por el programa”.
La organización calificó al procesamiento como “un nuevo atentado contra la Libertad de Información. Este clima adverso a la libertad de información encuentra un eco soterrado en el Congreso, que ha postergado por años sus compromisos de modificar, precisar o suprimir normas restrictivas de la libre expresión, pese al reconocimiento expreso formulado por la Corte Suprema, en orden a que se trata de leyes ambiguas y mal redactadas”.

Como consecuencia de la ley sancionada hace menos de un año

Ya suman 22 los medios venezolanos con procedimientos administrativos

El director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel), Alvin Lezama, recomendó a los medios de comunicación “acostumbrarse” a los procedimientos administrativos.
Desde diciembre del 2004 cuando se sancionó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, también conocida como ley resorte, 22 procedimientos fueron abiertos por el organismo gubernamental.
El funcionario manifestó que para fin de año estarían listas las conclusiones sobre esos casos abiertos contra televisoras y estaciones de radio.
“Insisto, acostumbrémonos a los procedimientos administrativos que se abren bajo supuestos de la ley resorte, de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y que permiten aclarar situaciones que de alguna manera garantizan una actuación transparente de la administración y el respeto al debido proceso de los administrados”.
La ‘’ley de responsabilidad social’’ fue aprobada en diciembre del 2004 por la Legislatura, supuestamente para proteger a los niños del contenido violento y sexual en los medios de prensa.
La norma, muy criticada por asociaciones civiles y periodistas, establece cuotas de pantalla mínima para la producción nacional, control de la publicidad, y disposiciones sobre libertad de expresión y pluralidad de contenidos.
Un artículo del diario venezolano Notitarde criticó duramente los contenidos de la disposición.
“La Ley Mordaza eliminará la libertad de los medios radioeléctricos para escoger su programación y cercenará un nuevo derecho de propiedad privada” y “el carácter controlador que va a imponer el Estado sobre los medios de comunicación está presente en cada uno de los artículos”, opinó el matutino.
‘’La ley es muy imprecisa y le da al gobierno bastante libertad para interpretar lo que hacemos’’, dijo Ana Karina Villalba, de Radio Mágica, que es muy conocida por su mordaz lenguaje y su crítica del gobierno.
El último día de octubre el diario El Nacional, uno de los más antiguos del país, fue cerrado por 24 horas, y multado adicionalmente con una pena de 28,5 millones de bolívares por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
En su editorial, la publicación sostuvo: “No es la primera vez que el diario barquisimetano El Impulso es censurado, castigado o suspendido por un gobierno en sus 102 años de historia”.
Y más adelante: “Son las horas que los periódicos inscriben con mayor orgullo en sus anales. Son como una carta de presentación, una ocasión para constatar la fidelidad de los lectores, y para demostrarles, al mismo tiempo, que en el ejercicio de la libertad de expresión los riesgos no son productos de la fantasía”.
El Seniat hizo saber a través de un comunicado que la medida se tomaba debido “al incumplimiento de las normas y leyes tributarias vigentes en materia del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta”. Para el presidente de la empresa editora, el doctor Juan Manuel Carmona Perera, la versión es diferente: “Aplicaron la sanción por minucias en facturas del año 2002, como que a un cliente le faltaba un número de RIF, o cualquier cosa”.
En este sentido, ligó al “castigo” con la intervención del editor Carmona Perera en la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, celebrada recientemente, “en la cual destacó que la reforma del Código Penal busca trasladar los efectos punitivos de la ley mordaza hacia la prensa escrita y hacia todo aquel ciudadano que opine y disienta del credo de la revolución”.