| En
Brasil y Guatemala
Violento
cierre de radios comunitarias en el continente
Grupos
de organizaciones civiles de Brasil y Guatemala mostraron su rechazo al
cierre de varias emisoras no comerciales.
En el país sudamericano, cinco estaciones ubicadas en la región
metropolitana de Río de Janeiro, sufrieron el violento accionar
de la policía local e integrantes de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones
(ANATEL).
En Guatemala, el Consejo Guatemalteco de Comunicación Comunitaria
(CGCC), que agrupa este tipo de medios, denunció (mediante un comunicado)
la constante persecución de las autoridades y el incumplimiento
de los Acuerdos de Paz y los compromisos realizados ante el Estado por
parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Concretamente en los últimos días, varias frecuencias fueron
allanadas por fuerzas policiales, sus equipos decomisados y sus representantes
detenidos.
“Lo curioso, dijo el dirigente Marcelino Moscut, es que al mismo
tiempo que se clausuró una radio comunitaria asociada al CGCC en
Jalapa, se abrió otra, propiedad de un diputado del partido de
gobierno”.
Según Antonio Barrios, presidente del CGCC,” cuando el gobierno
persigue a estas radios, está violando la Constitución de
la República, así como los Acuerdos de Paz, los cuales obligan
al Estado a favorecer todo tipo de comunicación social”.
“El espectro radioeléctrico es patrimonio de toda la población,
lo mismo que el aire y los recursos hídricos y, por lo tanto, su
uso no puede ser restringido sólo a quienes tienen dinero para
pagar por ellos”.
La asignación de frecuencias radiales se hace por medio de subasta
y, en ocasiones, han llegado a cotizarse hasta en 30 o 40 mil dólares,
sumas inalcanzables para los grupos rurales.
En Guatemala existen más de 500 radios comunitarias, la mayoría
de las cuales transmiten en condiciones muy precarias, con equipos de
tecnología limitada y de baja potencia, cuyo alcance es de unos
pocos kilómetros a la redonda.
Hace casi un año, se realizó una audiencia en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos CIDH de la Organización de Estados
Americanos (OEA) y el Gobierno de Guatemala. Allí se reconoció
el trabajo que hacen las radios comunitarias en beneficio de las comunidades,
se comprometieron a incorporar a las radios comunitarias dentro del marco
legal del país.
El relator de libertad de expresión de la OEA, Eduardo Bertoni,
exigió al Gobierno de Guatemala incluir en el marco legal a los
medios mediante la modificación de la actual ley de telecomunicaciones
y así cumplir con los acuerdos internacionales ratificados por
el Estado.
En respuesta, el Gobierno instaló el 4 de julio de 2005 una mesa
de diálogo con varias organizaciones, con la presencia del relator
de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos
y Gustavo Gómez de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias
(AMARC).
Pero a través de un documento público, las estaciones comunitarias
plantearon que “la mesa de alto nivel no ha cumplido con los propósitos
para lo cual fue instalada”, “no se ha respetado el clima
de diálogo, ya que se ha continuado con los allanamientos”
y que “no ha hecho un estudio real del espectro radioeléctrico”,
entre otros.
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