UN ESTADO AUSENTE HACE PELIGRAR SU EXISTENCIA Y DESARROLLO

La situación que registra la radiodifusión en la Argentina, motiva a la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentina (ARPA), a formular esta declaración dirigida a al conjunto de la sociedad y más puntualmente a las autoridades y dirigencia nacional.

Pretende desde nuestra óptica, realizar un aporte en la búsqueda de una Política de Estado, que promueva y garantice un crecimiento democrático y ordenado de la radiodifusión.

Desde hace décadas, el Estado ha perdido el dominio del espectro radioeléctrico y ello ha llevado a la existencia de un verdadero caos en nuestra actividad.

Los organismos de aplicación nacionales estiman que existen operando en forma irregular, aproximadamente 4.000 estaciones de Modulación de Frecuencia (FM).

Esta masiva y anárquica apropiación de frecuencias, han dado origen a una caótica situación en el espectro de FM. En muchas ciudades del país la audiencia de las radios se ha vuelto prácticamente imposible por las interferencias que se producen.

Saturada la banda de FM, estamos en pleno proceso de apropiación indebida en las frecuencias de AM, Amplitud Modulada, la que ya reviste alarmantes características.

Con aproximadamente 150 estaciones de AM funcionando irregularmente, la Capital Federal y Gran Buenos Aires se han convertido en la zona del mundo más densamente poblada de estaciones de AM.

No existe país en el mundo que registre situaciones similares en AM y FM.

Por su alcance, la usurpación en AM tiene ya graves implicancias toda vez que esas emisoras, al igual que las FM fronterizas, cruzan fronteras e interfieren a estaciones de países limítrofes que operan en el marco de tratados internacionales y de acuerdos regionales firmados por Argentina, en los que se regula la distribución de frecuencias y de potencias y que nuestro país no se está cumpliendo.

En los últimos años y con distintos mecanismos el Estado Nacional ha regularizado una gran cantidad de frecuencias. Esta positiva incorporación de nuevos licenciatarios a los marcos jurídicos vigentes, producida en medio de una caótica situación, ha provocado singulares situaciones.

En el pasado, amparándose en concepciones irrestrictas acerca de la libertad de informar y la vigencia de los derechos humanos en la democracia, muchos de los actuales licenciatarios usurparon frecuencias e instalaron emisoras.

Esos mismos actores, hoy como titulares de licencias otorgadas por el COMFER, intentan hacer valer sus legítimos derechos y realizan presentaciones en razón de los graves perjuicios e interferencias que están produciendo en sus emisiones otros actores, que con los mismos argumentos usados por ellos en el pasado, emiten ilegalmente amparándose en pretendidos derechos inalienables del hombre.

Hoy la actividad radial y el éter se han convertido en una verdadera jungla.

ARPA se niega a aceptar, que en beneficio de quienes incumplen la ley, ésta sea la condición de trabajo y operación permanente a la cual deban estar sometidos nuestros medios de comunicación.

Existe un Estado que tiene como función, obligación y justificación, hacer cumplir las normas dictadas para hacer realidad el contrato social que nos une y contiene como sociedad organizada.

En el actual estado y estadio democrático de la vida nacional nada justifica el incumplimiento y la rebeldía frente a la ley.

Violar las normas y ampararse para ello en elevados ideales, es ideologizar el tema para justificar una trampa institucional.

Han transcurrido ya 22 años desde la restauración de la democracia y todo lo señalado se produce estando vigente una ley de radiodifusión, que originariamente fue sancionada por el gobierno militar en 1980 y a la cual el Parlamento Nacional le introdujo importantes reformas, una de ellas en 1989 y otra más reciente en septiembre de 2005.

En estas dos décadas, se ha anunciado y prometido reiteradamente una nueva ley de radiodifusión. El país ha tenido durante este período, administraciones de los más distintos signos políticos y no obstante ello hasta el momento las instituciones del Estado Democrático no han logrado producir un nuevo ordenamiento legal para la radiodifusión.

El origen de la norma ha sido motivo de frecuentes impugnaciones y justificación de procedimientos usurpatorios de frecuencias.

Llama la atención que este tipo de cuestionamientos, acompañado por el práctico abandono de parte del Estado de sus deberes y obligaciones como poder concedente, no se halla registrado también en otras actividades, de interés o de servicio público, que están regidas por leyes dictadas en el mismo periodo militar.

Todos estos componentes, han llevado a la caótica situación actual, propia de un país sin normas, la que de continuar así, hará que a muy breve plazo el desorden radial sea total y en muchas ciudades del país y para grave perjuicio del oyente, sea prácticamente imposible escuchar radio.

En este caos, un sistema democrático de medios de comunicación será una verdadera ficción.

Ante la realidad, solo sobreviran y se impondrán aquellos que puedan adquirir los equipos más potentes y tengan una impunidad asegurada para operarlos.

Hoy la radio, juntamente con los canales de televisión abiertos, son los dos únicos medios de comunicación de emisión libre y de recepción gratuita que subsisten en el país. La radio a su vez, es el único que cubre la totalidad del territorio nacional.

La situación que denunciamos pone en peligro el funcionamiento del principal sistema de comunicación de emisión libre y recepción gratuita que tienen hoy los argentinos y está causando en las radios y en su personal enormes perjuicios toda vez la actividad esta sometida a una anárquica y desleal competencia que termina bastardeando y deprimiendo el mercado publicitario, único sustento de nuestras empresas; produce interferencias que en muchos casos bloquean la llegada de las emisoras a sus audiencias y crea una incapacidad real de planificar el desarrollo ordenado de nuestras empresas. Esta situación es particularmente grave cuando estamos frente al desafío de acometer innovaciones tecnológicas tales como la radiodifusión digital.

En el contexto de esta lamentable realidad, las centenares de pequeñas y medianas empresas nacionales, que ocupan legalmente a miles de trabajadores y que a lo largo de todo el país son una real garantía para la comunicación y la libre expresión de las comunidades a las que sirven, son las principales perjudicadas.

En el marco de esta realidad ARPA hace un llamado a las autoridades y a la dirigencia nacional para que el problema de la radiodifusión se trate seriamente y sea motivo de una decisión política de Estado que ponga en funcionamiento real a organismos que desde hace años, objetivamente, no están cumpliendo con sus obligaciones derivadas de su condición de autoridad de aplicación.

No pedimos una decisión política de Estado para cerrar la radiodifusión a unos pocos licenciatarios.

Reclamamos una Política de Estado que apostando al crecimiento y a la competencia, en el marco del Plan Técnico Nacional incorpore a la actividad a nuevos titulares de licencias que cubran las frecuencias que puedan tener cabida en el dial.

Lo anteriormente afirmado merece una consideración puntual para no caer en planteos irresponsables.

La capacidad de espectro radioeléctrico, no es infinita y ello significa que indefectiblemente en ciertas localizaciones, el dial no tendrá lugar para todos los que quieran acceder a una licencia.

En consecuencia, debe quedar claramente señalado, frente a esa o cualquier otra situación que se plantee, que será el Estado de acuerdo a los mecanismos que establece la ley, el que deberá decidir quienes serán los titulares de las licencias.

Muchos quisieran ser diputados o profesores universitarios, pero eso no es posible y ello no representa una vulneración del derecho a ser elegidos. Solo sucede que ante un número limitado de plazas, las normas establecen los mecanismos de selección.

La reciente reforma del artículo 45 de la ley de radiodifusión ha permitido superar los reclamos de exclusión que se planteaban.

Con su nueva redacción la ley de radiodifusión permite la adjudicación de licencias a empresas, personas, entidades sin fines de lucro (fundaciones; asociaciones civiles; universidades; cooperativas; iglesias; ONG; etc.). Ello ha abierto el abanico de potenciales postulantes a los llamados a concurso y a otros mecanismos a los que podrá apelar el Poder Ejecutivo Nacional para adjudicar las futuras licencias.

Con la ley reformada y hoy en plena vigencia, el Poder Ejecutivo Nacional tiene las herramientas necesarias para la adopción de las decisiones que en materia de radiodifusión, estime más convenientes.

Según la categoría de las emisoras, concursos, adjudicaciones a demanda, concurso abierto y permanente, normalización si correspondiera, son algunos de los mecanismos a los que el Estado puede apelar para superar la situación creada.

También y como lo ha hecho en reiteradas oportunidades, el PEN tiene incluso la facultad de adjudicar directamente licencias si así lo considera necesario.

Lo que no puede continuar, es la ausencia del Estado como autoridad concreta, efectiva y responsable en materia de radiodifusión; el incumplimiento de compromisos internacionales; el perjuicio para los medios de comunicación radial, sus trabajadores y sus oyentes, todos los cuales están siendo sitiados por aquellos que haciendo de la usurpación una práctica, se arrogan facultades que no pueden ser delegadas ni abandonadas por los organismos e instituciones responsables de su administración y cuidado.

La legitimidad democrática actual de los integrantes de los poderes del Estado y los cambios introducidos recientemente en la ley de radiodifusión, han terminado por descalificar totalmente argumentaciones que durante años algunos sectores han utilizado para desconocer y rechazar la legitimidad y el ejercicio de la autoridad por parte de los órganos del Estado.

En consecuencia no quedan en pie actualmente ninguna de las pretendidas argumentaciones con las que se justificaba, con cierta complicidad política, judicial e institucional, el no cumplimiento del orden legal establecido y vigente después de 23 años de Estado de Derecho.

En estas condiciones, no actuar dentro de la Constitución, la ley y la legitimidad del Estado Democrático, representará por parte de los organismos gubernamentales competentes y sus funcionarios responsables, un grave e injustificado abandono de obligaciones que le son propias e indelegables y paralelamente un reconocimiento a quienes, por encima de las instituciones y sus normas, se atribuyen supuestos derechos que desconocen el orden constitucional vigente.

Por todas las razones expuestas y reiterando su compromiso con el desarrollo de la actividad radial y en defensa del único medio de comunicación social, de emisión libre y recepción gratuita que cubre todo el país, ARPA formula esta declaración reclamando decisiones que al máximo nivel político nacional, definan cual será la futura Política de Estado que se implementará en radiodifusión.

Paralelamente y como elemental garantía para cualquier persona o actividad que se desenvuelve en una sociedad organizada, exigimos comiencen a funcionar de inmediato el conjunto de las instituciones del Estado que tienen autoridad o jurisdicción en la materia.