La
situacion del espectro
Reuniones
en Senadores por emisoras sin licencias
En
algo están todos de acuerdo: la situación del espectro es
un “caos”. Por eso, durante el último mes se incrementaron
las visitas a Senadores para reclamar el ordenamiento definitivo de la
radiodifusión.
La Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) emitió
varios comunicados denunciando la realidad que hoy viven las radios del
país.
”Los organismos de aplicación nacionales estiman que existen
operando en forma irregular, aproximadamente 4.000 estaciones de Modulación
de Frecuencia (FM)”, sostuvo la entidad.
El presidente de ARPA Héctor Castro y los integrantes de la mesa
ejecutiva Alberto Veiga, Carlos Rago y Edmundo Rébora asistieron
a la comisión de Comunicaciones, y expresaron “desde hace
décadas el Estado ha perdido el dominio del espectro radioeléctrico
y ello ha llevado a la existencia de un verdadero caos en nuestra actividad”.
Los representantes volvieron a insistir en la necesidad de sancionar una
nueva ley de radiodifusión que contemple no solo el presente sino
también el futuro del medio (por ejemplo en relación a la
radio digital).
Días después, el interventor del COMFER, Julio Bárbaro,
sostuvo en que mejor que trabajar en una norma integral es avanzar “por
pedazos” y propuso acordar un proceso para que en 6 u 8 meses las
radios que no están regularizadas sean legalizadas. Pero agregó
que luego “el Estado castigue duramente a los que están ilegales”.
El funcionario precisó que hay “catorce áreas de conflicto”
en el país en materia radiofónica e indicó que sólo
entre Capital y Gran Buenos Aires hay un centenar de radios de baja frecuencia
ilegales cuando los ingenieros del COMFER dicen que el espectro tiene
espacio para nueve.
“Queremos definir el espectro con los que ocupan ese espacio”,
insistió el titular del COMFER.
En cuanto al castigo para los infractores a la ley, Bárbaro indicó
que “no todos las penalidades tienen que pasar por el Código
Penal”, con lo que apoyó una propuesta del senador Jorge
Capitanich (PJ) para que las sanciones consistan en multas y embargos
preventivos.
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