| Tambien
se reclama canal de TV nacional
Iniciativa
por una ley de Radiodifusión Comunitaria en Uruguay
Varias
organizaciones sociales uruguayas impulsan el reconocimiento de una tercera
forma de radiodifusión, comunitaria.
A principios de mayo fue la central obrera, PIT-CNT, quien sumó
su apoyo a la aprobación de un proyecto de Ley de Radiodifusión
Comunitaria que comenzará a ser tratado en la Cámara de
Representantes de ese país. La ocasión la brindó
el acto de conmemoración del día de los Trabajadores celebrado
en Montevideo y el interlocutor fue el dirigente Jorge Bermúdez,
quien leyó una proclama.
Así solicitaron “la concesión de una onda para montar
un canal de televisión abierta y de alcance nacional” para
ayudar y desarrollar con este medio la capacidad de la sociedad civil
organizada a ejercer plenamente sus derechos. Será “un proyecto
amplio, abarcativo, con los trabajadores, los cooperativistas, los estudiantes,
los jubilados y con un fuerte compromiso de nuestra Universidad de la
República”, agregó.
El texto incluyó también la ratificación del planteo
que junto a la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y otras organizaciones
sociales realizaran al Poder Ejecutivo y la Unidad Reguladora de Servicios
de Telecomunicaciones (URSEC) para que se “revoquen los permisos
administrados por la familia Rupenián y sociedades comerciales
conexas que formen un grupo económico ligado a éstos”,
señalando que sería “el comienzo del fin de la impunidad
que reinó en este país en el uso y abuso del espectro radioeléctrico”.
Para la central sindical “el reciente procesamiento por parte de
la justicia penal de los hermanos (Berch y Aram) Rupenián por defraudación
tributaria por 12 millones de dólares, indica que existen semiplena
prueba de que ambos incurrieron en esa figura, a través de varias
frecuencias de radios AM y FM, otorgadas por el Estado para su correcta
administración”.
El PIT-CNT también hizo suyos otros planteos de una de sus gremiales,
la APU (Asociación de la Prensa Uruguay), como ser el fortalecimiento
de los medios estatales, el impulso de una “nueva Ley de Radiodifusión
y normas claras para la entrega de frecuencias”, así como
la “eliminación de los delitos de comunicación (difamación
e injurias, desacato, entre otros) y el libre acceso a los documentos
públicos y archivo nacional”.
Por su parte, el subsecretario de Educación y Cultura, Felipe Michelini,
afirmó que su cartera comparte la idea de reformar la Ley de Prensa
(Nº 16.099) y avanzar en la despenalización de los delitos
allí previstos.
“Estamos dispuestos a trabajar con todos para la modificación
o perfeccionamiento de estas normas”, dijo en el Coloquio sobre
Delitos de Prensa y Libertad de Expresión organizado por el Grupo
Medios y Sociedad –con el apoyo de la embajada Británica,
la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y APU.
Las posiciones expresadas abarcaron un abanico de posibilidades que variaron
desde la convicción de que no es preciso modificar la actual ley
de prensa –aunque sí tal vez el artículo 336 del Código
Penal—, hasta planteos de hacer otra ley completamente diferente,
escueta y con apenas algún principio de carácter general
o, directamente, no tener ley alguna que regule este tema, según
informó la Asociación Mundial de radios Comunitarias (AMARC).
El Coloquio sirvió como punto de partida para el inicio, este año,
del proceso de debate y análisis de la despenalización de
los delitos de prensa, tema conversado ya por APU con el presidente de
la República, quien también asumió el compromiso
de estudiarlo.
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información: www.forocom.org.uy
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