Iniciativa de la ADC

Presentan documento sobre regulación de la publicidad oficial

Durante una mesa redonda, organizada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), diversas personalidades y especialistas en periodismo y legislación debatieron sobre la publicidad oficial y la libertad de expresión. Además se presentó el documento “Principios Básicos para la Regulación de la Publicidad Oficial”, elaborado por la ADC.
El texto establece una serie de principios sobre los cuales debería basarse una regulación de la pauta del Estado que garantice la transparencia, evite la sospecha de favoritismos políticos y permita el control de los fondos públicos destinados a publicidad.
Los panelistas destacaron la conexión entre la pauta oficial, la libertad de expresión y la calidad de la democracia.
“La libertad de expresión es una precondición de cualquier sistema democrático”, manifestó Gil Lavedra, ex ministro de Justicia de la Nación.
Por su parte, Guillermo Mastrini, director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires resaltó la importancia de que la sociedad civil se involucre en el tratamiento de temas de comunicación y de medios. Destacó que “es necesario cierto tipo de regulación y no toda regulación implica un carácter autoritario de la misma”.
“Así como pedimos al gobierno que diga cómo gasta el dinero, también los medios deben decir cuáles son sus intereses económicos”, agregó.
Ya que ello también afecta la libertad de expresión. “Un medio que está en crisis es más permeable a la presión”, agregó.
Los participantes reconocieron que seguramente habrá que recorrer un camino muy largo hasta lograr leyes que regulen la publicidad oficial en la Argentina.

Más información: www.adc.org.ar

Vinculaciones con el narcotrafico

Amenazan a periodistas en Salta por denunciar a un diputado como autor de un asesinato

Los directores Néstor Gauna y Sergio Poma, de Nuevo Diario y FM Noticias y cinco profesionales de esos medios salteños denunciaron que recibieron amenazas por vincular el crimen de una productora rural, Liliana Ledesma, con un ex diputado oficialista y el narcotráfico que opera en la región.
La advertencia fue: “Acaben con todo el tema. Ya renunció el gordo (el ex diputado justicialista Ernesto Aparicio del Departamento San Martín). No jodan más”.
El primer mensaje lo recibió FM Noticias el 1° de noviembre y alcanzó a Poma, a sus hijos Patricia, Paula y Agustín, y a Marta César. También al juez federal de Salta N°1, Abel Cornejo, y a los abogados Daniel Tort y Pedro García Castiella. A todos se les otorgó una custodia domiciliaria.
El 17 llegó un segunda amenaza vía e-mail en la que además incluyeron a Gauna y a Elena Corvalán, de Nuevo Diario. En la sede del matutino los periodistas ya contaban con una guardia de la Policía Federal, pero ante este nuevo amedrentamiento se requirió vigilancia domiciliaria.
Gauna confesó a La Nación estar muy preocupado y a través de una carta abierta en el diario que dirige, responsabilizó al gobernador Juan Carlos Romero por lo que pudiera pasar. Ese mismo día se designaron policías provinciales para custodiar la sedes del diario y los domicilios particulares de los periodistas.