Reunion en el Comfer

Los radiodifusores aseguran que se presentaron declaraciones juradas falsas

Representantes de varias asociaciones de radiodifusión del país volvieron a reunirse con Julio Bárbaro e Ignacio Martín Cingolani, interventor y director Nacional de Planeamiento y Desarrollo –respectivamente- del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER).
Allí plantearon sus opiniones y reparos sobre la primera parte del Plan de Normalización del espectro, en áreas –hasta ahora- no conflictivas.
La principal preocupación de los delegados es el “falseo de declaraciones juradas”. Según la conversación mantenida con los funcionarios, el anexo V de la Resolución 1366/06 dio lugar a la presentación de estos papeles por parte de personas que no ocupan frecuencias, pero que sin embargo aseguraron tenerla.
Por eso reclamaron que los permisos fueran entregados atendiendo a los PPP.
Los radiodifusores presentaron un documento, a través del cual manifestaron su “apoyo a la normalización por etapas, acordada oportunamente entre las asociaciones y el Comfer”. Asimismo resolvieron “reclamar el listado real de las localizaciones existentes en todo el país que son parte de la presente normalización; el blanqueo de la lista de los PPP, Resolución 753 vigentes y las transferencias iniciadas al cierre de las presentaciones, según cronograma vigente de la presente normalización; el listado de las presentaciones a todas las convocatorias de la presente normalización y cumplir con los decomisos planteados en el acuerdo una vez finalizadas las presentaciones según cronograma vigente”.
El texto fue firmado por Héctor Ricardo Huarte (Asociación Patagónica de Radiodifusores –FM); Amilcar Ramírez, (Buenos Aires Independiente); Marcelino Amaya (Asociación de Córdoba); Abel Robra, (Asociación Tucumana de Empresarios Radiodifusores en FM –ATERFM-); Francisco Saforcada (Chaco) y Jorge Paravano y Rubén Althaus (Asociación Santafesina de Empresarios Radiodifusores en FM -ASERFM-).
Por su parte, el interventor prometió que atendería primero a quienes tienen efectivamente un lugar en el dial y reconoció que existen licencias que se otorgaron “desde arriba”. El comentario fue en respuesta a la queja de algunos representantes por el otorgamiento de varios permisos al Grupo Prisa –algo que el organismo de control había prometido no hacer hasta tanto se regularizara la situación-.
Los asistentes solicitaron la publicación del listado de las estaciones y nombres que exhibieron declaraciones juradas para el control y –de ser necesario- reclamo de los demás radiodifusores.
El mismo día del encuentro en la institución oficial, pero durante una reunión interna, los delegados de los medios habían denunciado “un negocio de las consultoras”, que aprovecharon la Resolución 1366 para hacer firmar declaraciones juradas a personas que sin frecuencias aprovecharon y reclamaron un lugar en el espectro.
En este sentido habían planteado la necesidad de “hacer una denuncia penal”.
En esa mañana también habían hablado de “frenar” el otorgamiento de nuevos permisos y “pedir un cupo de 1500 autorizaciones para los asociados”.

Se sumo a otros organismos internacionales como la SIP y la CIDH

La OEA también criticó la regulación de la publicidad oficial en el país

"Tomando en cuenta las denuncias sobre asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial en el país, la relatoría especial considera importante que se pueda avanzar en la consideración de proyectos de ley pendientes en el congreso nacional que procuran regular la asignación de publicidad oficial”.
El párrafo pertenece a la evaluación sobre la libertad de expresión en el cuarto trimestre de 2006 en la Argentina realizada por la relatoría de la OEA.
Así la institución internacional comparte el diagnóstico de otras entidades como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) –con quien el Gobierno sostuvo una fuerte polémica- y la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-.
La OEA agregó también que “preocupa que durante el trimestre bajo estudio se habrían levantado del aire programas radiales por alegadas presiones de funcionarios públicos.”
El año pasado, la Asociación para los Derechos Civiles (ADC) publicó el documento “Principios básicos para la regulación de la publicidad oficial”, y lo presentó ante la comisión de libertad de expresión de la Cámara de Diputados.
En diciembre de 2005, la ADC -en conjunto con la iniciativa pro justicia de la sociedad abierta-, publicó un estudio realizado en cuatro provincias y el Estado nacional que reveló abusos sistemáticos por parte de funcionarios gubernamentales.
La asociación considera que “darle un marco legal adecuado a la asignación y contratación de la pauta oficial es un paso imprescindible para aumentar la transparencia, reducir la discrecionalidad, evitar sospechas de favoritismos políticos y permitir el control de los fondos públicos destinados a publicidad”.
En la primera entrevista que el secretario de Medios de la Nación Enrique Albistur otorgó a un medio –el diario La Nación- desde que ocupa su cargo sostuvo: “En la comunicación oficial repartimos con criterios propios, y eso tiene que ver con decisiones políticas, con criterios que tienen una lógica en la pauta publicitaria”.
Más adelante y refiriéndose específicamente a la Editorial Perfil dijo que “pertenece a un periodismo amarillo, sensacionalista con rasgos de extorsión”.
Finalmente, atribuyó las críticas de la SIP y la CIDH a “una acción de la oposición” y apuntó contra la diputada del ARI, “Lilita” Carrió. Y agregó: “La SIP tiene una ideología. Y una campaña muy clara para hacer aparecer este gobierno como si fuera el de (Hugo) Chávez”.