Documento de la FEPALC

38 periodistas latinoamericanos fueron asesinados durante el 2006

El presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), Manuel Méndez, advirtió sobre la grave inseguridad por la que atraviesan los periodistas en la región para el ejercicio de la profesión, cuyo máximo ejemplo es el asesinato de 38 periodistas durante el 2006.
A esa cifra se suman los casos de desaparecidos y los muertos por cobertura en catástrofes.
Méndez dijo que “la cifra es lamentable y escalofriante”.
De acuerdo al estudio, el país más peligroso de toda la región fue México, donde fueron asesinados nueve trabajadores y otros cuatro están desaparecidos. Le sigue Colombia, con seis asesinados, Guayana con otros seis y Ecuador con cuatro. En Venezuela, República Dominicana y Brasil murieron tres, en Guatemala dos y en Argentina, El Salvador, Honduras y Uruguay, uno.
La FEPALC pidió una reunión con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Cantón, para que promueva una resolución similar.
Por último Méndez anunció que la FEPALC promoverá la organización en cada país de reuniones entre el Gobierno, los empresarios y los periodistas para afrontar la situación de inseguridad que viven los informadores en muchos países de la región.
“Es responsabilidad de los gobiernos mantener la democracia y si no se respeta y se cuida la libertad de expresión, de qué democracia estamos hablando”, cuestionó Méndez.

Republica Dominicana

Agresiones y amenazas de muerte a tres reporteros

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de República Dominicana denunció la agresión y amenazas de muerte a tres periodistas: Manuel Carrasco, Yoel de los Santos y Manuel Antonio Vega.
Carrasco fue emboscado en la comunidad de Hierba Buena, cerca de Hato Mayor, por el ex sargento de la Policía Nacional, Rafael Bolívar Sosa Mota, y otra persona que le atravesó un vehículo a la motocicleta en que transitaba, apuntándole con una pistola, mientras que el ex policía le daba planazos en la espalda con un machete, al tiempo que lo amenazaba con cortarle la cabeza si denunciaba la agresión ante los medios, según denunciaron medios locales.
Carrasco produce el programa “Meridiano”, por el canal 16; además, es reportero de Radio Dial y del programa “Atacando”, por donde difundió imágenes del ex policía golpeando a un presunto delincuente, en una calle de Hato Mayor.
El ex policía también amenazó de muerte a Yoel de los Santos, trabajador del mismo canal que grabó las imágenes y la difundió por su programa y por el de otros periodistas de la provincia. Por su parte, Manuel Antonio Vega, del Canal 10, recibió telefónicamente numerosas amenazas diciéndole que lo quemarían vivo.

En Mexico

Piden al Senado que elimine del Código Penal la figura de los delitos de difamación y calumnia

Desde hace 9 meses los comunicadores de México esperan la aprobación del Senado de la iniciativa que traslada la difamación y calumnia al ámbito civil.
El proyecto recibió -por unanimidad- el visto bueno de la Cámara de Diputados en abril de 2006, pero se encuentra detenido en la cámara Alta por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), según publicó El Universal de México.
El director general de ese diario, Juan Francisco Ealy Ortiz, fue uno de los comunicadores que reclamó el cambio y sostuvo “que los delitos de difamación y calumnia restringen la libertad de expresión y son utilizados para acusar a periodistas como forma de intimidación. Los alcances de la despenalización de estos delitos tienen que ver con la seguridad de los periodistas”.
La reforma cobra un gran valor, toda vez que “en amplias regiones del país el oficio periodístico supone una actividad de alto riesgo”, subrayó Ortiz.
Y agregó que de esa manera “se lesiona a los periodistas y se coarta a la sociedad su derecho a saber”.
El senador Carlos Sotelo, que preside la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, señaló al presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro González Alcocer, como el autor de un dictamen “cachirul” en el que se da marcha atrás con el proyecto por considerar que “no es de ninguna manera conveniente que el Estado claudique en proteger los legítimos intereses de los individuos”, y deje sin posibilidades de defender su honra y reputación a quien lo considere necesario. E incluso endurece las sanciones para las mismas por la vía civil.
E insistió en la necesidad de “evitar que se repitan casos como el de Lydia Cacho, quien debió enfrentar un proceso penal por presunta difamación en contra del empresario Kamel Nacif, o la demanda civil, por supuesto daño moral, interpuesta por la entonces esposa del presidente Vicente Fox en contra de la empresa editora de la revista Proceso”.