En España

Condenan a la productora de “Gran Hermano” por utilizar ilegalmente datos de los participantes

El Tribunal Supremo español confirmó la sanción de 1,08 millones de euros a Zeppelin Televisión S.A, productora del programa Gran Hermano, impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos por el tratamiento dado a la información de carácter personal de unos 7 mil candidatos a participar en el espacio de televisión emitido por Telecinco, según informó el diario El País.
La sentencia señala que la productora recabó información relativa a gustos, ideología, creencias religiosas, raza, salud o vida sexual sin que existiera consentimiento de los candidatos para que estos datos se trataran informáticamente. Además, cedió los ficheros sin la debida seguridad a personas con las que no le unía ningún lazo contractual.
El tribunal rechaza todas las alegaciones presentadas por Zeppelin Televisión contra la sanción, entre ellas las manifestaciones públicas realizadas por el director de la Agencia de Protección de Datos, institución que presentó la demanda contra la productora, sobre el expediente sancionador de forma previa a la sentencia. La recurrente consideraba que con estas declaraciones en las que se informaba sobre la investigación de los hechos y las posibles sanciones, quedaba vulnerado su derecho a un juez imparcial. No obstante, el alto tribunal entiende, según la sentencia, que el Director no valoró, ni calificó, ni enjuició el procedimiento por lo que sus palabras carecieron de efectos respecto a la situación jurídica de la productora.
La productora alegaba también que encargó la recogida de datos a una empresa, Atento Telecomunicaciones España, con la que firmó el correspondiente contrato y que, en su opinión, debería ser la única responsable de la recogida y tratamiento de los datos. La sentencia recuerda que en el contrato Atento no asumía ninguna obligación derivada de la legislación de protección de datos ni Zeppelin la exigía. Además, destaca que la productora era la beneficiaria del fichero y quien decidió la finalidad, contenido y uso del tratamiento por lo que no puede eludir la responsabilidad.
La productora atribuía el tratamiento a otra empresa con la que firmó contrato, el gabinete de psicólogos García Huete & Cuadrado, y destacaba que los datos sensibles (referentes a religión, raza o sexo) se trataron de forma automatizada. El alto tribunal pone de manifiesto en su fallo que también es necesario para el resto de datos el consentimiento de la persona que los proporciona, sin que pueda entenderse que éste se ha dado al ofrecer los titulares la información de forma voluntaria.
“Resulta incongruente hablar de un consentimiento tácito cuando ni siquiera se ha producido la necesaria información a los titulares sobre la existencia del fichero”, resaltó la sentencia.

La operacion es del 2004

La justicia argentina frenó el traspaso de Radio Continental al grupo PRISA

El Grupo Prisa, de capital español, no podrá explotar la licencia de Radio Continental en Argentina, que adquirió hace ya tres años debido a la ratificación de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonio Culturales.
La Justicia confirmó una medida cautelar que impide el traspaso de la licencia al grupo Prisa, principal conglomerado de medios de ese país, dueño de la Editorial Santillana, el diario El País, y la cadena SER.
Según Clarín, La Cámara ratificó el fallo de primera instancia que ordenó al Estado “que se abstenga de autorizar o realizar cualquier acto que implique admitir la transferencia de la licencia correspondiente a LS4 Radio Continental”.
La compra de Continental por parte de Prisa tuvo lugar en 2004 dentro de la estrategia de adquirir medios en varios países de América Latina. En diciembre de ese año, Radio y Televisión Trenque Lauquen impugnó la operación por considerarse afectada, al sostener “que la misma violaba la ley de radiodifusión y de bienes culturales y que la llegada de Continental entrañaba una competencia desleal”.
De acuerdo al reclamo, la Cámara consideró que las subsidiarias que Prisa presentó ante los organismos locales, “se encontrarían bajo el control real y efectivo de un grupo empresario de nacionalidad española”, lo que iría contra las leyes de Radiodifusión y Bienes Culturales, que establece que los medios de Comunicación deben pertenecer de forma prioritaria a empresas nacionales, limitando la participación extranjeras al 30% del capital.
En diciembre de 2004, Radio y Televisión Trenque Lauquen impugnó la operación – que consistió en comprar la participación de Telefónica, también española, por ocho millones de euros-, bajo el argumento de que ésta violaba la Ley y que situaba a su eventual competidor en una situación privilegiada por sus mayores posibilidades de inversión, poniendo en riesgo su supervivencia en varios puntos en los que compite con Continental.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo federal confirmó el fallo en primera instancia que pedía al Estado que se abstuviera de autorizar o de admitir la transferencia de la licencia de la Radio.
El precio del euro frente al valor inferior del peso argentino y la mayor capacidad adquisitiva y de inversión del grupo, muestran una clara descompensación entre los diferentes competidores.
Radio Continental es uno se las emisoras con más audiencia en el país.

Radio de Rio Gallegos

Clausuran FM que reflejaba el conflicto docente en Santa Cruz

Es una muestra más de intolerancia de parte del gobierno, aún cuando se hayan esgrimido razones legales”, dijo Ernesto Velázquez, secretario de Prensa del Gremio de Docentes Santacruceños (Adosac).
La opinión llegó en respuesta a la clausura por parte del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) de la radio FM de Río Gallegos, una de las pocas que brindaba espacio al conflicto docente.
La acción se suma a los cortes e interferencias que sufrían las señales de cable y las radios, cada vez que desde un medio nacional se emitía información que pudiera dañar al gobierno.
La posición del gobierno provincial frente al paro docente fue una vez más expresada por el ministro Daniel Varizat.
El funcionario argumentó que él mismo tiene un haber básico similar al de los docentes provinciales y acusó a estos de “querer avanzar solos” en una reestructuración salarial, aunque afirmó que el conflicto “va a resolverse”.
Varizat admitió que los salarios básicos que se cobran “son bajos” y atribuyó esa situación a “20 años de crisis tras crisis”.
Los maestros reclaman un aumento de su salario básico de 161 a 1040 pesos y el paso de sumas no remunerativas al sueldo.