--R&TA | POLITICA DE RADIODIFUSION
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Preocupacion entre las autoridades

Los americanos no están lo suficientemente informados sobre el apagón analógico

La mayoría de los hogares estadounidenses son ignorantes con respecto al próximo apagón analógico en el país, que se producirá el 18 de febrero del 2009, en todo el país, según informó Sateliteinfos.com
Un estudio reciente demostró que sólo el 10 por ciento de los usuarios conocen la fecha del apagón
En este sentido, el Gobierno americano ya desvió 1,5 billones de dólares para ayudar a la compra de receptores digitales por parte de los usuarios y destinó 7 millones para educar a la población sobre este paso tecnológico. Sin embargo, esta cifra es menor a los 400 millones invertidos por su par británico.
Tanto republicanos como demócratas expresaron una gran preocupación por la gran cantidad de información que el público todavía necesita al respecto. El miedo general es que los ciudadanos estadounidenses que no hablan inglés, así como los ancianos y los pobres, nunca serán conscientes de estas campañas públicas que informan que los televisores antiguos no funcionarán sin receptores digitales, una vez efectuado el cambio.

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Seminario sobre las ventajas de la norma nipona

Promueven el estándar ISDB en Venezuela

Representantes de la norma de Tv digital japonesa, ISDB, estuvieron en Venezuela para promover la elección de esta tecnología en el país. Esto ocurrió justo en el comienzo de la segunda fase de las pruebas que llevará a cabo Conatel para decidir cuál será el camino que escogerá el país, según informó elUniversal.com.
El seminario contó con la presencia de Hideo Fuseda, director de tecnología para la radiodifusión digital del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón, de representantes del Grupo de Expertos de Radiodifusión Digital, DiBEG, y de la Asociación de Industrias y Negocios Radioeléctricos, ARIB, además de técnicos de Canal de Tokio (Fuji Television Network) y de la fabricante Toshiba.
En dialogo con el medio venezolano Eijii Roppongi, representante para Suramérica de ARIB-DiBEG aseguró que “sería muy interesante que Venezuela intercambiara información con Brasil. Nosotros no estábamos exportando ningún standard. Ellos nos llamaron. Midieron las tres normas, en cuyo resultado ISDB-T fue el número uno y les resultaba el más adecuado para sus proyectos sociales”.
En referencia a un posible pedido por parte del Gobierno para que los decodificadores se fabriquen en el país indicó: “ese es un capítulo aparte que vamos a resolver juntos. Ojalá que el Gobierno no ponga ese punto como condición para poder aprobar alguna norma. Puede cometer un error grave”.

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En Brasil

Piden que se anulen las concesiones de varios diputados

El Ministerio Público Federal del Distrito Federal solicitó, el 23 de julio, la anulación de las concesiones de seis empresas de radio y TV de diputados y ex diputados federales, según informó el Observatorio de Derecho a la Comunicación de Brasil (www.direitoacomunicacao.org.br).
El motivo es haber usado su cargo como legisladores para favorecerse con renovaciones o nuevas concesiones. Estos diputados, socios, directores o titulares de esas empresas, participaron de las votaciones en que fueron analizados y aprobados estas concesiones, según una potestad que, de acuerdo a la legislación brasilera, tiene el Congreso.
El Ministerio Público Federal constató, entre enero de 2003 a diciembre de 2005 que varios parlamentarios utilizaron su cargo para “beneficiar, directa o indirectamente, intereses personales relativos a la renovación de la concesión de servicios de radiodifusión”.
La denuncia fue realizada por el Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo (Projor) quien aseguró que “51 de los 513 diputados en 2005 eran concesionarios directos de radio y TV”. Entre ellos, “al menos 20 eran miembros de la Comisión de Ciencia, Tecnología, Comunicación e Informática, responsable de analizar los pedidos”.
El Ministerio Público pidió la suspensión inmediata de las concesiones y, una vez comprobado el ilícito, su anulación definitiva. Además, las empresas podrían ser condenadas a pagar multas por “daño moral colectivo” y los diputados podrían ser procesados por falta de probidad.

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