Tiene como fin transparentar el proceso
Nueva metodología para la entrega de frecuencias de radiodifusión
El Gobierno de Uruguay anunció, en los primeros días de agosto, la puesta en marcha de un decreto que regula el proceso de otorgamiento de frecuencias de radiodifusión comercial analógica tras las denuncia de irregularidades y falta de transparencia en el procedimiento.
De este modo, se estableció la obligatoriedad del llamado público y la evaluación de las propuestas, la realización de consultas públicas y la creación de una comisión honoraria asesora independiente. Además, se priorizarán aquellos proyectos provenientes de personas físicas o jurídicas que no sean titulares de una frecuencia, que presten servicios a la comunidad, fomenten la producción cultural, creen más empleos o den espacios gratuitos a organizaciones sociales.
La nueva normativa impone un llamado abierto a todos los ciudadanos interesados, los cuales tendrán un plazo de 60 días para presentar sus propuestas. En caso de que haya más de un postulante que cumpla con los requisitos se habilitará un concurso público y se valorarán las propuestas de acuerdo a cinco criterios de evaluación. Estas opiniones serán tenidas en cuenta al definir el otorgamiento de la frecuencia, aunque no serán vinculantes. Se creará, además, una Comisión Honoraria Asesora Independiente que fiscalizará el llamado.
Por su parte, la Asociación Nacional de Broadcasters (Andebu) no comparte esta medida ya que entiende que estos criterios pueden limitar la diversidad de propuestas, pues se buscará incorporar siempre los aspectos dispuestos por el Gobierno.
Tampoco comparte que se limite el acceso a otra frecuencia a quien ya es titular de una onda y que se incluya en esta limitante a los titulares de televisión para abonados.
La asociación no considera que la adjudicación de licencias en Uruguay carezca de transparencia y sus miembros opinan que al criticar el proceso se confunde discrecionalidad con arbitrariedad.
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NICARAGUA: Debido a diferencias en el Parlamento
entre liberales y sandinistas
Frenan proyectos de ley que beneficiarían a los medios
Durante la asamblea anual de Farco (Foro de Radios Comunitarias) realizada los primeros días de julio en Río Tercero, Córdoba, ocho nuevas emisoras concretaron su incorporación a la organización.
Se trata de Radio Comunitaria Algorrobal de Las Heras, Mendoza, FM Libre de General Pico, La Pampa, FM Moreno de Moreno provincia de Buenos Aires, Radio Futura de La Plata, provincia de Buenos Aires, Radio El Libertador de Posadas, Misiones, FM La Milagrosa de la ciudad de Buenos Aires, FM Popular de la ciudad de Santa Fe, Radio Sin Dueño de Tupungato provincia de Mendoza.
Durante la jornada se debatió sobre la situación legal y sostenibilidad de las radios en Argentina. Ambos seminarios se realizaron en el marco del programa Ritmo Sur que se desarrolla en paralelo en 12 países de América Latina con el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).
En la primera jornada de actividades se concretó, además, un convenio sobre capacitación entre Farco y el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), representado por su coordinador General, Luis Lázaro, para promover la formación de radios indígenas, educativas, de organizaciones sociales y de frontera. Para ello, ambas organizaciones brindarán asesoramiento legal y técnico, aconsejarán sobre la articulación con la comunidad y con los distintos públicos.
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El proyecto de la nueva Ley de Radiodifusión continúa en las rutas
El proyecto de la nueva Ley de Radiodifusión continúa en las rutas
De Norte a Sur y de Este a Oeste, el debate por la nueva Ley de Radiodifusión continúa recorriendo
distintos escenarios de la República Argentina en busca de nuevas voces, ideas, y llevando su premisa
de democratización de los medios y de una inserción mayor de actores.
Desde que el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales se instaló en centro del debate, el titular del Comfer, Gabriel Mariotto junto a otros funcionarios del organismo y del Estado, no han dejado de recorrer Argentina para explicar, informar y compartir con los ciudadanos, de qué se trata esta nueva ley.
Esta nueva regulación es “la madre de todas las batallas”, ha manifestado Mariotto en repetidas oportunidades. Debido a esto, es que necesita el apoyo y consentimiento de una multiplicidad de actores que la avalen y la apoyen.
DE NORTE A SUR
En los albores de agosto Luis Lázaro y Gustavo Bulla, ambos funcionarios del Comfer, estuvieron presentes en Posadas, Misiones. En una charla-debate organizada por una Comisión Ad hoc integrada a la Asociación de Radiodifusores de Misiones, docentes y el delegado de Posadas del Comité Federal de Radiodifusión, Lázaro afirmó que “es prácticamente un objetivo común de casi todos los sectores políticos y sociales de la Argentina, la necesidad de contar con una ley que reemplace a la norma de la dictadura militar y, además, necesitamos también una herramienta para poder avanzar con las nuevas tecnologías y con el nuevo escenario digital que se aproxima”.
Además sostuvo que las mencionadas herramientas servirán para “democratizar, evitar la concentración monopólica, para que la palabra quede en manos en la mayor cantidad de sectores y enriquezca la vida política y democrática de todos los argentinos".
Jujuy fue otra de las provincias que ambos funcionarios del Comfer visitaron. Allí Bulla aseguró que “a cada región se la va a incorporar con algunos condimentos propios de la realidad regional, porque forma parte de la democracia reivindicar tradiciones culturales, lenguas, valores y demás”
Los viajes continuaron y con ellos el despliegue de ideas. Es así como llegaron hasta Río Grande, Tierra del Fuego. Allí Mariotto participó de un nuevo debate en donde informó sobre las medidas a adoptar con esta nueva legislación. Con respecto al otorgamiento de licencias radiales por parte del Estado, el funcionario se mostró conforme con otorgarlas de una “manera equitativa, racional y equilibrada”. Para completar, con respecto a la televisión dijo”se pretende que tanto el sector público, privado y del Estado puedan emitir de manera equitativa sus programaciones, y esto se repartiría en un 33 por ciento para cada uno”.
Y DE ESTE A OESTE
Buenos Aires también ha sido epicentro de estos debates. A mediados de agosto Mariotto encabezó una charla en la Asociación del Personal Aeronáutico, donde junto al embajador de la Cancillería, Oscar Laborde, ratificó los argumentos expuestos en reuniones y debates precedentes.
“Es necesario contar con una nueva Ley de Radiodifusión que permita a diversos sectores sociales llegar a acceder a diferentes frecuencias, para certificar que lo privado no comercial, es decir el Estado, y lo privado comercial, puedan tener la posibilidad de emitir su voz”, confirmó el titular del Comfer en aquella oportunidad.
El recorrido continuó en las provincias de Tucumán y La Pampa, en donde las ideas se volvieron a exponer y a discutir hasta conciliar con los ciudadanos y demás actores involucrados en el tema. La conclusión es común en todas las jornadas, el cambio es urgente, prioritario y posible.
En Tucumán el evento fue organizado por la diputada nacional Stella Maris Córdoba, miembro de la comisión de Libertad de Expresión quien expresó que en la provincia “los esfuerzos comunitarios de radios, productoras de televisión, esforzados medios de tirada reducida, son prueba de la voluntad inquebrantable de nuestro pueblo por ejercer su derecho a la comunicación".
Por su parte, funcionarios del Comfer, en esa oportunidad, otorgaron la urgencia de la sanción de la nueva ley a cuestiones tecnológicas ya que la ley vigente no las contempla. “Estamos en los umbrales del acceso a nuevas tecnologías muy definidas, como la digitalización”, precisaron desde el organismo.
En La Pampa los argumentos no fueron muy distintos a los formulados en otras partes del país. Del debate organizado en esta provincia participó Néstor Piccone, funcionario de la Secretaría de Medios de la Presidencia de la Nación y representante argentino en Telesur, quien expuso la posición del Estado. “El Gobierno hizo suyos los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática”, afirmó Piccone.
Estos 21 puntos intentan resumir todas las ideas y argumentos debatidos a lo largo y ancho de la Argentina y constituyen la esencia de la nueva ley que lucha por una sanción justa y urgente.
TODAS LAS VOCES, TODAS
Distintas cooperativas argentinas vienen batallando para que la nueva ley de Radiodifusión les permita brindar servicios de radiodifusión. Tal es el caso de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, La Pampa quien tiene especial interés en poder prestar el servicio de televisión por cable en esta capital.
La Iglesia también se sumo al debate. Los obispos de todo el país reunidos en Buenos Aires dieron su “apoyo” a la discusión de una nueva ley de radiodifusión.
“La Iglesia valora positivamente la intención de modificar la ley, pero espera que se respeten sus derechos adquiridos y el trabajo pastoral que lleva adelante en los medios”, sostuvo el vocero episcopal, Jorge Oesterheld.
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Es por considerar al espectro radioeléctrico un
recurso no renovable
Obligan a los radiodifusores a
compartir ganancias con el Estado
Tras la aprobación del proyecto de Constitución y su controversial artículo 408, surgió una polémica que enfrenta al gobierno Ecuatoriano con los gremios de radiodifusores y de canales de televisión. La nueva norma establece que las empresas que explotan recursos naturales no renovables deberán compartir sus ganancias con el Estado.
En la misma, se considera recursos naturales no renovables al petróleo, las minas, el agua y el espectro radioeléctrico. Uno de los mentores del artículo, Pedro de la Cruz, señaló que “es legítimo que el Estado participe en la ganancia de los medios de comunicación social porque es una forma de democratizarlos”.
Por su parte, los gremios de los radiodifusores y de los canales de la televisión consideran que la norma es absurda y que el espectro radioeléctrico no es un recurso no renovable.
La Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores (AER), Kleber Chica, opinó que “los asambleístas analizaron y votaron por ese artículo más allá de las cuatro de la madrugada y no se dieron cuenta, quizás, que esto es traído de los cabellos”.
De igual forma, Henry Llánez, miembro del directorio de la Asociación de Canales de Televisión Regionales y Locales, sostuvo que este tipo de canales no tiene grandes ganancias. “Los ingresos son para cubrir costos de producción. Por eso no se pueden renovar equipos o hacer inversiones millonarias en tecnología”.
El artículo plantea: “Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico”.
“El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota”, agrega.
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Lo anunciaron autoridades del Ministerio de
Comunicaciones
Nuevo estatuto de radiodifusión en Colombia
A partir de agosto, los colombianos cuentan con nuevas reglas en el mundo de la radiodifusión. Tras la aprobación del Decreto 2805 de 2008, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comunicaciones, dispuso un nuevo Estatuto de Radiodifusión Sonora que unifica y establece el régimen jurídico de radiodifusión en el país, constituyendo criterios para la clasificación de emisoras de interés público y el otorgamiento de radios móviles a las Fuerzas Armadas. También elimina la posibilidad de cancelación de las emisoras cuando se violan parámetros técnicos esenciales por primera vez.
El nuevo estatuto ofrece una clasificación de las radios de interés público. En ellas se contempla a las emisoras móviles orientadas a apoyar las actividades de las Fuerzas Armadas, a las radios territoriales dirigidas a las alcaldías, gobernaciones y cabildos indígenas; a las emisoras educativas asignadas, a colegios e instituciones del nivel técnico de carácter público y por último, a las radios educativas universitarias y a aquellas dedicadas a la atención y prevención de desastres.
"Luego de 13 años, Colombia tiene hoy un único estatuto de radio gracias a un trabajo concertado con el sector, lo que permite brindar mayor seguridad jurídica a los operadores y un mejor servicio al usuario," dijo la Ministra de Comunicaciones, Maria del Rosario Guerra.
Con respecto al régimen de sanciones, el estatuto derogó lo establecido en los decretos anteriores manteniendo la normatividad del Decreto Ley 1900 de 1990 el cual prevé la multa, suspensión o cancelación de la emisora bajo los siguientes criterios: gravedad de la falta, daño producido y la reincidencia del hecho.
En el nuevo decreto se establecen las condiciones y requisitos para la prestación del servicio de emisoras comerciales, comunitarias y de interés público e incluye, dentro de la clasificación de las emisoras según su tecnología, además de las Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada, a la radiodifusión digital y las nuevas tecnologías.
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En un marco de inclusión de las personas hipoacúsicas
Será obligatorio un sistema de subtítulos en la televisión abierta
Fue por disposición del Comfer
Mediante la resolución Nº 679 del Comfer, el titular del organismo, Gabriel Mariotto, dispuso que los licenciatarios de canales de televisión abierta deben brindar su programación incluyendo el sistema de subtítulos opcionales (Closed Caption System) permitiendo así el libre acceso a la información y la libre expresión de personas con discapacidad auditiva.
El sistema consiste en un subtitulado en el idioma nacional en donde se traduce toda la programación mediante un texto escondido y contiene, además, información sobre las expresiones, el contexto, estados de ánimo y música.
“El Comite Federal de Radiodifusión debe adoptar medidas tendientes a atender a las demandas de acceso a la oferta cultural de los medios audiovisuales a las personas con capacidades especiales, dado que dicho acceso reviste el carácter de Derecho Humano, reconocido por la legislación actualmente vigente en la República Argentina”, informa la resolución.
“El Closed Caption es un avance tecnológico de claro impacto social mediante el cual se traduce el contenido de un programa televisivo o de video. Incluye también la información sonora del contexto, las expresiones, estados de ánimo o música”, explica.
“El incumplimiento de la presente resolución agrega el escrito, será considerado falta grave en los términos de la ley 22.285”, agrega el escrito.
Desde 1999 los televisores cuentan con esta modalidad de subtitulado por lo que el Organismo dictaminó que la resolución entra en vigencia en un plazo de “90 días desde la fecha de su publicación para los programas grabados y para los en vivo, un año a partir de su publicación a partir de que se cumpla un año de su publicación.
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