La encuesta publicada por RTA en su número de noviembre no hizo sino confirmar lo que muchos pensaban: la imagen del Comité Federal de Radiodifusión está por los suelos y la deuda con sus administrados no hace más que intensificarse. La breve gestión de Ana Tezón, que se ocultó de la prensa hasta su renuncia en agosto, aumentó los rumores de corrupción en el organismo, que llegaron incluso a una denuncia concreta por parte de un operador santafesino. Cuando la situación se había vuelto insostenible, un "enroque" de Raúl Delgado envió a la tímida abogada al departamento legal de ATC, mientras el segundo de Delgado en la secretaría de Medios, José Aiello, ocupaba su sillón en el COMFER. Hasta ahora no menos retraído que su antecesora, Aiello está abocado a la confección de un decreto para normalizar –mientras la ley sigue parada- la situación de las FM sujetas a la 142 (su olfato supo detectar el que sería el reclamo más urgente de los radiodifusores en la encuesta de RTA). Para 1998, deberá enfrentar un nuevo problema: la drástica reducción del presupuesto del organismo -de 120 a 20 millones de pesos-, con el que deberá seguir cubriendo el déficit de las emisoras estatales (entre ellas ATC). Tal vez el tema más importante, aunque no sea urgente, sea el de la debida publicidad de todas las resoluciones y el accionar del COMFER, que hoy por hoy no tiene más control que el de la secretaría respectiva. Sólo así, con una legislación actualizada y los papeles a la vista de todos, podrá el organismo quedar libre de toda sospecha. Y los radiodifusores tendrán derecho, como cualquier ciudadano, a controlar los actos de gobierno.