Torneos compró Pramer;ahora el CEI va por Telefé

Varias operaciones simultáneas entre medios, producidas en los últimos días, dejaron claro que para los ejecutivos multimediáticos las vacaciones habían terminado. La recomposición de fuerzas entre los socios de Torneos y Competencias, y las compras efectuadas por esta productora y el Citicorp Equity Investment (CEI), marcan el inicio de una nueva temporada caliente, con el agregado de la recién anunciada desregulación telefónica.

Más que nunca es evidente la relación entre el ámbito televisivo y el telefónico. Hace pocos días Advance Telecomunicaciones, empresa conformada en noviembre pasado por el CEI y Telefónica Internacional de España (Tisa), concretó la compra de Sat Link, el mayor proveedor de Internet en la Argentina. Advance ya había adquirido la totalidad de Overnet y Compuserve Argentina; con Sat Link, ahora controla el 45% de ese mercado. Cabe recordar que la Secretaría de Comunicaciones había rechazado la participación directa de Telefónica de Argentina en servicios de transmisión de datos.

El CEI y Tisa vienen operando en conjunto en el mercado telecomunicacional, repartiéndose Cointel (controladora de Telefónica de Argentina) y Advance Telecomunicaciones, y con participación en Torneos y Competencias, Cablevisión y Multicanal.

Torneos y Competencias S.A., la productora creada por Carlos Avila, es la protagonista de los últimos cambios. A fines de febrero el CEI concretó la compra de un nuevo 3,33% de Torneos, pagando 9,5 millones de dólares. Con esta operación -y otras no publicitadas- ahora el CEI y Tisa controlan cada uno un 20% de la empresa; la norteamericana TCI mantiene su 40%, y Carlos Avila y Luis Nofal el 20% restante.

Una semana más tarde, el 9 de marzo, Eduardo Eurnekian anunció a través de su diario El Cronista Comercial que había vendido a Torneos el 100% de la productora Pramer. No trascendieron cifras, pero Torneos se aseguró además una participación del 7% en las empresas que constituyen el Multimedios América (varias radios, El Cronista y el canal América 2). Se dice que el CEI también firmó una "prioridad" de compra por el 93% restante, aunque El Cronista lo niega.

Ricardo Handley, cabeza del CEI

El caso Telefé

La más complicada de las negociaciones encaradas por el CEI tiene que ver con Telefé, el canal propiedad de Editorial Atlántida (42%), Televisoras Provinciales S.A. (30%), Miguel Madanes, Luis Zanón y el abogado Carlos Fontán Balestra. Desde el año pasado, el CEI negocia para quedarse con no menos del 70% de la editorial fundada por Constancio C. Vigil.

A fines de febrero pasado, Atlántida hizo una oferta para comprar, como mínimo, el 74% de Televisoras Provinciales. La oferta especifica que "las adquisiciones referidas podrán ser efectuadas por Editorial Atlántida S.A. o por terceros con quien ésta lo acuerde". Todo hace pensar que la operación es condición para que se efectivice la compra de Atlántida por parte del CEI, para así asegurarse el control de Telefé y Productora Federal.

De concretarse esta cadena de operaciones, el CEI y Tisa tendrían el control de dos canales capitalinos (Telefé y el 9), más participación en un tercero. Dado que tanto Televisoras Provinciales como Canal 9 incluyen a varios canales del interior, esto traería aparejado situaciones de virtual monopolio del aire. Por ejemplo, en Mar del Plata hay dos canales: el 8 –socio de Televisoras Provinciales- y el 10, que era propiedad de Alejandro Romay y fue transferido por éste a Prime Argentina, sociedad en la que Torneos y Competencias participa en un 50%.

También se produce una acaparación de productoras de contenidos. De las seis principales empresas nacionales del rubro, el CEI y Tisa tienen ingerencia en cuatro: Torneos, Pramer, Gala y Productora Federal.

Gala, como el operador de cable VCC, son propiedad de Fintelco, sociedad adquirida en partes iguales por Cablevisión y Multicanal a fines del ‘97. Actualmente se negocia la división de los abonados de VCC y el futuro de la productora, que se sabe continuará en actividad por lo menos hasta fines de abril.

En su último balance, el Citicorp Equity Investment acusó beneficios por 103,9 millones de dólares, y un patrimonio que ronda los 1200 millones.

La desregulación telefónica

En la mañana del 10 de marzo, y con la presencia de los principales implicados en el sector, el presidente Menem anunció con bombos y platillos la puesta en marcha de la desregulación del mercado telecomunicacional. Entre los que escucharon y aplaudieron sus palabras estaban el secretario de Comunicaciones, Germán Kammerath; María Julia Alsogaray; Raúl Moneta y Ricardo Handley, por el CEI; Juan Carlos Masjoan (Telecom), Roberto Pérez (Movicom) y Maximiliano von Kesselstatt (CTI).
El decreto presidencial estipula la prórroga de la exclusividad en telefonía básica para Telefónica y Telecom hasta noviembre de 1999. Cada una de ellas podrá operar en el ámbito de la otra después de esa fecha, y competirán con dos nuevas telefónicas independientes, que también podrán operar en todo el país. Las nuevas operadoras deberán estar integradas, como mínimo, por una empresa de telefonía celular, una operadora de cable y una cooperativa telefónica. El mercado celular tendrá una estructura parecida, con las compañías existentes compitiendo con otras nuevas.
Este mes comienza la desregulación con la telefonía pública; en julio continúa con la rural; en enero, con la transmisión de datos; y la básica, en noviembre de 1999. Un año más tarde se agregarán tres o cuatro prestadores para servicios de larga distancia.
El decreto fija diversas "metas sociales" a Telefónica y Telecom, y las autoriza a presentarse en la licitación del servicio celular PCS, que antes les estaba prohibida. También podrán dividir Miniphone, como habían solicitado.
Pero el decreto no podrá hacerse efectivo hasta que se resuelva el conflicto judicial originado por particulares que protestan contra el rebalanceo telefónico. Un fallo de primera instancia y la apelación correspondiente disponen no innovar hasta la realización de una audiencia pública sobre el tema. La causa fue impulsada por el diputado Héctor Polino, el ombudsman Jorge Maiorano y el particular Martín Youssefian.