LA JUEZA UZAL ORDENO NO INNOVAR
En ATC todo volvió a fojas cero y sigue habiendo cuestionamientos

Como algunos predecían, una resolución judicial frenó el nuevo intento de privatización de ATC. Elsa María Uzal, la misma jueza que había congelado un intento similar cuando Germán Kammerath era interventor del canal, en 1996, hizo lugar a una demanda de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) y dictó medida de no innovar, tanto en la posible licitación de la frecuencia 7 como en el controvertido traspaso del edificio, que el Gobierno había reglamentado en el decreto 147/98.

El dictamen de Uzal, con fecha 4 de marzo, daba diez días de plazo para que el edificio de Figueroa Alcorta y Tagle sea escriturado a nombre de ATC. El COMFER no podrá alterar la frecuencia de la emisora, ni el Gobierno llamar a concurso de adjudicación de la misma. Por otro lado, el directorio de ATC tiene 120 días para presentar los balances de los últimos tres años de operación del canal.

Mientras tanto, diversos legisladores y organizaciones sindicales se ocupaban del tema públicamente, pidiendo investigaciones ante posibles casos de corrupción en la emisora, y presentando proyectos alternativos para su explotación.

El dictamen

La UTPBA había presentado un escrito el pasado 23 de febrero, pidiendo que "se garantice la continuidad del canal oficial y se preserve la integridad de su patrimonio", ante el juzgado en lo Comercial Nº 26 de la doctora Uzal, que un par de años atrás homologara la deuda de ATC y hoy controla su pago.

"Además de la denunciada reducción del horario de transmisión" decía la presentación de UTPBA, "el socio controlante y único de la concursada –se refiere al Estado- ha resuelto enajenar gratuitamente los dos activos más importantes de la sociedad: el uso del inmueble y la frecuencia, y el órgano de administración ya ha puesto en marcha la ejecución de lo resuelto; si está paralizado es por la oposición de todos los trabajadores del canal". El escrito solicitaba la designación de un coadministrador hasta el pago total de la deuda homologada, quien debería impedir toda innovación en la situción de ATC.

"Dado que, según lo informado, los estados contables de 1996 no se hallan transcriptos en los libros de comercio obligatorios y que el ejercicio correspondiente a 1997 tampoco se encuentra en las registraciones contables" dice el dictamen de Uzal, "aparece imperioso intimar a la concursada, en la persona del presidente del directorio, a registrar contablemente y en debida forma la totalidad de sus operaciones de los años 1996, 1997 y 1998 –en lo pertinente- confeccionando y transcribiendo los estados contables correspondientes a los años 1996 y 1997 y procurando su aprobación, fíjasele para ello el plazo de 120 días".

En cuanto al dominio del inmueble, el fallo recuerda que todavía figura a nombre de "Argentina 78 Televisora (A78TV) S.A.", empresa que luego cambió tres veces de nombre. La transferencia del dominio a ATC S.A. todavía está pendiente, si bien el directorio informó que no había impedimento para la escrituración.

"Resultan poco claros los considerandos del decreto P.E. 147/98 –dice Uzal en su fallo-, que refieren una situación de comodato que aparece superada por los hechos descriptos, obviando la titularidad de dominio de la concursada".

"En este marco –define la jueza-, he de decretar medida de no innovar sobre la situación dominial del inmueble en cuestión (Avda. Pte. Figueroa Alcorta 2975 y Tagle 2849/55 y Austria y vías F.G.B. Mitre) hasta tanto no se produzca la efectiva escritura de transferencia (...). En la misma línea se fijará a la concursada el plazo de diez días para acreditar en autos la realización de la escritura traslativa de dominio a su favor".

"También decretaré medida de no innovar –continúa el documento- respecto de la implementación del decreto (...), hasta que no se acredite el debido cumplimiento de los recaudos que resguarden acabadamente la continuación de la actividad de la concursada". El fallo no se opone a la realización de actividades culturales en el edificio "en la medida del aprovechamiento de su capacidad ociosa y sin afectar su debido funcionamiento".

Dado que el canal está obligado a pagar sus deudas con lo recaudado en segundos de publicidad, Uzal dispone "decretar medida de no innovar tendiente a que el COMFER se abstenga de tomar toda medida tendiente a modificar la frecuencia de emisión de la concursada como estación televisiva, y de llamar a concurso para la adjudicación de la licencia (...) mientras perdure el compromiso concursal en prestaciones en segundos de publicidad, esto es, hasta el 31 de enero de 1999, si no media otra modificación de la situación concursal".

Trapitos al sol

En el último mes la Cámara de Diputados elevó varios pedidos de informes al secretario de Medios, Raúl Delgado, para aclarar posibles actos de corrupción en ATC. Algunos de los casos mencionados son los siguientes:

-Diversas producciones independientes deberían al canal un total que ronda los 2,5 millones de pesos. Entre los programas cuestionados están "Tropicalísima" y "María Marta Internacional" ($ 586.000); "El mundo de Ante Garmaz" ($ 475.000 sin incluir "chivos"), "Las Tres Marías" ($ 426.000) y "Argentinísima" ($ 436.000).

-Habría contratos "ñoquis" beneficiando a ex trabajadores del canal. Son los periodistas Guillermo Aronín, Alberto Ledesma ($ 5.000 mensuales cada uno) y Pedro Olgo Ochoa ($ 10.000); el animador Hugo Lamónica ($ 15.000), la modelo Liliana Caldini ($ 16.000 como "asesora") y el productor Víctor Bo ($ 18.000, también como "asesor"). Los pagos, denuncian, se hacen a través de una sucursal del Banco del Buen Ayre.

-En total serían trescientos los empleados que cobran sin ir a trabajar, lo que le cuesta un millón de pesos por mes al canal.

Rubén Altieri, Guillermo Franco y Cayetano Grossi,
de la Asociación de Personal Jerarquizado del canal

-Los largometrajes exhibidos diariamente en horario central (de 21 a 23) pertenecen a la empresa Telemotion S.A., que recibe como contraprestación la explotación de la mitad del espacio publicitario, valorado en sólo 20 pesos el segundo (el resto del espacio corresponde a institucionales). Así, el ocasional espectador de esas películas se encuentra con tandas compuestas exclusivamente de promociones del canal y avisos del tipo "Llame ya".

Algunos de los diputados que presentaron los pedidos de informes son Normando Alvarez García (UCR), Irma Parentella (Frepaso), Alfredo Bravo, Luis Brandoni (UCR), Federico Storani (UCR), Graciela Fernández Meijide (Frepaso), Juan Pablo Baylac (UCR), Carlos "Chacho" Alvarez (Frepaso) y Guillermo Estévez Boero.

Por el canal

"Acá no se equipó porque no se quiso; el vaciamiento empezó por ahí" dice Rubén Altieri, secretario adjunto de la Asociación del Personal Jerarquizado del canal estatal (APJ).

"Los últimos equipos se compraron para los Panamericanos del ’95, que vinieron con demora porque la mayoría de las vendedoras eran empresas fantasmas" continúa. "El segundo vaciamiento fue artístico: en estos momentos en el canal trabaja un solo actor, que es Fernando Lúpiz, y encima lo hace como conductor. El tercer vaciamiento fue económico. Y el cuarto, que se está produciendo en los últimos seis meses, tiene que ver con el ámbito publicitario, es decir los recursos propios que genera el canal".

En este momento ATC carece de personal en el área de ventas: no hay subgerentes ni productores. Vale decir, el interesado en publicitar en el canal debe acercarse a Figueroa Alcorta y Tagle. Nótese que en el horario central, como se extrañan los legisladores, las tandas son monopolizadas por una empresa dedicada a los avisos de "venta directa" que trabaja fuera del canal.

"Cuando transmitimos el festival de Cosquín con Soledad" recuerda Altieri, "tuvimos más de veinte puntos de rating, como hacía mucho no se tenía en el canal, y eso a pesar de que iba en diferido. Para esos programas se vendieron apenas 50 mil pesos de publicidad a empresas discográficas".

La sindicatura interviniente en los libros de ATC destacó en un informe recogido por la jueza Uzal el crecimiento de la publicidad estatal en la pantalla (constituye el 54,4% de los ingresos) y la disminución de la publicidad privada. El 50 por ciento de las ganancias por esos avisos estaría impago (se trata de las empresas denunciadas por los diputados en sus pedidos de informes a Raúl Delgado).

El tema publicitario no es menor, ya que el convenio homologado por Uzal estipula que ATC debe pagar su deuda con recursos generados por el canal, es decir venta de publicidad. Al momento ATC todavía debe 37 de los 62 millones de deuda homologados durante la gestión Frega. El cronograma de pagos llega hasta marzo del 2002.

El dictamen menciona también un estudio de la empresa Paracom Satélites S.A., acreedora del canal. Según el informe, en los dos últimos años el personal de ATC creció en más del 50 por ciento, registrándose además un aumento de seis millones y medio de pesos en las partidas destinadas al pago de sueldos.

La gestión sindical

La APJ nació en 1988 de las entrañas del Sindicato Argentino de Televisión (SAT) y reúne a 180 de los 226 miembros del personal jerárquico de ATC. "No somos todos caciques" dice Altieri, molesto con un comentario de la gente del SAT en un número anterior de esta revista. "Nos formamos para reunir a la gente que quedaba afuera del reglamento del SAT –del que fui fundador-, incluyendo varias categorías nuevas: técnicos especializados, los médicos de la guardia permanente del canal, algunas secretarias, escenógrafos y profesionales diversos".

El gremio, cuyo secretario general es Guillermo Franco, está unido en la lucha por el canal con el SAT, la UTPBA, la Sociedad Argentina de Locutores (SAL) y la Asociación Argentina de Actores (AAA). "Todos trabajamos por nuestro lado, pero coincidimos en una posición: la no privatización ni entrega del canal, el no a los despidos, y que ATC sea un canal no gubernamental con control parlamentario" asegura Cayetano Grossi, del área técnica de ATC y también miembro de la APJ.

Varios de estos sectores han aportado sus propias ideas sobre el canal en informes destinados al Ejecutivo y el Congreso. El "Proyecto de los trabajadores de ATC", impulsado por el SAT, propone "una red de televisión pública no gubernamental, federal, democrática y pluralista. Un ATC con control parlamentario y directivos por concurso". La mayoría de los proyectos coinciden en este sentido.

También existe una propuesta elevada en mayo de 1996 por un grupo de diputados, entre ellos Fernando Solanas, Irma Roy, Héctor Polino, Alfredo Bravo e Irma Parentella. Los legisladores proponían transformar ATC en ATP (Argentina Televisión Pública), que sería "un ente descentralizado, autárquico, con autonomía administrativa, económica y financiera y personería jurídica propia" a funcionar dentro del ámbito del COMFER.

La nueva Comisión de Comunicaciones en Diputados analizará en estos días las propuestas en danza, para impulsar la que consideren más viable. Dado que el impedimento judicial ha trabado la iniciativa privatizadora del Gobierno, no todo está perdido para los partidarios de que ATC siga siendo un canal del Estado. Aunque muchas veces se confunda "Estado" con "Gobierno".

En ATC todo está como era entonces

Más críticas Diversos legisladores se sumaron en las últimas semanas a las críticas al controvertido decreto 147/98 del Ejecutivo, que disponía la mudanza de ATC. El senador José Antonio Romero Feris, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la cámara alta, pidió "reformular la emisora para convertirla en una estación televisiva moderna y federal, con claros objetivos y alejada de manipulaciones, bajo rigurosos controles". Para el diputado radical Arturo Etcheverne, "el Gobierno está apurándose en armar una red de emisoras adictas que le serán útiles para los tiempos electorales que se avecinan, y en caso de ser derrotado, podrá servir cuando sea oposición". "Con el dictado de los decretos" dice un escrito presentado por el senador Conrado Storani en la cámara alta, "y el anuncio de la privatización de ATC, se confirman las sospechas acerca de la intención del Poder Ejecutivo de facilitar la conformación de un gigantesco grupo multimedia comprometido más con intereses particulares oficialistas que con la verdadera función que deben cumplir los medios de comunicación en una sociedad democrática". Cuando se habla de "multimedios adicto" al Gobierno los críticos se refieren, sin nombrarlo, al Citicorp Equity Investment (CEI), uno de cuyos principales accionistas, el banquero Raúl Moneta, es considerado "cercano" a Menem y suele visitar las reuniones de Gabinete. El otro gran multimedios y competidor del CEI, el Grupo Clarín, suele ser calificado por el presidente como "oposición".

Los candidatos

Desde que se reflotó la idea de privatizar ATC circulan los rumores sobre los posibles interesados que tendrían la bendición del Gobierno para presentarse a una eventual licitación. El principal señalado es el CEI-Citicorp, grupo multimediático que creciera enormemente en el último año (ver esta misma edición) y entre cuyos directivos se encuentran los "amigos" Ricardo Handley y Raúl Moneta.

Otro que podría tener interés en llegar a ATC es el dueño de Crónica, Héctor Ricardo García, que en el pasado manejara Canal 11 (expropiado en 1974) y Canal 2 (cuyo manejo perdió en una larga batalla judicial). También se menciona al dueño de Ambito Financiero, Julio Ramos, que se presentara en su momento a la licitación de Canal 13 y movió hilos sin éxito, durante la primera presidencia de Menem, para quedarse con el discutido Canal 4. Hoy Ramos dice abjurar de los sueños multimediáticos de entonces –encarnados en el Grupo Clarín, con el que está personalmente enemistado- pero en su entorno piensan que no desperdiciaría la oportunidad de presentarse a licitación. Sobre todo si lo hiciera con el respaldo del CEI, al que –dicen- hace mucho tiempo intenta convencer de que compre su diario.

Alejandro Romay quedaría excluido de la contienda en el corto plazo; una cláusula de la venta de Canal 9 lo obligaría a mantenerse alejado de la televisión durante por lo menos 24 meses.