El Decreto 310 permanece en sombras mientras la Justicia lo ha maniatado

Al cierre de esta edición habían pasado más de dos meses de la publicación del Decreto 310/98 que pretende completar la regularización de las estaciones de frecuencia modulada (FM).

En realidad, poco de lo nuevo sobre el tema es lo que podemos ofrecerle al lector en este número de fin de mayo. A la negación de los funcionarios del área para conversar con RTA -sin duda por puntos de vista disímiles- debemos sumarle otra vez más la dejadez del Organismo regulador para tomar decisiones en tiempo y en forma. El tiempo pasa y todo sigue igual, o peor.

Sabemos que la CNC, en apenas algo más de un mes se esforzó para realizar un trabajo técnico que abarca más de una decena de provincias con cabida para todas las radios existentes y con el agregado de una reserva de expansión futura. Este plan está en manos del COMFER y no resuelve. Como Organismo concedente no actúa y, más allá de que el Decreto 310 es una norma descalificatoria, aún así no se encuentra voluntad entre los funcionarios para probar que se puede regularizar con el método elegido.

Hay una usina de rumores. Cayó muy mal en algunos sectores del Gobierno la política restrictiva empleada en la elaboración de la norma. Esto hace que haya funcionarios del área que estén peleando la permanencia en sus puestos. Inclusive hasta el mismo interventor José Aiello fue salpicado.

A todo esto, el 310 sobrevive en crisis.

Hay días que amanece con las horas contadas o por lo menos dicen que el fatal artículo 17º será sustituido por otro que va a permitir un blanqueo de radios. Esto es lo que comentan en Gobierno algunos operadores de Carlos Menem. Aunque en el COMFER no hablan, cuando se le achaca que se apresuraron con el Decreto 310, alegan no disponer de 30 profesionales para que se aboquen al caso. Parece que erraron cuando creyeron que "pasantes" estaba todo solucionado.

A todo esto, las acciones judiciales entabladas desde todo el país contra la aplicación del Decreto 310 sigue haciendo que el Estado pierda la pulseada. Concretamente las medidas cautelares de no innovar resueltas favorablemente abundan en los juzgados federales de Mercedes, San Luis, San Juan, Paraná (Entre Ríos), San Martín (Buenos Aires), Corrientes y Rosario, entre otros. Inclusive los jueces federales porteños - se pensaba en fallos adversos en este distrito- también resolvieron favorablemente para los radiodifusores. Ante los ápercat recibidos en el COMFER, no faltaron abogados de jurídicos que viajaron al interior con la intención siniestra de convencer a jueces para que fallen a favor del Estado, tal el caso ocurrido en Rosario.

 

Inquietud de los legisladores

Los legisladores comienzan a implementar medidas que de avanzar permitirán descomprimir la tensión por la aplicación del Decreto 310. Así es que los senadores Conrado Storani y Edgardo José Gagliardi presentaron un proyecto de ley pidiendo la derogación del Decreto 310. También resuelve la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento, integrada por seis senadores y seis diputados de la Nación, con el objetivo de realizar el control parlamentario del proceso de normalización de las FM.

Los fundamentos sostienen que el 310 "no hace otra cosa que conculcar los derechos legítimamente adquiridos por miles de radiodifusores que por cumplir con anteriores regulaciones se los condena ahora a cesar en sus emisiones, colocándolos al borde la ilegalidad". También sostiene que la norma dictada por el Poder Ejecutivo "ha cercenado con efecto retroactivo derechos y facultades reconocidos por la misma autoridad administrativa en otra norma a quienes justamente actuaban amparados por ella".

Por último los senadores de la UCR no dejan pasar "el impacto de la maniobra que de aplicarse destruirá la fuente de trabajo de más de 15.000 familias", además "privará a muchas comunidades de escuchar su propia voz y restringirá el acceso a fuentes alternativas de información".

Diputados

Por otra parte, en la Cámara de Diputados existe un proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo suspenda la aplicación de medidas que tienen que ver con la pérdida de derechos hasta quedar sustanciados los concursos públicos que se dispone. Aluden a las emisoras que han cumplido con los requisitos pero no se encuentran operando; las inscriptas que hayan modificado los parámetros técnicos de emisión y estaciones que estén en curso de instalación.

La presentación fue firmada por los diputados Arnaldo Estrada, Marcelo López Arias, María Lelia Chaya, Herminia Escalante Ortiz, Gloria del S. Aban y Pilar Saadi.