Seis meses después...


Dr. Horacio Martinelli (*)


 El 9 de este mes, el Interventor en el Comité Federal de Radiodifusión, Dr. José Aiello, entrevistado en un difundido programa de radio, expresó que el organismo a su cargo cuenta con unos seiscientos agentes aproximadamente y que maneja un presupuesto cercano a los 110 millones de pesos.

Conforme al Decreto Nº1425/97 por el que se aprobó la estructura organizativa del COMFER, la dotación exacta es de 332 empleados, de los cuales 275 pertenecen a la planta permanente, 42 a la planta temporaria y 15 al área docente (ISER) a lo que debe adicionarse 1050 horas de cátedra.

En cuanto al presupuesto, si bien no hemos tenido acceso al mismo, por el nuevo equipamiento electrónico y de informatización, la adquisición de rodados y locación de inmuebles, así como mejoras en la infraestructura sumados a los elevados montos de los contratos de personal, hace suponer fundadamente que las cifras fueron amplias y suficientes, subordinadas al correcto manejo de las partidas, de los gastos y de las inversiones.

El COMFER, que según las propias afirmaciones de su interventor cuenta con dotación y fondos suficientes, debió cumplir razonablemente sus obligaciones. Pero es evidente que no fue así.

En uno de los últimos trabajos publicados hemos señalado que el Decreto Nº310/98 contiene algunos aspectos positivos que se podían concretar si se actuaba rápidamente, soslayando las naturales dificultades e intereses creados y evitando que se convirtieran en variables de premio o castigo político o en objeto de espúreas transacciones clandestinas.

Decíamos además, refiriéndonos a insistentes versiones sobre modificaciones en la conducción del COMFER, que los administrados debían exigir no más cambios jurisdiccionales, no más estructuras, no más insólitas derogaciones, no más inactividad administrativa y paralizaciones o vueltas a fojas cero.

También pedíamos que se sustituyera el artículo 17 para evitar el objetable cierre de emisoras y reclamábamos avanzar...

En otro trabajo publicado, al par de formular reservas en cuanto al artículo 17, y de comentar información originada en fuentes del COMFER sobre el presunto progreso en el cumplimiento de lo normado por el citado decreto, concluíamos en forma terminante: "sólo construyendo con firmeza, sin pausa y éticamente, esta larga historia tendrá fin".

En poco tiempo la realidad mostró evidencias de que nuevamente la actividad ingresó en zona de peligro. Han transcurrido seis meses desde que se dictó el Decreto 310/98 y pese a la avalancha de recursos administrativos y causas judiciales que provocó, la autoridad de aplicación no dio a conocer hecho alguno demostrando que el COMFER estuviera en acción.

Cabe entonces, frente a esta inesperada situación, reseñar brevemente las acciones incumplidas hasta el presente:

» Establecer un plazo para acreditar transferencias de las emisoras inscriptas según Decreto 1357/89 (art. 8º).

» Realizar cronograma para el proceso de regularización (art.10).

»Fijar el monto de un gravamen fijo para los titulares de emisoras categorías E, F, y G (art. 18, a).

» Establecer frecuencias y localizaciones para las estaciones Categorías A, B, C, y D, a ofrecer en concurso público (art. 18, b).

»Elaborar pliego de bases y condiciones y convocar a concursos públicos (art.18, c).

» Determinar el régimen de graduación de sanciones (art. 18, d).

» Dictar las normas complementarias para llevar a cabo el régimen de normalización (art.18, e).

» Adjudicar directamente las licencias a las emisoras Categorías E, F y G (art.4, b).

Ante esta verdadera paralización, no hay información oficial alguna, y las consultas solo obtienen silencio y reticencia. Los trascendidos sostienen que estarían concluidos los pliegos para la adjudicación directa y para los concursos de emisoras de FM y AM de baja potencia y el plan de frecuencias y localizaciones de estaciones, aún cuando fuentes del organismo atribuyen las causas del actual estancamiento a la existencia de problemas económicos y a razones políticas. Estos trascendidos llaman la atención.

En lo económico, en el triste ciclo que se inició con la intervención a cargo de Ana Tezón, el COMFER entró en una dispendiosa etapa de contratos de personal que por su número y volumen han traspasado todo límite aceptable.

Con una estructura orgánica aprobada y puesta en vigencia hace pocos meses, que implícitamente cuenta con su respectivo financiamiento, es inadmisible echar mano a excusas de dudosa consistencia como "al falta de personal o de equipamiento" para dejar de hacer lo que se debió hacer.

En lo político, si la Secretaría de Medios de la Presidencia de la Nación propició y su titular suscribió el proyecto del Decreto Nº310/98 por ejemplo, es porque existía la "decisión política" de cumplirlo, hacerlo cumplir y enfrentar las reacciones que provocaría, en especial, por tratarse de un tema tan conflictivo y sensible.

Por su parte, el COMFER tiene las funciones asignadas y las facultades otorgadas.

En consecuencia, tanto las razones económicas cuanto las políticas son inaceptables para justificar los seis meses de inacción que hemos señalado.

Otro capítulo son los intentos -mediante decreto- de fusión entre el COMFER y la CNC. Todo como una lucha de poderes que aun subsiste.

Pero hay algo más preocupante aún, y es que a esta puja parecería estar dispuesto a sumarse al Congreso de la Nación.

En efecto, a pesar de su morosidad para reemplazar la Ley de Radiodifusión, retomaría un proyecto de ley tratado el año anterior estableciendo un "Régimen Transitorio para la Normalización del Espectro de FM" que crea una comisión bicameral denominada COMNOR FM, entre otras, que se abroga al manejo de la cuestión, terciando como si se tratara de un organismo meramente ejecutivo- por prevalecer en la conducción administrativa de este importante aspecto de la teleradiodifusión.

Si eso acontece, cambiarían nuevamente las leyes de juego.

Quedarían sin efecto las normas vigentes y se volvería a comenzar de cero, con nueva legislación, distintos plazos, otros interlocutores y nuevos requisitos, echando por la borda todos los esfuerzos realizados hasta el momento.

A un año del proceso electoral que culminará con le cambio de autoridades nacionales y con la renovación parlamentaria, incluyendo la integración de las comisiones de las Cámaras y sus autoridades y asesores, parece muy audaz introducir cambios de semejante naturaleza, absorbiendo funciones específicas de dos secretaría de Estado de la Presidencia de la Nación, como son las de Comunicaciones y Prensa y Difusión.

En otro orden, cabe puntualizar que en los Juzgados Federales de casi todo el país se encuentran en trámite cientos de demandas contra el Poder Ejecutivo Nacional a través del COMFER, planteando la nulidad del Decreto 310/98, juicios en los que próximamente se dictarán las primeras sentencias que tienen un alto grado de probabilidad de resultar adversas al demandado; circunstancia que de producirse, agregará si duda un nuevo elemento positivo para los radiodifusores en el demorado proceso de normalización de emisoras.

Es impostergable la regularización del espectro radioeléctrico y el otorgamiento de las licencias repetidamente prometidas, en una actividad sobre la cual, según recientes anuncios y como si fueran pocos los males que la aquejan, pese a la posibilidad de que se aumente la presión imposible al ser alcanzadas por nuevos tributos.

Recordamos algo mencionado al comienzo de esta nota, ya expresado en otra anterior, más que como un pedido, como un ferviente deseo: "no más cambios jurisdiccionales, no más nuevas estructuras, no más insólitas derogaciones, no más inactividad administrativa y paralizaciones o vueltas a foja cero".

Mientras no haya señales notorias que demuestren que el proceso de normalización está otra vez efectivamente en marcha, y que las ansiadas licencias previstas por normas que son derecho positivo sean otorgadas; los interesados, ante la aparente quietud, deberán poner a resguardo sus derechos adquiridos, recurriendo a profesionales que les ofrezcan reconocida solvencia y honestidad, con el objeto de iniciar las acciones administrativas y judiciales necesarias a tal fin.

*Abogado consultor