Son tres las peticiones fundamentales elevadas por los propietarios de estas emisoras –la mayoría con más de diez años en actividad- a las autoridades competentes: como primera medida solicitan se les otorgue la licencia que les permita continuar con el funcionamiento de sus radios; en segundo lugar, que todos los pagos que se requieran de ahora en adelante se tomen a cuenta de gravámenes, y se tengan en cuenta los importes abonados durante los años de su funcionamiento y finalmente, que no se otorguen licencias de las categorías más altas hasta tanto no se haya regularizado la situación de las radios perjudicadas y se les haya dado un lugar en el espectro. Este último punto se basa en que, por la cantidad de categorías altas que se proyectan para Capital Federal y Gran Buenos Aires, el espectro quedaría cubierto casi en su totalidad sin que exista la posibilidad de acomodar a estas emisoras que están peleando por defender los derechos adquiridos en sus años de transmisión.
Lo primero que hicieron los propietarios de FM con PPP fue armar una cadena para que todos los que se encontraran en la misma situación se pusieran de acuerdo para actuar en forma conjunta.
Una vez logrado esto, cada uno de los radiodifusores elevó una carta documento con copia al Interventor en el COMFER, José Aiello; a Carlos Montero, de la Auditoría General de la Nación; a Cristina Benzi de la Sindicatura General de la Nación; a Raúl Delgado, secretario de Prensa y Difusión de la Nación y al ombudsman nacional, Jorge Maiorano.
En dicha carta, los radiodifusores solicitaron se revea y/o modifique la Resolución 16/99, "en defensa de nuestros derechos constitucionales e internacionales vulnerados... y en resguardo de los derechos obtenidos en una década ejerciendo la Radiodifusión con observancia irrestricta de la Ley 22.285".
Asimismo, en el mencionado documento se sostiene que los firmantes no pretenden la interrupción del proceso, sino que buscan "colaborar en la concreción del mismo observando respetuosamente lo que puede expresarse en la amplitud de una carta documento, como síntesis de todo aquello a modificar por el COMFER, Congreso Nacional, PEN o la justicia, revalidando razones y derechos con equidad y Justicia de quienes pasamos por todas las instancias legales impuestas, siendo fieles cumplidores de sus normas técnicas, impositivas, tributarias, laborales, etc...", sostienen los PPP.
Como segunda medida, los radiodifusores entregaron en la Mesa de Entradas del COMFER una carta por medio de la cual plantearon formal impugnación parcial de los artículos 5 y 6 del Decreto Nº 2/99, y artículo 3 de la Resolución 16/99, todo conforme los términos del artículo 30 y concordantes de la LNPA Nº 19.549 (y modificatorios).
También solicitaron vista del Expediente Nº 4587-COMFER/98, con los efectos suspensivos que dicho pedido trae aparejados, haciendo reserva de los fundamentos del reclamo administrativo.
El organismo que depende de Aiello hizo lugar a esta petición, como consecuencia de lo cual los radiodifusores interesados tomaron vista del expediente que inicia la Resolución 16/99 y el Decreto 2/99, tras lo cual se reunieron para definir los próximos pasos a seguir.
En consecuencia, al cierre de esta edición estaban presentando formalmente ante el COMFER un petitorio para que se respete el orden de prelación, así como los puntos citados al comienzo de esta nota.
La inminencia del comienzo de la regularización, hace que las definiciones por parte de las autoriades se deban producir en pocos días más.
Más apertura Al cierre de esta edición circulaba en Gobierno una versión sobre la existencia de un modelo de Decreto que en cierta medida reivindicaría el derogado artículo 4º de la Resolución 142. En efecto, el Decreto 310 en su artículo 17º estableció que aquellas emisoras operativas ó en curso de instalación sin autorización, debían cesar las emisiones en marzo del ’98, acreditándolo con una declaración jurada. Ahora se dice que para corregir esa grosera limitación, aunque tarde, llegaría un texto que permitirá entrar en la regularización a aquellas radios que hubieran cumplido con la Resolución 142, aunque no hayan salido del aire. |
Milenium, interferida por la FM de Hadad La FM de Bernardo Neustadt y Santiago Pont Lezica, Milenium, se vio afectada por la interferencia de un equipo transmisor ubicado en la terraza de un edificio de Núñez, por lo que hicieron la consecuente denuncia ante la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Este organismo tomó cartas en el asunto y mediante la empresa francesa Thomson (que tiene a su cargo el control del espectro radioeléctrico) se radiolocalizó el lugar del que partía la interferencia, que silenciaba la frecuencia 106.3 Mhz entre las 6.00 y las 9.00 y entre las 17.00 y las 22.00. Una vez ubicado el equipo, la CNC ordenó precintarlo y secuestrarlo, lo que efectivamente se llevó a cabo. Los responsables de la instalación del equipo transmisor -de marca italiana y 1.500 vatios- fueron los socios de Radio 10 y FM News, Daniel Hadad y Oscar Salvi. Los empresarios argumentaron que en realidad se trató de un error técnico, ya que su intención era realizar pruebas para la transmisión de partidos de fútbol. Ahora todo queda en manos de la Justicia, que deberá determinar si hubo delito o si Mulenium se perjudicó -y de ser así- cuál será la mejor forma para enmendar lo hecho. |