Por Dr. Horacio Martinelli

El proceso de normalización de emisoras de frecuencia modulada atraviesa un período de inestabilidad, consecuencia de los numerosos recursos administrativos y presentaciones Judiciales que se encuentran en trámite ante diversos Juzgados Federales de La Plata, Morón, Mar del Plata, Rosario, San Martín, Paraná y .... entre otros.

Antes de continuar, pido disculpas al lector por no poder resistir la tentación de denominar a este trabajo, con el título de la famosa novela de John K. Toole. No obstante, no puede negarse que tal como están Ias cosas, ese título " viene de perrilla" para nombrar el actual proceso de normalización de radios.

Retornando al fondo de la cuestión, la sanción del Decreto 310/98 que fue promovida por el COMFER, quien lo proyectó e impulsó ante el Ejecutivo Nacional, contiene normas discrlminatorias y limitativas de los derechos de aquellos radiodifusores que llevan más de diez ejerciendo la actividad; a quienes la ley 23.696 y su reglamentación, les promete normalizar su situación legal.

Pese a las numerosas voces que se alzaron reprochando los notorios excesos que contiene el citado Decreto (pueden verse nuestros anteriores trabajos publicados en este medio), el Comité Federal, no derogó los manifiestos excesos que contienen los artículos 11 y 17, cercenando derechos adquiridos por los radiodifusores y que a la postre, el motivo central sobre el que se basan la mayoría de los recursos, administrativos y presentaciones judiciales antes citados.

En el mismo sentido critico contra la norma, se pronunció buena parte del espectro político nacional, generando a su vez excesos en iniciativas legislativas de orden Municipal y Provincial (a modo de ejemplo puede citarse la ley recientemente sancionada por el gobierno de Río Negro).

Por desconocer el medio, por no visitar Ias emisores del interior del país; por hacer radiodifusión desde los escritorios; por no haber trabajado fuera de la administración pública; o por necedad, muchos de los niveles intermedios que participaron en la elaboración de la norma cuestionada terminaron por perjudicar el proceso al negarse a aceptar la necesidad de introducir correcciones para limitar aquellos excesos.

Con ello, finalmente pusieron en riesgo cierto el saludable desarrollo del proceso de normalización a través de las reacciones de los distintos sectores que directa o indirectamente se han sentido afectados, tal como ha quedado expuesto. Alguien, podrá considerar exagerada la descripción que antecede, pero hay más. Por ejemplo funcionarios de menor jerarquía con escasa antigüedad en el Organismo, felizmente los menos, cuyos nombres preferimos omitir; se sienten omnipotentes frente a la importancia del proceso que se realiza - aún cuando su tarea es de menor significación- adoptan actitudes imperativas o displicentes, negando información que debe ser pública y con ello no hacen más que entorpecer y enturbiar dicho proceso de normalización.

La postura comentada, es la evidencia de la necedad a que alude el título.

En lugar de facilitar a los administrados toda la información y asesoramiento necesario para que puedan realizar sin impedimento alguno sus gestiones en un proceso que debe caracterizarse por su transparencia y equidad, algunos quieren transformarlo en algo misterioso, oscuro, lo cual no es ni más ni menos, que poner "palos en la rueda". Crean así el caldo de cultivo de los reclamos, preparan el clima para la insatisfacción de los administrados y en definitiva suman esta acción negativa a los excesos antes puntualizados y que contiene la legislación ya referida con anterioridad.

La suma de negatividades descriptas nos ha llevado a la compleja situación actual; de la que se podrá salir, si se afrontan las correcciones que es menester realizar y se ajusta la actitud de quienes tienen a su cargo la atención de los proponentes y demás interesados. De otro modo seguiremos preguntándonos: ¿por qué suceden estas cosas?. A las respuestas que dará el lector, arriesgo la mas ingenua: por necedad.