El proceso de normalización de FM hizo correr mucho agua bajo el puente, y se produjeron movilizaciones y reacciones varias desde distintos sectores.
Los radiodifusores que obtuvieron permisos precarios y provisorios (los conocidos PPP) consideraron que debían respetarse sus derechos adquiridos a través de diez años de actividad en el medio.
Una de las medidas fue concretar presentaciones ante los organismos pertinentes y recibieron respuesta, en algunos casos, varios meses después.
Tal fue lo que ocurrió con el COMFER, que el pasado 12 de octubre dictó la Resolución Nš 0664/99, que rechaza "los reclamos interpuestos por los permisionarios precarios, atento que de la lectura del contenido de las impugnaciones surge que ellas debieron enderezarse contra el Decreto 1357/89, que es el que dispone, al crear los permisos precarios, la imposibilidad de alegar derechos o preferencia alguna".
Por su parte, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) informó que "quienes poseen licencias otorgadas de acuerdo a la Ley 22.285, tienen derechos adquiridos de los que carecen quienes tiene permisos otorgados expresa y válidamente a título precario, sin que tenga lugar en principio, ningún tipo de resarcimiento".
Posteriormente, los radiodifusores se acercaron al despacho del ex Defensor del Pueblo, Jorge Maiorano. El funcionario consideró que los reclamos de los PPP tenían similitud con la actuación Nš 10.266/99 caratulada "Gobierno de la provincia de Entre Ríos, sobre solicitud de intervención ante el llamado a concurso del COMFER para el otorgamiento de licencias para estaciones de radio de FM", por lo que el conjunto de actuaciones presentadas fue unificado. Las reiteradas quejas condujeron a Maiorano a limitar su actuación a elevar un pedido de informes al organismo dirigido por José Aiello, a hacerle algunas recomendaciones y a proponer que la cuestión planteada fuera puesta en conocimiento del Congreso de la Nación.