En medio de una crisis financiera que no le da tregua a Argentina Televisora Color (ATC), el canal estatal parece atravesar aguas turbulentas que muestran a primeras una tradición de descontrol administrativo que impidió operar soluciones para su acuciante situación.
Recientemente el juez en lo Federal Carlos Liporaci reflotó una causa por administración fraudulenta en ATC basándose en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) del año 1997. El informe, aprobado en su momento por la AGN y la Comisión Legislativa del Senado, brinda apreciaciones acerca de la administración del canal que echa un manto de sospechas y compromete la situación de los ex-funcionarios que tuvieron a su cargo la administración de ATC entre 1992 y 1997.
Los funcionarios que serán indagados por Liporaci -a partir del pedido del fiscal Carlos Rívolo- son catorce: el conductor televisivo Gerardo Sofovich, Eduardo López Yapur, Enrique Alvarez, Raúl Rico, el actual vice gobernador de la provincia de Córdoba Germán Kammerath, Horacio Frega, Molina Santander, Norma Hayes, Rodolfo Puente, Marcelo Merli, Alberto Tessaro y Ada Lisjak.
El informe de la AGN -firmado por los doctores Arturo Schweiger y Guillermo Barnech- revela los puntos oscuros que incrementaron el pasivo de la empresa, referente a las contrataciones y transacciones realizadas en ese período, y que supera el total de 100 millones de dólares.
El proceso penal tuvo su origen a partir del concurso preventivo de ATC en el año 1996, donde intervino la justicia comercial, que ante las irregularidades dictaminadas por los síndicos Rubén Kwaniewski y Jorge Podhorzer, sumadas al informe de la AGN se decide denunciar ante la justicia penal y la jueza del Juzgado en Primera Instancia en lo comercial Nş 26 de esta ciudad, a cargo de la doctora María Elsa Uzal deriva el caso al Juzgado en lo criminal y Correccional Nş 3.
La causa comercial llevada por la jueza Uzal muestra el estado de las deudas concursales por un monto total de alrededor de 102.777.370 millones de dólares, que pasa a ser de 10.300.000 como deuda post-concursal. Además, existen una serie de idas y vueltas entre el Comité Federal de Radiodifusión y los síndicos responsables debido al llamado a concurso de la frecuencia de emisión de Canal 7 para la adjudicación de licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de TV. Este concurso impulsado por el COMFER a partir del Decreto 1002/95, Artículo 5 y que el organismo que presidiera José Aiello apeló en la causa para concretar su ejecución.
El 12 de abril de este año la jueza envió un oficio judicial ordenando al COMFER se abstenga de dicho concurso. El Comité apeló nuevamente y los síndicos hicieron lo propio ante la Cámara Nacional de Apelaciones sobre lo efectuado por el COMFER.
Por último, el concurso preventivo de ATC se encontraba el mes pasado en la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, a cargo de María Fernanda Lesch -elevado ante la misma el 21 de mayo- quien requierió la remisión de los incidentes iniciados por el Estado Nacional.
La AGN tuvo como objetivo realizar la auditoría -entre abril y junio de 1996- de los estados contables de ATC como sociedad anónima. La falta de información detallada y completa por parte del canal estatal fue el factor común de las investigaciones realizadas. Entre los puntos salientes del informe se describe lo siguiente:
Existen casos de ventas a clientes del interior donde no se han efectuado contratos.
ATC pagó honorarios artísticos por un total de $ 357.000 por programas no emitidos.
Existe un Plus adicional al salario de $ 11.400 por persona que fue adelantado a algunos empleados, a pesar de que el mismo fue suspendido.
ATC no depositó los aportes patronales desde marzo a diciembre de 1995 por un total de 7.676.831.80, tampoco lo hizo con las asignaciones familiares desde mayo 1992 a marzo de 1993, por un monto 1.136.696.03 (sin intereses).
En las principales contrataciones -durante 1994 y 1995- ATC no tiene en su mayoría justificada la compra del equipo, no hay registro de consultas de ofertas, ni pliego de condiciones generales o particulares del contrato. La AGN no obtuvo las invitaciones efectuadas a otras empresas que no formulan ofertas.
No se registran los antecedentes de pagos ordenados a las empresas proveedoras de encoders y decoders, los equipos a adquirir por el canal estatal aumentaron en número y figuran al menos cuatro montos distintos del precio final de los mismos, así como no están justificados gastos adicionales al respecto.
Los precios de adquisición de derechos de series y filmes de similar calidad varían cuadriplicándose.
El espacio publicitario a comercializar en la emisora estatal (por el valor en segundos) es de $ 14.906.567,42, percibiendo ATC sólo $ 265.740,69 en efectivo.
El caso más resonante está relacionado con las contrataciones relacionadas a la trasmisión de los XII Juegos Panamericanos: para la comercialización de los derechos, las tres empresas oferentes están vinculadas entre sí, además está infundada la decisión de comercializar los derechos de televisación internacional a una empresa que le generó pérdidas a la emisora. Por otra parte, las compras de equipamiento no están con documentación completa.