Canal 7 busca escapar a los fantasmas de ATC

La programación de Canal 7 ya está en el aire. Le caben, como primera reflexión, varios adjetivos, todos ellos positivos: auspicioso, plural, saludable, amplio, digno, abierto, austero, potable, creíble, serio, informal, distendido... Las ropas nuevas le han sentado bien. Pero los fantasmas del pasado, de un pasado llamado ATC, amenazan con su intento de nacer de nuevo. De hecho, un juez comercial tiene a su cargo un proceso de quiebra en el que una cuarentena de juicios pueden decretar un fin casi inmediato de la existencia del canal. Sin ir más lejos, el periodista Mauro Viale le inició tres meses atrás un juicio laboral por despido en el que le reclama alrededor de un millón y medio de dólares y, técnicamente, podría en algún momento pedir la quiebra de la emisora.

Hoy, cuando todos hablan -maravillas, justificadas, por cierto- de Todo por dos pesos, Plaza Sésamo, La Cornisa, el noticiero deportivo o Lana Moltalbán y Franco Salomone, este medio propone un repaso de algunas de las herencias que cual espada de Damocles se mecen sobre su cabeza.

 

Algunas frases emblemáticas

"ATC no va a ser un canal oficialista estúpido, va a ser una televisora pública inteligente. Estamos cumpliendo con un compromiso que habíamos contraído, estamos haciendo el canal exactamente a la inversa de lo que pasó en los diez años de menemismo. Este canal empieza a recuperar la dignidad que los personajes como Gerardo Sofovich, Germán Kammerath y (Horacio) Frega le hicieron perder en la época que este canal, aparte de ser un canal estúpido, fue un canal saqueado". La frase pertenece a Darío Lopérfido.

El mismo Lopérfido, en su primera visita a la comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, agregó que "ATC sigue estando en un estado de extremada debilidad", pero aclaró que cuando asumió "estaba más cerca del cierre que de seguir emitiendo". "El problema era muy grave y lo sigue siendo, porque es un canal agobiado por las deudas y lo hemos recibido con nulo nivel de productividad, sumándole a esto gravísimos casos de corrupción que se prolongaron en el tiempo". "Es un desastre. Fue un abuso. Se robaron todo. Dejaron un déficit tremendo. Con la mitad del déficit se podrían resolver los problemas de tantas provincias..." Esta vez, el que habla es Fernando De la Rúa, presidente de La Nación.

 

Una historia surrealista

Una de las primeras medidas que tomó el nuevo gobierno cuando decidió hacerse cargo de ATC fue realizar, al mejor estilo del presidente yugoslavo Slobodan Milosevic, una "limpieza étnica", aunque -claro está- menos cruenta y sin muertos ni exiliados. Produjo despidos. Intentó sacar de raíz todo el lastre menemista. Pero luego, al igual que hizo con la ley de Reforma Laboral, terminó negociando. Y el producto final fue una "limpieza posible", ciertamente alejada de la intención inicial.

La intervención de ATC y la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) firmaron, tras dos semanas de conflicto, un convenio que puso fin al virtual estado de beligerancia provocado por el despido de 29 periodistas del noticiero. ATC reincorporó a 18 de esos periodistas, aunque según admiten voceros sindicales y de la intervención, el acuerdo es similar al que firmaron los trabajadores que optaron por quedarse en editorial Perfil tras el cierre intempestivo del diario que durante sólo 86 días editó Jorge Fontevecchia: al final, los despedidos de la lista inicial terminarán por dejar de pertenecer a la emisora. Los 11 periodistas no incluidos en el acuerdo han puesto de manifiesto su voluntad de desvincularse de ATC, por lo que se ofreció una cobertura adicional de obra social durante nueve meses y una indemnización equivalente a un mes de salario que se agregaría a la que corresponde por ley.

ATC se comprometió a "no reemplazar bajo ningún motivo por otros trabajadores los puestos de labor y/o tarea del personal licenciado". Pero Luis Majul, Salomone, Antonio Fernández Llorente, Montalbán, Claudio Morgado y todos los etcéteras que son de público conocimiento, están ahora en pantalla y otras caras -algunas de ellas ciertamente impresentables- ya no lo están. En 1992, Argentina Televisora Color estaba plagada de problemas y por dejó de ser una sociedad del Estado para convertirse en una sociedad anónima, pero antes el gobierno, por entonces a cargo de Carlos Menem, decidió absorber sus deudas.

En febrero de 1996 se decidió presentar a ATC SA en concurso preventivo, en un nuevo intento por sanear las deudas que, según se denunció en aquel momento, se acercaban a los 72 millones de pesos.

El 10 de diciembre de 1999, más de 700 empleados de ATC que no cobraban sus sueldos desde hacía dos meses amenazaron con no transmitir el acto de traspado de mando presidencial. Ese mismo día, ATC pasó a deber 12 millones de dólares más, porque en uno de sus últimos actos administrativos como jefe de Estado, destinó una partida presupuestaria por ese monto para emparchar la situación. La intervención de Canal 7 está a cargo de un ex empresario de una automotriz, General Motors, y del grupo multiempresarial Perez Companc, Juan Carlos Abarca. Queda claro entonces que para el gobierno de De la Rúa, el problema de ATC es antes económico que de programación, aunque el ataque haya sido simultáneo y en los dos frentes.

 

Como está el canal hoy

La Sindicatura General de la Nación (Sigen) sobre el último semestre de 1999 indica que ATC tiene una deuda de 107,6 millones de pesos, 39 juicios por un total de 6 millones y otras 17 causas judiciales por más de 600.000 dólares. Su principal acreedor es la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), es decir, el mismo estado. Pese a ese pasivo, el presupuesto 2000 le recortó partidas por casi 14 millones de pesos. La pregunta parece, entonces, inevitable: ¿puede sobrevivir la emisora estatal?

El titular de la Oficina Anticorrupción, el ex juez José Massoni, denunció ante el juez federal Gabriel Cavallo, a ex funcionarios de ATC y varios particulares por delitos en perjuicio del canal oficial, por casi un millón de pesos, a través de 14 contratos, por los cuales el canal no recibió ninguna contraprestación. Es decir que, según la denuncia, pagó un millón de dólares por nada. Patético.

Según información que posee esta publicación, ATC se presentó en convocatoria de acreedores hace más de dos años. Pero desde entonces, en lugar de reducir sus quebrantos, los incrementó, y no en poco dinero. La deuda post-concursal asciende a más de 70 millones de dólares. Tres fuentes, de la Oficina Anticorrupción, de la SIGEN y del propio canal, confirmaron esa cifra.

A propósito de la SIGEN, le robaron una computadora con un disco rígido cargado de datos sobre ilícitos. El diario La Nación consignó en sus páginas que "El robo fue descubierto por los empleados de la Sindicatura General de la Nación, cuando ayer a la mañana entraron a su oficina y descubrieron el faltante. La computadora, una PC sencilla pero bien cargada, había desaparecido de su escritorio, con la pantalla, el teclado y los cables incluidos". El operativo no fue exitoso. Agrega La Nación: "Un empleado de la SIGEN, que se ganó el agradecimiento de sus compañeros, el viernes a última hora había tomado la precaución de guardar el material de la computadora en varios disquetes. Así, salvó la información, más que valiosa".

Cuando ocurrió el robo, la seguridad de ATC estaba a cargo de una empresa de seguridad privada que pertenece al ex jefe de la custodia del ex presidente Carlos Menem, el comisario retirado de la Policía Federal Guillermo Armentano.