Las FM ya son un tema de Estado

Por primera vez desde el regreso de la democracia, las autoridades de un go-bierno constitucional decidieron tomar el toro por los cuernos en materia de espectro radiofónico. Pese a que desde algunos de los sectores más conservadores del éter vernáculo se escucharon ya algunas voces de rechazo, la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Nación y el Comité‚ Federal de Radiodifusión (COMFER), con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), decidieron abrir el juego para legalizar, de una vez por todas, a la incontable cantidad de emisoras denominadas «clandestinas» de acuerdo a los particulares postulados de la anacrónica ley 22.285. El pasado 19 de abril, en la Sala Pablo Picasso del complejo La Plaza, de la Capital Federal, representantes de radios comunitarias, cooperativas y organizaciones no gubernamentales de carácter social (ONG) tuvieron oportunidad de discutir, opinar y transmitir inquietudes y reclamos a las autoridades encargadas de administrar y regular el espacio radiofónico saturado de señales e interferencias. El encuentro se denominó «Jornada sobre Radiodifusión Comunitaria» y contó con la presencia de todos los factótum de lo que se insinúa como la futura ley que reemplazará la vetusta 22.285. Desde el interventor del COMFER, Gustavo López, hasta el representante regional de la UNESCO para América Latina, Alejandro Alfonzo, quien viajó especialmente desde Panamá para participar de las deliberaciones. Y por el lado de los verdaderos interesados, la lista de participantes fue larga y sumamente rica: - El Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) - La Cámara Argentina de cooperativas, mutuales y prestadores comunitarios de radiodifusión (CARCO) - El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) - La Asociación de Radiodifusores Católicos (ARCA) - La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) - La Confederación General del Trabajo (CGT) - Gremios de comunicación - Organismos defensores de los derechos humanos - Organizaciones No Gubernamentales (ONG) - Representantes de emisoras comunitarias. La voluntad del gobierno actual de subsanar el caótico panorama de la radiodifusión argentina quedó explícito en el discurso de apertura que debió leer el secretario de Cultura y Comunicación, Darío Lopérfido, pero que fue repartido en copias a todos los asistentes debido a que el funcionario no pudo asistir en virtud de que en la madrugada de ese día se produjeron los violentos disturbios entre la Policía Federal y representantes de la CGT disidente frente al Congreso de la Nación que resisten la sanción de la Ley de Reforma Laboral. No obstante, el pensamiento de Lopérfido -y a través de él, el del gobierno- quedó patentizada en sus palabras: «los hemos convocado para trabajar sobre una deuda de la democracia, la apertura de la radiodifusión al sector comunitario, cooperativo y las organizaciones no gubernamentales». (Ver texto completo pág 22.) En ese mismo contexto, el COMFER recordó que «ha convocado sin exclusiones a todas las entidades vinculadas con la radiodifusión al debate en torno a los lineamientos de una nueva Ley de Radiodifusión que incorpore los avances tecnológicos, promueva las inversiones y establezca criterios de pluralismo y diversidad en materia cultural e informativa». As¡, las bases del trabajo quedaron establecidas y, por primera vez, a esa mesa de decisiones se sientan las radios «clandestinas» por designio de una ley dictada por la dictadura militar con el avieso objetivo de controlar la información, censurarla y manejar ideológicamente a la sociedad como correlato de sus políticas antidemocráticas y de carácter de terrorismo de Estado. «Es necesario abrir una instancia de análisis, de trabajo y reflexión que permita resolver en el menor tiempo posible la situación de exclusión que afecta a las organizaciones sociales, entidades civiles, cooperativas y organismos no gubernamentales para que puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión, a la difusión y al desarrollo de sus objetivos comunitarios, en el camino de afianzar y profundizar el ejercicio de la democracia». Esa intención es la que -al menos en el campo de las palabras- orienta a la nueva gestión. El debate y las ponencias fueron por demás enriquecedoras. A tal punto, que ya circula un borrador de proyecto -al que tuvo acceso esta publicación- con una propuesta emanada de organismos deliberativos de municipios del interior que está a estudio de los organismos que deberán elevar, a m s tardar en el segundo semestre del 2000 (a eso se comprometieron verbalmente) el nuevo texto de lo que pretende ser la ley de Radiodifusión del Siglo XXI. Ese texto, que más adelante se reproduce íntegramente, tiene una contundente argumentación basada en textos internacionales y declaraciones suscriptas por la Argentina en materia de Derechos Humanos, la mayoría de ellos con rango constitucional a partir de la reforma de la Carta Magna de 1994.