De manera coherente con el compromiso que asumimos durante la campaña electoral y con la puesta en marcha del debate sobre una nueva ley de radiodifusión, los hemos convocado hoy para trabajar sobre una deuda de la democracia: la apertura de la radiodifusión al sector comunitario, cooperativo y las organizaciones no gubernamentales. Queremos avanzar hacia un escenario más plural, mas justo y más integrado de la comunicación, en el que todos los actores puedan cumplir su función, sea comercial o social , de manera armónica y democrática. Es por ello que esta iniciativa tiende a fortalecer tanto el accionar del sector privado como los emprendimientos de carácter comunitario. El universo dinámico de la comunicación a principios de este siglo nos plantea de manera permanente nuevas metas y desafíos. El gobierno nacional es conciente de que enfrentamos un escenario condicionado por la legislación obsoleta que proviene de los tiempos de la dictadura militar. Ello se supone con el surgimiento de nuevas tecnologías y nuevos actores sociales en la radiodifusión que es necesario ordenar con criterios modernos y plurales. No hacemos más que colocar a la Argentina en sintonía con definiciones básicas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en cuanto a la libertad de opinión y de expresión, así como con diversas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre «la información al servicio de la humanidad». Asumimos también la letra y el espíritu de la convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José‚ de Costa Rica), que en su articulo 13 señala que «no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos utilizados en la difusión de la información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones». Ese abuso se ha manifestado en nuestro país con las restricciones que impuso la ley 22.285, al limitar la posibilidad de acceder a licencias de radiodifusión solamente a personas físicas o sociedades comerciales, excluyendo así a las entidades sin fines de lucro. El proceso de desregulación económica iniciado en el país en los años ’90 consideró puntualmente esta situación y dispuso incluir a las frecuencias de radio y televisión en el levantamiento de las restricciones vigentes. La desregulación, sin embargo, afecta áreas sensibles de la economía argentina pero no hizo nada en materia de radiodifusión. Incontables proyectos de ley presentados en el Congreso y algunas medidas del Poder Ejecutivo Nacional apuntaron luego en dirección a remover los obstáculos que impedían a radiodifusores comunitarios o cooperativos ejercer legalmente su derecho a la información, a la expresión y a difundir libremente sus ideas. Pero ninguno logró torcer hasta la fecha las barreras autoritarias que levantó la 22.285 en el campo de la radiodifusión. Pensamos que la infraestructura de las comunicaciones para un país moderno, integrado y democrático debe sostenerse sobre un modelo de libertad, con un sector privado dinámico y eficiente, con un Estado que aliente el pluralismo y actores sociales que puedan expresar la diversidad de contenidos a nivel informativo y cultural. Un esquema de estas características beneficiaría en primer lugar a los usuarios permitiéndoles diversas opciones de acceso a la comunicación, a la vez que apoyaría a las comunidades locales o regionales con fuentes de trabajo y producción de contenidos. Confiamos en que habrá más canales de expresión para la sociedad en su conjunto así como más riqueza en el acceso a la opinión y el conocimiento. En ese marco, el gobierno que encabeza el doctor Fernando De la Rúa entiende que debe iniciarse hoy un proceso de trabajo y discusión, claramente encaminado a consagrar una legislación que afiance la democracia en el campo de la comunicación y contribuya a definir un modelo pluralista y participativo en la gestión de un área tan sensible como la radiodifusión. Al recorrer este camino, lo hacemos además convencidos en que no se producirán situaciones que afecten la libertad de oportunidades y de competencia, en la misma medida en que trabajaremos para que prevalezca un espectro con diversidad de opiniones en lugar de la voz única que surge de las situaciones monopólicas. Sabemos que recibimos una situación compleja, resultado no sólo de una ley anquilosada que ya no sirve a nadie, sino también de la discrecionalidad con que se la utilizó en todos estos años. ello ha generado un caos en el espectro que aspiramos a normalizar sobre bases de transparencia y acceso democrático. Por todo ello, la Secretaria de Cultura y comunicación de la Nación quiere expresarles el compromiso de trabajar para que queden sin efecto las actuales restricciones en materia de radiodifusión, en el convencimiento de que las organizaciones sociales, las radios comunitarias y las cooperativas pueden hacer un aporte sustancial al fortalecimiento democrático, el enriquecimiento cultural y la generación de empleos desde el campo de la comunicación.