La desregulación corre con viento a favor
Luego de extensas reuniones en donde se escucharon las posturas de todos los actores involucrados en el proceso de desregulación de las telecomunicaciones, la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones se pronunció a favor del criterio seguido por su principal impulsor: el secretario de Comunicaciones Henoch Aguiar. La Comisión emitió un dictamen no vinculante por mayoría con la firma de siete miembros que justamente no son del partido de cuna del presidente Fernando de la Rúa: el Partido Justicialista y el Frepaso: Alberto Pierri, Emilio Cantarero, Carlos Verna, Carbonel, Felipe Sapag, Pedro del Piero y Nilda Garré. En tanto, dos radicales, Juan Pablo Baylac y Fortunato Cambareri, junto al presidente, Alberto Natale, lo hicieron por separado. Al igual que el justicialista pampeano Manuel Baladrón. Y el único que se abstuvo de votar fue el senador radical José María García Arecha. Según fueron dadas las posiciones de los diferentes legisladores no se produjeron demasiados alineamientos políticos. Y lo más comentado fueron los llamados que De la Rúa le hizo a Alberto Pierri y a Augusto Alasino para solicitarles el apoyo directo al plan de desregulación que tan desvelado ha mantenido al gobierno en estos últimos meses.

Cómo trabajará la Secretaría de Comunicaciones

Las observaciones más importantes serán ahora analizadas por la Secom para elaborar el texto final del decreto presidencial junto a las otras recomendaciones que haga la Sindicatura General de la Nación y Comisión de defensa del Consumidor. Días antes de los dictámenes de la Bicameral surgieron algunas dudas respecto a los pronunciamientos de la Sindicatura General, liderada por el frepasista Rafael Bielsa. Al parecer, el organismo habría hecho medio centenar de recomendaciones sobre el tema, pero fuentes de la misma Secretaría de Comunicaciones advirtieron que no se trabajaba separados sino que todo era consensuado entre ambas partes. Según estiman en el organismo, es previsible que para la segunda quincena de agosto ya exista una resolución definitiva en pos de garantizar todos los requerimientos de las diferentes áreas del Estado y los particulares. Al parecer, y con la mayoría de las observaciones en la mano, Henoch Aguiar no realizaría cambios sustanciales en el reglamento y sí se tendrían en cuenta algunos agregados al articulado. La idea es incorporar precisión en la letra chica para evitar inconvenientes judiciales con las partes que más se quejaron: Telefónica y Telecom. Asimismo, se anexaría una cuestión que también había traído cuestionamientos en las reuniones de consulta: la portabilidad numérica. Es decir, que el usuario, al cambiarse de compañía, pueda tener la posibilidad de mantener el mismo número. Este tema, si bien no fue eje de las conversaciones con los diferentes sectores, se considera hoy un punto sensible dentro del esquema del proceso. Los que sí se mantuvieron al tope de las discusiones son el régimen de licencias, los cargos de interconexión y el desarrollo del Servicio Universal.

Lo más destacado de la Bicameral

Lo más desatacado de las observaciones del dictamen firmado por la mayoría incluyen en primer término, “que la flexibilidad del régimen de licencias se vea asegurada en forma permanente, permitiendo con ello la entrada al sistema de telecomunicaciones de nuevos prestadores, asegurando al mismo tiempo que no exista tratamiento discriminatorio en las obligaciones de los prestadores existentes y los entrantes”. Para el otorgamiento de licencias recomienda que se elaboren “criterios administrativos ágiles y transparentes, respetando el principio establecido por la legislación vigente, sin dejar de lado la importancia de prevenir que los prestadores entrantes cuenten con una efectiva solvencia técnica y patrimonial”. También la Bicameral se puso del lado del usuario y expresó: Es necesario que se antepongan los intereses de los usuarios a cualquier otro tipo de interés y procure que el servicio prestado tienda a la igualdad de oportunidades de los habitantes, garantizando la expansión de su densidad y rango de servicios, cualquiera sea su nivel de ingreso o ubicación geográfica”. Respecto de la interconexión, la comisión recomienda un total resguardo entre prestadores y que sea el mismo Poder ejecutivo el que instrumente la intervención del Estado cuando las partes no lleguen a un acuerdo por este tema. También dijeron que se propicie una contribución económica al Servicio Universal “sin instituir subsidios que dañen la competencia”. Y en cuanto al Consejo de Administración del Fondo Fiduciario del S.U. se pidió que “se incorpore la representación proporcional de las provincias (Consejo Federal de Comunicaciones) y, respecto de las empresas prestadoras del servicio, se asegure la concurrencia en equilibrio de los prestadores no dominantes con los prestadores históricos y/o dominantes”. En los aspectos laborales se solicitó que “las empresas deberán ajustarse a los convenios colectivos vigentes de la actividad, sin perjuicio de poder discutir con las organizaciones gremiales las modificaciones que se consideren necesarias”. También solicitaron se tenga en cuenta y se mantenga bajo examen la inserción en el mercado de las cooperativas telefónicas a fin de garantizar su capacidad de competir. Y por último, consignaron que “la portabilidad numérica se consagre como un derecho de los usuarios”.