Normalizacion de las FM

Advertencia de la UTPBA

Cuestionan a Pierri por ser parte de las comunicaciones

La Agencia Nacional de Comunicaciones, un organismo dependiente de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba), distribuyó a sus afiliados un documento en el que cuestionó al diputado justicialista Alberto Pierri por sus actitudes respecto de la desregulación de las comunicaciones. El documento expresa textualmente: «El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Alberto Pierri, viene participando de las reuniones convocadas por la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones para analizar la desregulación de las comunicaciones, pese a que es una parte interesada en el tema: posee a través de la empresa Telnet una licencia para operar telefonía básica y pública en todo el territorio nacional. Conocido por haber presidido la Cámara de Diputados durante todo el menemato y por ser el patrón político de gran parte del oeste del Gran Buenos Aires, Pierri también es conocido entre los periodistas y trabajadores de prensa por los salarios y las condiciones laborales que impone en el Canal 26, la señal de 24 horas de información que se transmite a través de la TV por cable. En Canal 26 Pierri viola sistemáticamente todos los convenios laborales, tiene a más del 75 por ciento de sus empleados trabajando en negro, sin aportes sociales, desbarata con despidos cualquier intento de organización y el promedio de los salarios está muy por debajo del piso registrado en todas las empresas de televisión. En el transcurso de esta semana, la Comisión Bicameral convocó a las empresas que actualmente tienen el monopolio de las telecomunicaciones, Telefónica y Telecom, a todas las que obtuvieron licencia para comenzar a operar desde el próximo 8 de noviembre, a los gremios telefónicos y a los funcionarios que redactaron las reglamentaciones para la desregulación. Pierri participó de todas las reuniones como integrante de la Comisión Bicameral y no como un propietario de las empresas que ingresarán al negocio telefónico, que era el lugar en dónde realmente debía haberse ubicado para participar en esas reuniones. Su condición de legislador no le impidió tampoco obtener subsidios oficiales para comprar la empresa papelera Papel de Tucumán; para lograr licencias de emisoras de AM y FM; para que adquiera carácter de «comunitaria» una señal de TV que se emite a todo el país, ni para lograr con el Gobierno porteño un ventajoso acuerdo personal, a través del cual Telecentro pudo comenzar a instalar su tendido de cable dentro de la Capital Federal exceptuada de la legislación que lo reglamenta». Apetecible oeste bonaerense También la Utpba publicó un artículo en el que aludió a lo «apetecible» que se ha convertido para los emprendedores de medios de comunicación la zona oeste del conurbano bonaerense, precisamente el campo de acción del cable de Pierri. El artículo de la Agencia Nacional de Comunicaciones sostiene: «La populosa zona oeste del conurbano bonaernese parece haberse convertido en un territorio apetecible para medianas empresas regionales de comunicación y en donde algunos diarios originarios de otros distritos lanzaron publicaciones con informaciones que abarcan los municipios de la región. El multimedios El Sol -que tiene en Quilmes un diario, dos radios y una operadora de TV por cable- lanzó en la zona oeste el bisemanario de distribución gratuita El Sol Oeste, cuya información refuerza la que mediante la señal local de Cablevisión Oeste, con alcance a buena parte de la población de La Matanza y Morón. En la misma línea, el centenario diario La Unión, originario de Lomas de Zamora, publica desde hace algunos meses un semanario con salida los lunes dedicado a todas las actividades políticas, deportivas y de interés general que se producen en los principales distritos de la zona oeste. Con una concentración de algo menos de dos millones de habitantes, los municipios de Morón, conducido por el frepasista Martín Sabbatella, y el de La Matanza, encabezado por el justicialista Alberto Ballestrini, sobresalen en una región del conurbano bonaerense donde los problemas sociales y económicos que sufren la mayoría de sus pobladores son acuciantes y tienen un alto grado de conflictividad. Una radio y una publicación gráfica de Morón, proyectan fusionarse bajo la modalidad de una alianza estratégica para conformar un multimedio, aunque en este caso impulsado por las necesidades económicas y un mejor funcionamiento de la sinergia informativa. En La Matanza, un desprendimiento del diario NCO que compite con el tradicional suplemento zonal publicado por Diario Popular, dio origen al semanario La Quinta Provincia, dedicado íntegramente a la información local, decididamente opositor al proyecto de dividir el partido en cuatro o cinco municipios y con una abierta tendencia favorable al oficialismo local».

¿Se puede caer la desregulación telefónica?

Denuncia por la designación de Henoch Aguiar en la CNC

La desregulación telefónica, uno de los logros más importantes del actual Gobierno, corre el riesgo de quedar en la nada. Si prospera una presentación judicial que realizó ante la justicia federal el abogado Ricardo Monner Sans, la designación del secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar, podría ser declarada nula y, de esa manera, todos los actos administrativos emanados durante su gestión, carecerían de validez. Monner Sans -gracias a cuyas denuncias se descubrió la causa por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia; está preso el ex titular del PAMI, Víctor Alderete, y en jaque María Julia Alsogaray- realizó una denuncia ante el juzgado federal del magistrado Gabriel Cavallo, en los tribunales de Comodoro Py 2002. En esa presentación, el letrado plantea que «independientemente de las calidades que pueda tener quien luce como mal designado (en referencia a Aguiar)... una deficiente designación en un cargo importante de una persona que se vincula con la Administración Pública convierte a la Argentina en un país internacionalmente poco creíble». Al explicar la presunta designación irregular, Monner Sans entregó al juez Cavallo una fotocopia de documentación atribuida a la CIC, Comisión Interamericana de Comunicaciones, donde se observa una lista de participantes como título y en el cual figura como representante de Movicom, precisamente, Henoch Aguiar, en un evento celebrado en Buenos Aires entre el 25 y el 29 de octubre del año pasado. La Ley de Etica Pública establece que hasta un año después de haber cesado en su tarea de «asesorar o de cualquier otra forma prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste», nadie puede ser designado en cargo público donde se tenga competencia funcional directa. Aquí, según el denunciante, estaría centrada la irregularidad. Henoch Aguiar «habría asesorado a empresas de telecomunicaciones que realizan actividades que por du índole se encuentran reguladas por el Estado», argumentó Monner Sans. Además, recordó que la Ley «quiso recoger una directriz ética: al orden jurídico argentino le repele el ‘lobby’ con tal intensidad que quiere hasta abortar la mera probabilidad del ‘lobby’». La presunta irregularidad en la designación de Aguiar estaría contenida en el artículo 253 del Código Penal. «Será reprimido con multa de 750 a 12.500 pesos e inhabilitación especial de seis meses a dos años el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales». Si el juez Cavallo entendiera que está probado el delito y declarara nula la designación de Aguiar, no sólo éste cesaría en sus funciones y todo lo actuado bajo su gestión sería inválido, sino que -incluso- el presidente Fernando De la Rúa podría tener problemas. Porque el Código Penal contempla multa e inhabilitación especial de seis meses a dos años para desempeñar un cargo público (y la Presidencia de la Nación lo es) para quien «propusiere o nombrare» a una persona que no reúne las condiciones legales para el cargo. Y a Henoch Aguiar lo nombró De la Rúa. Al cierre de esta edición, fuentes judiciales revelaron a R&TA que el fiscal federal Gerardo Di Masi, a cargo de la instrucción de la causa, había ordenado una larga serie de medidas en el marco de la investigación. Y en los próximos días decidirá qué criterio seguir: si desestima la denuncia o la impulsa; en este último caso, podrían comenzar a aparecer nubarrones en el horizonte de las comunicaciones. En su denuncia, Monner Sans no ataca a Aguiar, ni a sus condiciones personales ni a su gestión. «No he tratado jamás a Aguiar... Para el caso es indiferente si su quehacer ha sido o no valioso, ni cuál haya podido ser el objetivo final de su labor. El quehacer de él, teñido por la pertenencia vinculada a empresas privadas explotantes del servicio telefónico, no pudo reflejarse en designación pública antes de cumplirse un año de finalizado dicho quehacer. La ley ni siquiera admite que el mal designado demuestre su independencia de criterio, su imparcialidad o su actividad en plural beneficio de distintas empresas. Se trata de causal objetiva de exclusión», sintetiza el escrito.