Cómo cambiará al país el decreto de desregulación de telecomunicaciones

Luego de muchas idas y vueltas en un esce nario donde predominaron duras críticas por parte de las telefónicas actuales y los demás actores del Estado que dejaron su impresión sobre la desregulación de las telecomunicaciones, el presidente Fernando de la Rúa firmó el decreto reglamentario que permitirá, a partir del 9 de noviembre, la apertura del sector a la competencia y la generación de inversiones superiores a los seis mil millones de pesos. El decreto aprobatorio de cuatro anexos referidos a los reglamentos de interconexión, servicio universal, licencias y administración y control del espectro radioeléctrico, fue anunciado como el instrumento capaz de modificar el mapa económico del país y, fundamentalmente, como el inicio de una nueva etapa de beneficios para los usuarios. Porque según se desprende de las repercusiones que tuvo en las nuevas empresas que a partir de ahora invertirán en la Argentina, las tarifas de larga distancia y las internacionales serán las que más se verán modificadas por rebajas y descuentos especiales. También abrirá un amplio abanico de posibilidades a las empresas, un interesante sector al que ya apuntaron varias compañías extranjeras que se preparan para brindar una extensa gama de servicios a sus nuevos clientes operativos. Sin embargo, los usuarios residenciales de telefonía básica no serían beneficiarios en los primeros meses de grandes cambios. Tampoco las llamadas locales sufrirían modificaciones al menos en el corto plazo. Este aspecto fue uno de los más discutidos en distintas áreas, ya que la mayoría de los ingresos de las compañías provienen de este tipo de comunicación urbana. Hasta el próximo 9 de noviembre, las tarifas de telefonía seguirán reguladas hasta que las empresas dominantes del mercado (Telecom y Telefónica) pierdan el 20 por ciento del mercado. Entre los cuestionamientos más destacados de estos tres meses de revisión de la propuesta del secretario de comunicaciones Henoch Aguiar, figuraron la escasa especificación de inversiones concretas y la falta de garantías en la cobertura, como así también la consecuente creencia de que la desregulación no será el inicio de las inversiones y los futuros puestos de empleo prometidos. Mantener el número Un aspecto de significativa importancia que inquietó a varios legisladores de la Comisión Bicameral del Congreso al momento de analizar la propuesta y que fue adelantado por R&TA en su edición anterior es el de la portabilidad numérica. A partir de ahora, los que decidan cambiar de compañía tendrán la posibilidad de mantener el número, lo que facilita la operación y daría un carácter de identidad al número que antes jamás hubiera sido posible. Esta cuestión también era solicitada por los nuevos jugadores en el mercado, ya que en el segmento corporativo, allí donde los competidores sacarán sus garras para captar clientes, tener que cambiar el número de teléfono era una desventaja para las entrantes. Con el decreto en la mano, Aguiar fijará con las compañías el costo de la operación. Para las empresas dominantes, el costo de la adaptación es de entre 60 y 100 millones de pesos, pero el secretario señaló que la fijación de ese costo será el resultado del estudio que realizarán con las empresas porque “detrás de muchos costos hay un precio pretendido”. Ya fijado el costo, quedará en manos de las empresas que lo presten la decisión estratégica de absorber ellas mismas el costo o trasladarlos a los usuarios. Interconexión y Servicio Universal La sustancia del cargo de interconexión fue ampliamente criticada, pero finalmente salió tal como se proyectó. De los 2,35 centavos por minuto de uso de la línea instalada, ahora se bajó a un estándar similar al vigente en varios países europeos: 1,1 centavos de “peaje” por utilizar el soporte físico de las comunicaciones. Un cambio sustancial en la política de cobertura de las empresas en las diferentes regiones del país es la garantía de ofrecer el servicio universal. Los operadores deberán destinar el 1% de su facturación para financiar el servicio en zonas con escasa densidad de población o poco rentables. Lo que se incorporó en el nuevo marco regulatorio es el sistema de “subasta para la prestación de servicios de telefonía” en las zonas donde actualmente no hay sistemas de comunicación accesibles al ciudadano. Según indicó Henoch Aguiar, “primero se detecta cuáles son las zonas carentes de servicios de comunicación, luego se pregunta a los operadores de la zona si quieren prestar servicios en esa comunidad y si no aceptan se subasta la prestación del servicio en esa zona. La empresa que requiera menor subsidio, será la ganadora”, aclaró. La identificación de las zonas carentes de comunicación será una tarea a desarrollar por el Consejo Administrador del Fondo de Servicio Universal (SU), creado por el reglamento de Servicio Universal, una de las normas más revisada y estudiada de las que integran el nuevo marco regulatorio. El Fondo de SU, que se financiará con el 1 por ciento de la facturación de las empresas del sector, alcanzó en 1999 los 11.025 millones de pesos. Por otra parte, las empresas que brinden servicios en las zonas donde la teledensidad (cantidad de líneas cada 100 habitantes) no sea superior del 15 por ciento, serán eximidas del pago de ese 1 por ciento de la facturación de esa zona al SU, y del 0,5 por ciento correspondiente al costo de verificación y supervisión que hace la Comisión Nacional de Comunicaciones. Esta cuestión de las zonas poco rentables está íntimamente relacionada con el nuevo papel que jugarán a partir de noviembre las cooperativas telefónicas y de electricidad, entidades que se ubican en estas regiones y son los pilares de las economías locales. Estas asociaciones exigieron ser tenidas en cuenta y que sea eficaz la igualdad de oportunidades. Los cableoperadores, por su parte, podrán ofrecer el servicio de telefonía, una posibilidad que, además de consolidar la competencia, ampliará la capacidad de mercado de diferentes compañías proveedoras del servicio de redes de fibra óptica, esenciales para llevar a cabo las nuevas oportunidades de expansión. Licencias y espectro En cuanto a las licencias, que hasta ahora eran por separado de acuerdo con cada servicio (telefonía pública, fija, móvil, datos, Internet) y gratuitas, se resumen en una sola licencia para múltiples servicios de telecomunicación, que incluye la prestación de televisión por cable. El pedido de esta licencia única tiene un costo de 5 mil dólares, pero junto al pedido es necesario presentar el plan técnico y de expansión de la empresa para tener la aprobación final de la Secom. En tanto, las empresas que quieran comenzar a operar en el país deben asegurar una inversión equivalente a dos pesos por cada habitante de la zona donde van a dar servicios. Por otra parte, en la norma para el espectro radioeléctrico se incluyó la novedad de poner un tope a la asignación de frecuencias para las empresas para evitar la concentración de frecuencias en una misma mano. Decreto a estudio Tanto las empresas nuevas como las ya existentes continúan estudiando la letra del decreto firmado por el presidente De la Rúa. Si bien no se descarta que tanto Telecom como Telefónica pudieran recurrir a acciones judiciales debido a cuestiones que todavía no pueden digerir de la nueva normativa, fuentes de la Secretaría de Comunicaciones aseguran que antes de la firma “se previó específicamente el análisis de la letra chica justamente para evitar que esas firmas inicien juicios” al Estado. Tampoco las empresas que entrarán el 9 de noviembre confirmaron un plan estratégico de tarifas y acciones comerciales, porque según aseguraron sus voceros, el “decreto está siendo analizado a fondo”. Lo concreto es que dos de las compañías extranjeras que juntas invertirán casi 800 millones de dólares, AT&T y Metrored, sólo confirmaron que prestarán sus servicios exclusivamente para empresas.