Ya está en Diputados la propuesta del
Ejecutivo para la ley de Radiodifusión

El martes 12 de septiembre entró a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados el ante-proyecto de ley de Radiodifusión que envió el Poder Ejecutivo mediante el Comfer y que se reproduce de manera exclusiva en el suplemento de R&TA. Ahora se espera que las respectivas comisiones de ambas Cámaras evalúen el texto y, luego de algunas modificaciones y análisis varios que se le realizarán, pueda volver al Ejecutivo para la posterior presentación del proyecto definitivo. El anteproyecto debería haber llegado a Diputados a fines de agosto, pero por diversas cuestiones de consulta con los diferentes actores involucrados en el sector que realizaron recomendaciones, recién ahora pudo armarse el texto que ya está en la órbita del Legislativo nacional. Dentro de una sección de la propuesta, el Sistema Nacional de Radiodifusión Pública, no se consignó lo referente a los artículos 104 al 110, un espacio destinado a la televisión. Al parecer, en el Comfer todavía no se habría logrado consensuar con las partes inmersas en este ámbito. La elaboración del borrador de trabajo estuvo a cargo de Luis Lázzaro, Elizabeth Paz, Facundo Solanas y Julio Raffo, todos del Comfer. Estos funcionarios tuvieron en cuenta la legislación vigente en varios países de América y de Europa. Fundamentalmente, la nueva ley cambiaría el concepto de comunicación como de seguridad por el de derecho de la gente. Por su parte, Gustavo López consideró, respecto de la actual ley de Radiodifusión como un elemento que “no satisface las exigencias de la comunidad en general ni del sector en particular por su contenido, por los principios que la orientan y por la desactualización generada por los cambios producidos en los últimos años”. Cuando fue aprobado el texto original, en 1980, las principales disposiciones tenían íntima vinculación con la teoría de la seguridad nacional, una doctrina aplicada por la última dictadura militar de la Argentina. Y hasta ahora, ninguna modificación cambió la sustancia de este concepto. Por este motivo, el titular del Comfer espera que se comience a entender que “la comunicación constituye un derecho humano fundamental y que el derecho a la información adecuada y veraz, como lo establece nuestra Constitución”. Uno de los aspectos que también incidió en la necesidad y la urgencia de la reforma de esta ley es el constante avance en los cambios tecnológicos y que debieron ser tenidos en consideración en la actualidad. De ahora en más, Gustavo López considera que el objetivo inmediato “es promover el análisis colectivo de esta propuesta para recibir las diferentes opiniones que nos permitan mejorarla, cubrir sus posibles omisiones y corregir sus eventuales defectos”. Asimismo, el número 1 del Comfer invitó a los diferentes sectores a elaborar críticas y propuestas para “generar entre todos, el proyecto de ley que, mediante el necesario trámite y debate en el Congreso de la Nación, pueda transformarse en la nueva ley de radiodifusión para los argentinos”.

Emergencia administrativa en el Comfer

Tal como lo adelantara en su editorial del número anterior R&TA, la carencia casi ab- soluta de recursos económicos y las precarias condiciones en que se mueve toda la cuestión radiofónica en la Argentina hizo, finalmente, eclosión. El Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) declaró el 16 de agosto pasado el «estado de Emergencia Administrativa» de la Dirección de Concursos Servicios de Radiodifución, dependiente d ela Dirección General de Asuntos Jurídicos y Licencias. La medida, que ya fue publicada en el Boletín Oficial -por lo tanto, tiene vigencia legal- se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año. La resolución del COMFER establece, además, «suspender hasta la fecha mencionada la tramitación de las denuncias recibidas referentes a emisoras de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia que no cuenten con autorización legal para emitir», aunque a ese respecto, fija varias excepciones. El artículo tercero de la resolución, decidió exceptuar a las denuncias «que se refieran a ainterferencias a aeropuertos, a servicios radioeléctricos utilizados por autoridades nacionales, provinciales, municipales y a licenciatarios». También fija excepciones «en aquellos casos en los que se encuentre en riesgo la vida humana o el cumplimiento de las competencias asignadas a organismos públicos», así cmo «en los supuestos en que este organismo (el COMFER) a través de los funcionarios competentes haya constatado el real funcionamiento de la emisora ilegal». La resolución, firmada por el titular del COMFER, Gustavo López, sostiene en sus considerandos que «en el marco de restricción del gasto público, no escapa al suscripto la escasez de recursos humanos y económicos para atender las múltiples funciones correspondientes a dicha Dirección», por lo cual «en este orden de consideraciones resulta necesario posibilitar la debida atención de aquellos requerimientos que reúnan condiciones de admisibilidad y verosimilitud». «Resulta necesario declarar la emergencia de la Dirección de Concursos Servicios de Radiodifusión para superar la grave crisis que afecta el normal funcionamiento de la misma y propender a la adecuada tramitación de los expedientes, como así también establecer políticas tendientes al saneamiento de la situación aludida», resume la resolución. En los próximos días, vencerá el plazo establecido por el COMFER para que toda denuncia interpuerta por particulares entre el primero de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 1999 sean ratificadas. La Dirección Concursos y Servicios de Radiodifusión inició un proceso de entrega «a todo aquel que se considere afectado por alguna emisora de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia que emita sin contar con la autorización legal correspondiente, de una copia de la resolución que haya declarado la clandestinidad, a fin de que ejercite ante el organismo competente o la justicia federal lo que por derecho corresponda». El COMFER tiene actualmente para su estudio unos cuatro mil expedientes referidos a emisoras de frecuencia modulada que carecen de autorización legal para emitir y «en su mayor parte se advierten graves demoras en la tramitación, sin causa alguna que lo justifique», así como «anomalías en la tramitación». Además, tramitan en la Dirección de Concursos Servicios de Radiodifusión «aproximadamente 1.400 expedientes referentes a permisos precarios provisorios regidos por el decreto 1357/89 y a prórrogas de licencias de radiodifusión».