La juventud uruguaya quiere más acción y menos discursos

“El cambio hacia la nueva economía y la necesidad de una nueva ley que nos permita crecer” fue el nombre del seminario que tuvo lugar el 25 de octubre en el Radisson Victoria Plaza, de Montevideo con el objetivo de delinear la importancia que tiene la Ley de Derechos de Autor en el desarrollo de esta nueva economía que delineó la revolución de las nuevas tecnologías. Durante el transcurso del evento, los jóvenes nucleados en la Fundación Centro de la Comunicación plantearon “la necesidad de un marco jurídico que permita crecer y potenciar al país mediante nuevas inversiones, así como de renovadas acciones y menos discursos”. Los organizadores del evento manifestaron la importancia de delimitar un problema real que vive hoy Uruguay, y que es el alto índice de migración que se registra en su población joven. “Algunos nos quedamos en Uruguay, pero tenemos la necesidad de hacer que las cosas cambien, de que el espacio se abra para nosotros... para ello es indispensable tomar decisiones importantes, y es por eso que necesitamos esta ley”. “Es hora –expresaron- de que los políticos dejen los discursos de lado y las diferencias partidarias y trabajen en conjunto por soluciones rápidas a problemas que nos acontecen”. Un esfuerzo conjunto Al seminario asistieron destacadas autoridades referidas a las diferentes temáticas que se relacionan con la Ley de Derechos de Autor que tanto ha dado que hablar. El Seminario taller versó sobre las ventajas de tener un marco jurídico adecuado para la obtención de capitales de riesgo y seguridad para la dinamización de la economía. La apertura del evento estuvo a cargo del presidente de la Fundación Centro de la Comunicación, Pablo Scotellaro, quien destacó este nuevo emprendimiento llevado adelante por “gente joven con ganas de cambiar las cosas, con gran espíritu de lucha y rebeldía. Es un país que tiene que cambiar mucho para que podamos crecer. Faltan marcos jurídicos y existen monopolios que no permiten invertir”. Posteriormente el director del Instituto Nacional de la Juventud, Alejandro Rico, indicó que “no podemos concebir a un Uruguay que no considere estratégicamente a los jóvenes, los cuales son un pilar. Son quienes están predispuestos mentalmente para asumir esta nueva tecnología y son la herramienta fundamental de la nueva economía. La ley que proteja al autor Inaugurado el seminario, Ronie Lieberman, presidente de la Cámara del Software, fue el encargado de abrir la ronda de disertantes. Realizó una reseña al cambio cultural y de mentalidad que provocó esta revolución económica, por la que antes una empresa valía por su activo fijo. En cambio, actualmente valen por lo que puedan llegar a hacer y por su creatividad, lo que es un valor muy subjetivo. “Al respecto, en Uruguay hay carencias, pero se está haciendo; el sector software ha tenido una gran dinámica, siendo noticia de manera antes impensada. Nuestro país exportó el año pasado 74 millones de dólares, entre 20 de las 170 empresas que conforman la Cámara Uruguaya de Software. Esto indica que hay un gran potencial que no está siendo desarrollado”. Lieberman también expresó que el principal activo de las empresas es la gente, sus recursos humanos, y mucha gente joven que está apostando al desarrollo de esta industria. “En este sector existe muy poca formación empresarial para que los jóvenes emprendedores desarrollen sus ideas. Hay también un problema de credibilidad tecnológica de Uruguay como proveedor, ya que no es concebido como tal. Por último, sin un marco jurídico adecuado no se puede avanzar; existen vacíos legales de todo tipo, al no estar específicamente contemplado el sector software. Si no se protegen los derechos de los autores del área, la industria no se puede desarrollar, lo cual es un problema de fondo al buscar inversión extranjera, por lo que queremos que la nueva ley realmente proteja al autor de software”. La seguridad jurídica Por su parte, Andrés Lerena, asesor letrado de ANDEBU, disertó sobre los Derechos de Autor en la difusión de radio y televisión. Afirmó que a esta altura es “fundamental un marco jurídico que le de seguridad al autor en la actividad que desarrolla”. “Cuando las empresas usan obras de terceros –agregó-, es importante que exista una ley que contemple esa situación, esa utilización, y que establezca la fijación equitativa de las tarifas. El proyecto de ley que se encuentra en este momento a consideración del Parlamento, contempla esta fijación de tarifas”. Destacó que este marco jurídico adecuado debe tener “reglas precisas, claras, concretas, que protejan realmente los derechos de autor”. La prioridad del conocimiento Luego habló el ingeniero Eduardo Hipogrosso, decano de Comunicación y Diseño de la Universidad ORT, quien comenzó remarcando las grandes oportunidades que la nueva economía proporciona a las empresas que tienen conocimiento, dentro de un marco en el cual hay computadoras más pequeñas y conocimientos muy amplios. “La nueva economía es global, porque está llegando a todas partes del mundo con todas las posibilidades. Es intangible, y el poder distribuir sus productos por redes le da una ventaja competitiva. A esto se agrega que las mismas están inmensamente interconectadas, bajo un protocolo común en todo el mundo. Estas características generan un nuevo mercado y una sociedad, que cambian la cultura y las formas de comunicación que hace que las propias empresas repiensen sus procedimientos y sus cadenas de valor y producción. Actualmente el capital intelectual, de la información y las ideas son las que están pesando y le están dando el mayor aporte a las nuevas tecnologías”, dijo. En tanto, Gonzalo Secco, del estudio Ferrer Lamaison, realizó algunas críticas a la ley vigente, y adujo que “no reúne las características necesarias para darle el marco moderno y adecuado que proteja al autor”. Además, manifestó que el proyecto que fue aprobado recientemente en Diputados “da menos facultades al titular de la obra (...) Se restringen las conductas tipificadas en la ley de la década del 30, y no son prevenidas las conductas más agresoras de los eventuales infractores”. Cambiar el proyecto de Ley Por su parte el diputado nacional Gabriel Pais, hizo referencia al proyecto de ley de protección al software que recientemente recibiera la media sanción de la cámara que integra. “Es una ley pacible de críticas pero que se debía aprobar, por eso acepté las modificaciones que fuerzas políticas ajenas a la coalición le hicieron al proyecto original que presentamos. Asimilo la responsabilidad de las falencias que tiene, pero aún se está a tiempo de cambiarlo”, comentó. También expresó que es muy difícil en la ley que se aprueba, la consideración de las penalizaciones que se apliquen a quienes copien software, ya que no existe en la gente la conciencia de que eso es un acto ilícito, por lo que una represión masiva convertiría a la mayoría de los uruguayos en criminales. No más monopolios Cerró el seminario Juan José Camelo, quien realizó la puntualización de cinco medidas que aportarían al crecimiento de la actividad económica en el Uruguay. Reclamó la eliminación de los monopolios, por ser negativos en su carácter opresor y por eliminar la libertad de elección. Agregó que la eliminación de los mismos dará mayor competitividad y una baja en los costos y en la inflación. “Se debe fomentar el aumento del comercio y atraer la inversión extranjera, para lo cual el Presidente Jorge Batlle ha solicitado la mayor colaboración posible de parte de las representaciones diplomáticas del Uruguay en el mundo para promocionar los productos del país”, dijo. Camelo también hizo especial referencia a la utilización de los recursos naturales del país en comunicaciones, como lo son la licitación de diferentes bandas para la transmisión de datos y el arrendamiento de los satélites geoestacionarios con los que cuenta el país, que le cuestan mucho dinero y son prácticamente inutilizados. “Es urgente la necesidad de un organismo regulador de las telecomunicaciones, es imprescindible, ya que los propios operadores no pueden serlo, ya que pueden desplazar fácilmente al competidor y no atraer la inversión. Este organismo debería ser independiente, autopresupuestable y con un funcionamiento durante un período fijo”, concluyó.