En el marco de una crisis formidable, que el gobierno de la Alianza no pare ce -a juzgar por los hechos hasta el momento- capaz de revertir, el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) se convirtió en uno de los pocos estamentos del gobierno nacional que cumplió con eficiencia, pese a las limitaciones, con lo que se propuso y prometió. Cierto es que no se trata de una gestión revolucionaria. Seguramente tampoco podría ser calificada de brillante. R&TA juzga, a partir del contacto cotidiano con la realidad que afronta el organismo, que el balance del primer año de gestión es positivo. Pero la valoración no puede ser independiente del contexto, de la realidad que la circunda. En un país en el que crece la desocupación, la pobreza extrema, la deuda externa, y bajan el poder adquisitivo, los salarios y los índices sociales positivos, el COMFER mostró una política racional y coherente. Con un presupuesto bajísimo, sin el personal que necesita para llevar a cabo sus tareas, con una herencia tan pesada como la que recibió el actual gobierno en cualquier área que se analice, se fijó objetivos posibles y los cumplió. Pese a que ahora está cuestionado por el Poder Judicial, suspendió las adjudicaciones de frecuencias de FM que dictó de apuro el gobierno de Carlos Menem y luego avaló las que consideró legítimas, y revocó las que entendió que no lo eran. Los tribunales deberán decir ahora si tuvo o no razón, pero lo cierto es que para adoptar esas decisiones pidió asesoramiento e información a todos los entes de control y asistencia jurídica que tuvo a su alcance. Comenzó a ordenar uno de los temas más complicados: el de las multas a los medios audiovisuales que constantemente se burlaban de las restricciones que plantea en materia de contenidos la obsoleta ley 22.285. No pudo cobrar las cuantiosas deudas que los medios tenían por, precisamente, esas infracciones. Pero ese dato negativo de la gestión no es achacable exclusivamente a esta conducción: las multas anteriores tenían un indubitable tufillo de elemento de negociación política para obtener segundos en radio y TV, a cambio de hacer la vista gorda ante violaciones a la ley. De cara al futuro, acordó con los responsables de los medios pautas de contenidos que, ahora, deberán ser respetadas. Si no lo son, todo se habrá reducido a una actitud gatopardista: cambiar todo para que nada cambie. Lanzó al debate una nueva ley de Radiodifusión. Pese a los intereses -muchas veces contrapuestos- que se manejan en torno a este tema, un anteproyecto de ley circula por los despachos de todos los interesados en que la Argentina tenga un elemento legal acorde a los tiempos. La nueva promesa es que el proyecto de ley tendrá estado parlamentario en marzo próximo, y que en el año 2001 habrá nueva ley. Ese es el desafío. A contramano de lo que suelen hacer otros estratos gubernamentales, el COMFER se propuso escuchar a la gente, y abrió una línea telefónica 0-800 para conocer quejas, propuestas e inquietudes. Al mismo tiempo, hay una encuesta en marcha para completar ese estudio. Finalmente, prometió y cumplió con la apertura de radios en zonas de frontera, fundamentalmente en escuelas de zonas alejadas en los confines de la geografía argentina, allí donde sólo llegaban emisoras tan foráneas como que eran de otros países o de ese “otro país” que muchas veces es la propia Capital Federal para el interior. Pese a los errores y a las carencias (económicas y humanas) que padeció, el COMFER consiguió que el 2000 fuera bastante más que un año de supervivencia. No es tiempo de descanso sino de redoblar el esfuerzo en el trabajo. El 2001 no puede, ni debe, ser un año igual. El desafío es que sea sustancialmente mejor.