Es por una investigación de cuatro diputados de la Alianza. Se lo acusa de haber beneficiado a familiares y dejar caos en el espectro. El caso de las empresas sin antecedentes y los favores a titulo personal La Oficina Anticorrupción presentó el 6 de diciembre ante el juzgado federal de María Servini de Cubría una denuncia contra el ex secretario de Comunicaciones, Germán Kammerath, por presuntos negocios incompatibles con la función pública. La investigación que llegó al organismo fue realizada por los diputados nacionales de la Alianza, Graciela Ocaña, Atilio Tazzioli, Irma Parentella y Luis Brandoni, que relevaron durante este año la conducta adoptada en materia de asignación de bandas por los ex Secretarios de Comunicaciones, Germán Kammerath y su sucesor, Alejandro Cima, máximos responsables de la política de comunicaciones del país en los últimos tiempos del gobierno de Carlos Menem. La investigación surgió por una resolución de la Secretaría de Comunicaciones, que comanda Henoch Aguiar, en febrero, donde se declaraba en “Estado de Emergencia Administrativa” la gestión del espectro radioeléctrico. Al parecer, las frecuencias en cuestión fueron asignadas mediante el procedimiento de adjudicación directa a empresas que no tenían ningún tipo de vinculación con las telecomunicaciones y que tampoco cumplían con los requisitos básicos para el acceso a dicha tecnología. Sin embargo, junto a una serie de empresas, sin antecedentes, ni experiencia en el rubro, aparecieron otras que sí tenían los antecedentes necesarios y el reconocimiento en el mercado, como una manera de legitimar a las desconocidas. Incluso, algunas de estas empresas fantasmas habrían estado relacionadas con personas vinculadas con familiares ó cercanas al poder político de turno. En la investigación se destaca que “las conductas desplegadas configurarían un acto delictivo que podría encuadrarse dentro del caso de Abuso de autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público y/o Administración Fraudulenta en contra del Estado y/o Asociación Ilícita.” La Alianza tomó la posta Fuentes cercanas a la diputada Ocaña señalaron que el ex funcionario “entregó en forma gratuita el espectro entre familiares y amigos cercanos. Así, durante los años 1997, 1998 y 1999 se llevó adelante un oscuro proceso de adjudicación de bandas del espectro radioeléctrico, sin antecedentes mundiales”. En el informe, la Alianza da cuenta de algunas experiencias en otros países sobre este aspecto. “Brasil, por ejemplo –señala- gracias a su política en esta materia, recauda año tras año millones de dólares. En Perú sólo por la venta de dos bandas de este tipo se obtuvo casi cuarenta millones de dólares. Otro ejemplo se da en el Reino Unido que logró u$s 35.600 millones, más que la suma total de las privatizaciones realizadas por Margaret Thatcher en los ‘80. Y se estima que Alemania recaudará u$s 46.600 millones por seis permisos de este tipo”. El informe que toca de cerca la gestión del ex secretario de Comunicaciones afirma que “no le bastó con entregar valiosos recursos en forma gratuita sino que además hicieron reserva de parte del espectro que actualmente se encuentra utilizado por otros servicios”. El Henoch Aguiar comentó, en una reunión en la Comisión de Comunicaciones de Diputados que “la entrega a título gratuito genera un perjuicio mínimo al Estado de 200 millones de pesos”. Lo primero es la familia La investigación es contundente: “Macrocom S.A. fue beneficiada con una frecuencia en mayo de 1997. Marcos Aurelio Alvarez, ex gerente de control de la CNT y cuñado de Germán Kammerath, figura como presidente de esta empresa en un documento de asamblea de accionistas. En febrero de 1999 Winstar Communications Inc. compra por más de siete millones de dólares dicha frecuencia que había sido otorgada a título gratuito. En la actualidad, Marcos A. Alvarez mantiene participación en dicha empresa mediante Comfast S.A. con un 5% del patrimonio, y de la cual es presidente”, señalan los hacedores de la presentación. A título personal El caso de Raúl Corletti, tomó relevancia por ser el único beneficiario de bandas a título personal. Según confirmaron en diputados, “Corletti es uno de los enlaces del Ejército con el Congreso de la Nación y desde la CNC se preocuparon especialmente en mantener informado sobre la marcha de su solicitud al Teniente Coronel Gustavo Gorriz, quien fuera edecán de Carlos Menem y que es amigo del adjudicatario. Prueba de eso es el fax que consta en el expediente tramitado en la CNC, en el que claramente se puede ver con quién se mantenía la comunicación”. El informe cuenta que “Mercury Communications, empresa reconocida en el sector, encontró en esta persona la puerta de entrada para acceder a la ubicación tan codiciada en el espectro. Y así, de un día para el otro pudo pasar de ser enlace del Ejército en el Congreso a socio de una empresa de la magnitud de la nombrada”. Sin antecedentes Como resultado de una extensa revisión a la gestión del ex funcionario, los legisladores encontraron que “muchas de las empresas que fueron beneficiadas con estas frecuencias no poseen antecedentes, experiencia ni respaldo patrimonial como es el caso de Trunking Río Cuarto S.A. y Trunking Junin S.A., que en tiempo récord se les otorgaron las licencias”. “En sus balances no registran actividad comercial alguna y justifica el patrimonio mínimo de $1.000.000 a través de la transferencia accionaria realizada en favor de empresas creadas en el Gran Caimán que tampoco tienen experiencia acreditada en el rubro. Tampoco presentan balances y solo acreditan su patrimonio mediante una simple hoja sin membrete, ni firma que presenta un patrimonio neto de U$S 1.000.000 a través de la integración de aportes a futuro”. Según informaron allegados a los diputada Ocaña, “otro caso que presenta condiciones similares a los anteriores es el de Televoces S.A. El expediente fue iniciado el 25 de noviembre de 1999 y luego de pasar aproximadamente por una decena de oficinas y secciones y en el plazo récord de 12 días se le adjudica la banda el día 7 de diciembre del mismo año”. Un dato por demás inquietante revela que en los días anteriores al traspaso del gobierno se habrían entregado por este método al menos 7 bandas. En muchos casos ni siquiera se habrían percatado de que algunas ubicaciones ya habían sido asignadas dentro del espectro a otras empresas.