La Argentina bien vale para los opues tos. Con más de 330 mil direcciones en Internet “.ar”, se convirtió en el cuarto país en registrar más dominios. Pero esa cifra está lejos de ser interpretada como una increíble expansión: la política de administración de dominios ha sido obsoleta y muchas direcciones fueron repartidas a diestra y siniestra sin ningún tipo de regulación. Por eso ahora vino el desborde y la Argentina, recluida en una realidad por demás ambigua, busca la manera de cobrar por registrar un página en la red de redes. Hasta hace poco tiempo, cualquier persona podía ser titular de un “.ar” con sólo llenar el formulario de NIC-Argentina, la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto encargada de administrar el dominio local de Internet. Para realizar el trámite no se exigía pago alguno de arancel y los datos personales consignados bien podían no ser fidedignos. El único requisito era suministrar el número IP del servidor donde se alojaría la página. Este vacío regulatorio fue alimentando la cantidad de registros año tras año, pero a principios de 2000 el sistema ya se veía desbordado. A partir de enero, la Cancillería comenzó a recibir un promedio de 3 solicitudes de dominio por minuto, llegando a picos de 43 mil por mes, lo que puso en jaque la capacidad económica y operativa de los recursos que el organismo tenía destinados al manejo del sistema. La organización, preparada para atender 5 mil solicitudes mensuales no daba abasto, y se precisaba un aumento de terminales, de personal y de nuevos elementos de comunicación al usuario, entre otros factores. Con miras a poner en orden la situación, la Cancillería aprobó en agosto la resolución 2226/2000 para la Registración de Nombres de Dominio Internet, a ser utilizada por el servicio del NIC Argentina. La misma imponía la obligación de presentar DNI, CUIT o CUIL para solicitar un “.ar”, y determinaba la renovación anual de los dominios, computado a partir de la fecha de inscripción. Sin embargo, y a pocas horas de emitir esa medida, el Ministerio decidió dejar “en espera” el artículo 5 de esas nuevas reglas y suspender por tiempo indeterminado la caducidad de los registros. El enorme caudal de solicitudes estaba demorando los trámites de delegación de dominios y el organismo no quería aumentar el problema sumando la gestión de renovaciones. “Antes de empezar a renovar, primero hay que ponerse al día con los casos pendientes, y no tenemos gente para implementar las dos cosas”, señalaron fuentes de Cancillería. Si bien el requisito de la identificación pone un rasgo de seriedad en la operatoria, la resolución del Ministerio también impulsa dos temas que hacen a la problemática del sistema: el arancelamiento de los registros y la creación de instrumentos para resolver conflictos entre marcas y dominios. Desbordados Cuando en 1987 la Cancillería se hizo cargo de la administración de los dominios locales el panorama sobre Internet era muy diferente al actual. La Red estaba dando sus primeros pasos, con un alma académica y científica que era ajena a la faceta económica que finalmente terminó adquiriendo. Pocos imaginaban por aquel entonces que los dominios serían el “oro negro” de Internet. El libre albedrío derivó en la ausencia absoluta de restricciones para obtener un dominio y fue la fuente del desborde que hoy vive la Cancillería, pero también fue el detonador de otros problemas. Desde aquella época, los 328 mil dominios existentes no se repartieron equitativamente, pues están en manos de poco más de 69 mil titulares. Existe incluso el caso irrisorio de una persona que obtuvo por si sola cerca de 27 mil registros. Otro dato sorprendente es que únicamente el 20 % de los dominios “.ar” están activos. Además, el anonimato que hasta ahora caracterizaba el trámite alentó las prácticas de “cybersquatting” donde muchos usuarios se apropiaban de nombres vinculados a marcas o personas de conocimiento público para después comercializarlos a sus verdaderos dueños. En la Argentina no hay una legislación que asocie los dominios de Internet con marcas, por lo que el NIC no acepta responsabilidades por los conflictos de propiedad intelectual que puedan surgir. Sin embargo, la reciente resolución del Ministerio parece abrir camino hacia el fin del problema, ya que dispone la elaboración de una propuesta para crear una instancia prejudicial de resolución de controversias. Además, desde el organismo se recomienda que los afectados por un caso de usurpación de nombre deben “accionar legalmente contra los squatters, porque siempre se achican frente a una demanda y la Justicia ha sido sumamente expeditiva en estos casos”. Si bien la exigencia de presentar alguna documentación puede depurar el parque de dominios, que evite los registros inútiles y el robo de nombres, ciertos sectores vinculados a temáticas de Internet ven la medida como una solución parcial a la crisis del sistema. Para muchos, incluida la Cancillería, la solución pasaría por el arancelamiento. Aunque nadie lo diga, por los pasillos del Ministerio saben que el cobro de los dominios es el principal instrumento para lograr “el orden y la racionalidad” necesarios para el control de la situación. Y ya se dieron señales de ello. El cobro como solución La resolución 2226 encarga a la Dirección de Informática, Comunicaciones y Seguridad del organismo el estudio sobre la posibilidad de implementar el arancelamiento del sistema. Una tarifa anual, que se estima similar a la que se cobra en Estados Unidos, podría impulsar la baja de miles de registros inutilizados, poniéndolos a disposición de quienes tengan fieles intenciones de sumarse a la Red, y lograría desalentar a los squatters, que ya no verían el hurto de nombres como una práctica redituable. El cobro de un arancel podrá ser un buen instrumento regulatorio, pero algunas entidades vinculadas a Internet, como el Capítulo Argentino de la Internet Society y la Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea, consideran que el NIC debe dejar de estar en manos de la Cancillería. En América Latina, sólo Cuba y la Argentina tienen la registración de dominios a cargo de una dependencia del Estado. El resto ha seguido el ejemplo de Estados Unidos, que derivó esta actividad en entidades privadas, como Network Solution. Si bien hay rumores sobre la posible conformación de una entidad no gubernamental sin fines de lucro que tome la administración de dominios, lo cierto es que esa actividad hoy está dejando los despachos de Cancillería. Un decreto presidencial de marzo de este año definió la transferencia de las funciones de NIC-Argentina a la Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva, en el área del Programa Nacional para la Sociedad de la Información, a cargo de Roberto Zubieta. El traspaso es aún un mero formalismo, porque Cancillería conserva aún la soberanía sobre el sistema de registraciones. Pero se espera que, para principios del año próximo, la Secretaría ya esté a cargo de esa tarea y cuente con el arma del arancelamiento para resolver una situación que, todavía, no parece bajo dominio.