La conformación de un sistema federal desarrollado por la población hasta el territorio de lo municipal y aún más, hasta el último pueblo o localidad de menor cantidad de habitantes en cada rincón del país - cubriendo el espacio disponible con radios y canales de TV de baja potencia - ha sido uno de los procesos más democráticos y legítimos de la vuelta de la Democracia desde 1983. Las licitaciones y concursos de la inmensa mayoría de emisoras «legales» se habían realizado bajo gobiernos «de facto’ durante décadas y cada licencia legal estaba viciada de ilegitimidad ¡hasta los tuétanos! dado que los gobiernos dictatoriales habían concedido los medios al llegar al 80 y tantos por ciento de sus mandatos y entregado la posesión de los mismos al pasar el 90 y tantos por ciento de su tiempo de gobierno, por lo que cada uno de los concursantes ganadores lo era en función de la confiabilidad que tenía con estos golpistas y en la medida en que, durante los siguientes períodos democráticos preservaran la ideología y defendieran los intereses de los grupos que lo habían elegido. Cuando vuelve la democracia en 1983, los concursos se suspendieron, hasta más ver, junto con los planes técnicos existentes (PLANARA - 1984) y por otro lado, si hubiera una buena razón para barajar y dar de nuevo, se había terminado de una buena vez la Dictadura militar del Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). La sociedad civil era libre de darse una legislación propia pero resultó débil , primero, para enfrentar la presión de los grupos encaramados en los medios que habían sido puesto por los militares tiranos avalados por el establishment económico y segundo, débil para consensuar una política en común con los sectores del pueblo más proclives a llegar a un acuerdo como era el caso de los Consejos Federales de Comunicación Social, de Comunicaciones, de Cultura y Comunicación; Argentina en Comunicación, el espacio Audiovisual nacional, etc. que al llegar al gobierno no tuvieron verdadera influencia y fueron paulatinamente acallados y manipulados hasta desvanecerse. Así las cosas, desde 1986 se desarrolló una radiodifusión de baja potencia similar a la que se había expresado en otros lugares del mundo como Francia, Inglaterra e Italia y que, de alguna manera habían sido absorbidas por los sistemas de sus países entendiéndolas como expresiones auténticas o a domesticar, fruto del desarrollo tecnológico de bajo costo y de las nuevas posibilidades de un mundo que dejaba de tener planteos antagónicos que pusieran en peligro sus estabilidades políticas. Como sabemos la legalidad en países jurídicamente formales y políticamente débiles ampara el derecho de los que tienen poder y desampara a aquellos que no lo tienen. Durante el proceso de concentración económica iniciado en los ´90 donde aumentó la riqueza de los ricos y también aumentó la pobreza de los sectores más pobres de la sociedad argentina, la única estrategia posible que se dieron los sectores más dinámicos de la democracia fue poner en el aire medios de comunicación de bajo costo y baja potencia que permitieran el acceso de sus poblaciones a la intercomunicación local y de pequeñas regiones adyacentes con la oposición de las crecientes multimedia, que no eran tentadas con compensaciones serias para ellas como un plan gubernamental estratégico para darles un impulso rumbo al MercoSur y luego al mercado latino de EE.UU. (teniendo en cuenta que se logró la posibilidad compartida con ellos de enviar señales satelitales al hemisferio norte) ya que esto hubiera servido a una estrategia nacional de integración en el marco de la Patria Grande Iberoamericana y en cambio, el gobierno fue, paulatinamente, cada vez más proclive a escuchar la voz de los poderosos inversores extranjeros en este sector estratégico tales como TCI, Telefónica, el Citycorp, Prime, Cisneros, cuyo interés era el mercado interno de la Argentina y para ellos la integración Sudamericana y el MercoSur eran espacios rivales del ALCA que era su verdadera estrategia de incorporación. Solo así, sin contubernios políticos de mezquinos intereses y al desamparo absoluto de la mirada estatal, sin subsidios, sin ayudas y sin publicidad los medios locales de baja potencia pudieron irrumpir en la Democracia para darle un respaldo civil al gobierno democrático de Alfonsín, frente a las presiones militares, todavía vivas, por entonces, y darles una respuesta local, a escala humana, a la irrupción de los medios via satélite que taponaron el cielo argentino, durante el gobierno de Menem, oponiendo su mensaje local de identidad cultural propia a quienes traian el mensaje de las centrales multimedias de Hollywood y Miami, con su aporte de cultura macdonalizada y aún en estas condiciones poco propicias, de desarrollo tecnológico casero aplicando los principios de la «tecnología conveniente» y con escasa experiencia y formación comunitaria de comunicación pudo generar entre 50.000 y 70.000 puestos de trabajo precarios, para el deseo de los sindicatos, la DGI y SADAIC, pero vitales para muchas personas e instituciones del pueblo y aún para los estudiantes de comunicación de todo el país que, sino, se hubieran recibido para caer por el vacío. Como todos sabemos también, la clase políítica amparó estos pequeños medios locales pero nunca renunció a la hipocrecia de apoyarlos entre bambalinas hasta que, finalmente, todos se acostumbraron a su existencia. Habían pasado casi 10 años y estos medios ya ocupaban un lugar importante entre las instituciones más instaladas y prestigiosas de cada ciudad para toda una nueva generación de jóvenes que habían crecido a su sombra o luz, sería mejor y más justo decir. Durante la etapa de Leon Guinzburg en el COMFER estos medios habían comenzado a institucionalizarse bajo la instrucción de uno de los artículos de la Ley Dromi de reforma del estado y eran protegidos por Claudia Bello desde la Secretaria de Relaciones con la comunidad en el Ministerio del Interior (recuerdo un Congreso que hicimos desde la Secretaria de Comunicación Social del Consejo Nacional del PJ donde asistieron 498 radios desde Puerto San Julian, en el Sur, hasta La Quiaca en el Norte, al que vinieron a hablar Jose Luis Manzano como Ministro del Interior, Eduardo Bauzá como secretario general de la Presidencia, y Roberto García el secretario general de los taxistas que por entonces ejercía interinamente la presidencia del Justicialismo a nivel nacional y donde León Guinzburg y el entonces Secretario de Comunicaciones conversaron durante toda una jornada con los radiodifusores clandestinos y Guinzburg compartió al final del día un asado con los canales de TV de baja potencia (no-autorizados) y a la que se fueron sumando paulatinamente el Ingeniero Miguel Pesado y todo su equipo de la SECOM, Iris Morera de Justo, Mazza el Director de Comunicaciones de La Plata y las nacientes Asociaciones de radiodifusores que habíamos propiciado con Jose Torres de la UNLZ y Rafael Arrastía desde nuestra Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Acción Social de la Pcia. de Bs. As. primero con Alberto Cormillot de Ministro y luego con Rafael Romá que fue con quien hicimos la experiencia de 8 hs. del canal 4 de La Plata con los equipos del Canal 4 de Alejandro Korn y la colaboración de Ricardo Leguizamón, Juan Carlos Añón y la gente de la carrera de Periodismo y la de Bellas Artes de la Plata, y luego desde la Dirección Nacional de Radio y TV en la Secretaria de Cultura de la Nación con Martin Oyuela Julio Bárbaro y Luis Durán, con quien luego continuamos en el PRONDEC donde habíamos decidido hacer una trinchera en su defensa con las experiencias del canal 4 de Mendoza y el canal 5 de Recoleta. El derecho había incorporado la experiencia del «recurso de amparo» con los dres. Nelson Bugallo, Horacio Martinelli y Damian Loretti basado en la lucha de las asociaciones ARCO, ( las comunitarias), ARLIA, (que soñaba, ilusamente, asimilarse con ARPA), y luego otras como ASSARP (muy bien conducida por el Dr. Sergio Provenzano -más ligado al radicalismo- y Santiago Camarda) y ATECO (de los canales de baja potencia conducido por Ricardo Leguizamón), luego continuado por el grupo de Señales Argentinas (con Guillermo Santos de los canales 4 de La Plata, Jorge Dominici y Victor Schajovitch del 6 de Lomas, Carvallo del 3 de Tigre, Raul Carricart del 4 de San Telmo, canal 6 de Burzaco con el Ing. Nicolini, Ruben Bedini de canal 5 de Wilde, Carlos Miglioranza, del canal 6 de Ramos Mejía, David Digan de canal 6 de Santa Cruz, Edgardo Sanchez del 11 de Paraná ( De hecho es en el canal 11 de Paraná donde los candidatos a gobernador se enfrentan antes de las elecciones, porque el otro canal, el 9, privatizado por Jorge Busti a favor del entonces grupo Romay, es una simple repetidora del Canal Azul de Buenos Aires), Pedro Rico de canal 3 de Santa Fe, los de Rosario, Misiones, La Pampa, etc. que se iban consolidando), de tal manera que ya hay canales abiertos de baja potencia que están, cumpliendo su décimo año de existencia laboral, comercial y en comunión con la gente de su zona y no pueden desconocerse ni aún para abrir el canal 4 de la ciudad de Buenos Aires barriendo a los demás, alegremente, del aire , hasta tanto no se defina políticamente adonde se los va a poner ( si es que hay que ponerlos en algún otro lugar que los que ya tienen y estaban disponibles para que ellos lo usaran, con todo derecho) para no interrumpir su legitimidad de diez años, ya. Cuando llega el grupo de Delgado al COMFER y luego de una experiencia trunca con la interventora Tezón, el periodista Aiello decide organizar y emprender los concursos de algunas radioemisoras, siguiendo la tonta lógica de sacárselo al pueblo para dárselo a los sectores pudientes de la zona. A su criterio otorga licencias a troche y moche acusado de favoritismos y de absoluta y poco creíble discrecionalidad. Apenas asume la Alianza, un abogado sin experiencia en el tema radiofónico, Gustavo López, suspende el resultado de estos concursos y comienza a tejer su propia trama de intereses y «transparencias». Nosotros hemos pedido al COMFER desde la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación que se nos informe del estado de esa suspensión y si se han confirmado algunas de esas concesiones y por qué y si se han descartado definitivamente otras y también el porqué. Todavía es temprano para su respuesta. Nuestra sensación y nuestra conclusión es que todos estos manejos tanto en manos de unos como de otros no son suficientemente claros. El establishment financiero necesita convencer a la población de sus paradigmas y por lo tanto necesita de medios para difundirlo y solo el pueblo es capaz de conversar igualitariamente poniendo su propia experiencia cotidiana «en el aire». Sin embargo solo los representantes del establishment parecen gente seria a la que hay que conformar y el pueblo parece como «apoderándose» indebidamente de las frecuencias disponibles hasta convertirse en «transgresor» de la legalidad o peor, «clandestino» o «trucho» a pesar de estar en el ejercicio de sus legítimos derechos. El establishment, los sectores representantes del Poder financiero internacional, de los grupos económicos sospechados en sus países de origen, por «lavado del dinero del narcotráfico o de la venta de armas» son considerado, como Suiza (que también vive del dinero del lavado, de la venta de armas y de los canutos de la corrupción mundial), el centro de la armonía, la decencia y la legalidad. Hace poco, al discutir el borrador enviado por el ejecutivo nacional, para ver la factibilidad de sancionar una nueva Ley de radiodifusión, Cristhian Jensen -asesor del diputado justicialista Pablo Fontdevila de Tucumán, resolvió la vieja disputa entre considerar la radiodifusión como: «de interés público’ contra quienes quieren declararlo directamente como un «servicio público» y dijo «la radiodifusión es un bien «del Pueblo» y como tal hay que administrarlo, cuidarlo, protegerlo y asegurarlo. ¡genial! ¡sabio! Y es así, hay que abandonar la hipocrecía de considerar legales los ‘tejes manejes» del gobierno de turno, títeres del lobby de los poderes permanentes a disposición de los intereses creados, para interpretar la comedia de la legalidad y finalmente, aceptar, con humildad, que la única legalidad es la legalidad del pueblo, y que es el pueblo el único dueño de la legitimidad frente a todos estos vivos y aprovechadores que cuelan en la ingenuidad o venalidad de los funcionarios de turno. Que no son los requisitos del dinero ni del patrimonio lo que asegura la calidad humana de un radiodifusor y que su conducta al frente de su medio de comunicación, todos estos años de democracia, es prueba suficiente de su idoneidad y civilidad al servicio de su comunidad; que por fin deben leerse y ameritarse las carpetas acumuladas donde figuran la opinión de las entidades sin fines de lucro de su comunidad como razón suficiente para saber si el radiodifusor cumple su cometido con su comunidad local, y dejarse de hacer el ridículo frente a la historia con las morisquetas de una legalidad que solo adquiere su presencia para el establishment cuando colma sus deseos y prerrogativas ya que todo el mundo sabe- y los que no, tienen ahora una nueva oportunidad para aprenderlo- que la ley tal como se la define en una etapa de concentración de la riqueza y desnacionalización de la soberanía, la cultura y la economía, es creada por los poderosos de adentro y de afuera, para proteger sus indebidos privilegios, como ha sucedido con la irrupción ilegítima (a todas luces), del capital extranjero a la posesión de los medios de comunicación privados nacionales. Tal como figura en el programa de gobierno del “Polo Social” que conduce el padre Luis Farinello en su punto 37 dice “ En relación a los medios privados tanto en la difusión por aire, como en el marco de la radiodifusión, se deben blanquear de inmediato las 3.300 radios de AM y FM existentes y los más de 100 canales de baja potencia, ampliando a todas las frecuencias disponibles la disponibilidad para que el pueblo de todas las ciudades y localidades del país, no importa el tamaño, tenga acceso a instalar radios AM y FM y canales de TV por UHF, VHF o digitales, ya que la comunicación es un derecho de las personas sostenido desde la misma Constitución nacional y el Pacto de San José de Costa Rica que el estado debe asegurar como tal, más allá de cualquier consideración económica, comercial e industrial. Así deberá considerar el desarrollo de la distribución satelital tanto para los medios comunitarios como para todas las redes privadas, comunitarias y estatales entre sí y también para ir integrando los medios con los países hermanos de la Patria grande. En Argentina, hay que volver a ciertos valores de la hombría de bien tales como el de ser valiente y firme ante las demandas indecentes e indebidas de los poderosos y flexible y generoso para con los derechos legítimos y las demandas de los más débiles, ya que, lo contrario a esta regla, suelen lograrlo, incluso, los cobardes y mediocres zampatortas, con buenas notas. Que hay otras instituciones centrales que hay que proteger en la Argentina y responden al nombre de Libertad, Pueblo, Familia, Amigos, Justicia social, Persona, Patria. (*) Martín García es asesor del Bloque del PJ en la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación