Mientras legisladores oficialistas y opositores reclaman la derogación y el tratamiento parlamentario del decreto, el Gobierno salió al cruce de la pelea y todavía no definió cómo instrumentará el Sistema Nacional de Medios Públicos, que engloba a Canal 7, Télam y Radio Nacional. Los sindicatos amenazan con juicios y nadie puede precisar si a partir de la merma en el presupuesto el multimedios podrá mantenerse sólo con publicidad y no despedirá gente. Las justificaciones de Darío Lopérfido irritan a la propia Alianza y nadie sale a apoyar la medida en forma explícita. Mario Cella es el principal candidato a comandar el polémico proyecto.

A más de dos semanas de haber salido el decreto que creó el Sistema Nacional de Medios Públicos, que abarca la unión de Canal 7, la agencia Télam y Radio Nacional, el Gobierno todavía no especificó cómo será el funcionamiento concreto de este multimedios oficial. Se enfrascó en una dura puja política con el Congreso que cada día desgasta más el entendimiento y poco se ha definido aún sobre cuestiones de instrumentación efectiva, como el inicio de las actividades, la puesta en funciones de la gente y el reordenamiento interno de los tres medios que componen el Sistema. Si bien se comentó que Télam se mudará a Canal 7 para que el edificio de la agencia sea puesto a la venta y así aprovechar el espacio de la emisora, lo único certero es que Radio Nacional no se moverá por ahora de sus históricos estudios de Maipú al 500. El secretario de Cultura y Comunicación y gestor del multimedios, Darío Lopérfido confirmó que el traslado de la emisora sería en una segunda etapa. “Sería una pena perder la calidad de los auditorios para los conciertos de música en vivo que implementa la radio”, dijo, a la vez que garantizó la conservación del inmueble para museo de la radio y la televisión argentina. Ahora más allá de cuestiones inmobiliarias, lo real es que cada vez es más incierta la fecha para que el SNMP comience a funcionar con una política y administración unificadas comercialmente. Los más cercanos a la Secretaría de Cultura sólo se atreven a confirmar que será una cuestión de “tiempo”. Pero si hubo algo que no tardó en arder, fueron las incertidumbres que deja la merma constante en el presupuesto estipulado para el multimedios y que ya movilizan a diferentes sectores vinculados a la comunicación. La gran incógnita que se postulan algunos legisladores oficialistas es la de saber si se garantizará que el Sistema se autofinancie con la publicidad que pueda rescatar y si este recorte gradual en los gastos de funcionamiento afectará a la masa laboral.

Críticas y apoyos parlamentarios

Una de las legisladoras que más se plegó a la discusión política en torno a la creación de este medio es la diputada frepasista Irma Parentella: “Me parece que hay una reducción exagerada del presupuesto (este año manejará 57 millones, pero en 2003 bajará a 24 millones de pesos).

Con lo cual uno tiene que pensar tres variables: lo van liquidar, van a echar mucho personal o se va a sostener únicamente con publicidad”, expresó. Parentella, al igual que el entrerriano y presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara Baja, Arturo Etchevehere, sostiene que la creación de un sistema de medios públicos debería haber sido tratada en el Congreso y calificó al decreto firmado por el presidente Fernando de la Rúa como “autoritario”. Los dos legisladores defendieron el trabajo realizado en el parlamento con la sanción de la ley que creaba el ente autárquico de Radio y Televisión Argentina (RTA) y que vetó el Presidente a los 18 días de haber asumido el poder. “Puede ser –dijo Parentella- que lo vete de manera parcial, pero no total, y ahora, cuando Lopérfido sabía que no apoyábamos la idea del decreto se descuelga con esto, una medida muy inconveniente, luego de muchos años de manipulación de los medios de comunicación y con una política que no ayuda a dar la imagen de amplitud que debe dar la Alianza”. También confirmó que va a presentar un proyecto para que el asunto se trate en el Congreso una vez que comiencen las sesiones ordinarias, el 1º de marzo. Mientras tanto, devolvió munición gruesa al Gobierno y dijo que “esperaba ver un proyecto de ley de Radiodifusión antes de fines de año”. Por eso ahora señaló que trabajará para sacar una ley que incluya a los medios públicos. Lejos de esta postura y muy cerca de los mundillos de la Casa Rosada, el titular de la Cámara de Diputados, el radical Rafael Pascual, al igual que el presidente del bloque, Horacio Pernaseti, fueron uno de los pocos defensores del decreto. Dijeron que la Alianza no cuestionaba la medida y que está a favor de los decretos reglamentarios del Ejecutivo. Asimismo, Pascual apeló a la ironía frente a la postura de sus pares críticos. “Puede ser que necesite una partida extra presupuestaria, pero también puede ser que de superávit”. Ahora, si de hablar de dinero se trata, el diputado justicialista Mario Das Neves lleva la delantera. En un principio, junto con sus pares de bloque, rechazó de manera enérgica el decreto y dijo que iba a ser la “caja negra” de la campaña de la Alianza. Después fue más específico: “El secretario (Lopérfido) quiere quedarse con el control de 130 millones de la publicidad oficial”, sostuvo. Pero no sólo de ese lado provinieron las críticas al Gobierno. Los senadores justicialistas alzaron la voz de queja y mediante su jefe de bloque, el sanjuanino José Luis Gioja rechazaron de plano la medida. Dijeron que ni bien se habilite la primer jornada van a pedir la derogación y, al igual que sus opositores radicales, solicitarán que la ley de RTA sea tenida nuevamente en cuenta a la hora de hablar de medios públicos. En tanto, el presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara Alta, Eduardo Angeloz, aún no se pronunció al respecto y todavía se encuentra en Córdoba. Si bien se descarta que Angeloz se oponga de manera tajante, tampoco mantendría el papel de defensor explícito. Es un hombre que suele amoldarse a las decisiones del bloque y no se espera una postura dura de su parte.

Brandoni ataca y Lopérfido se defiende

Si bien comparten la estadía en Córdoba al igual que su correligionario Angeloz, debido a que protagoniza la obra de teatro Art en Carlos Paz, el diputado Luis Brandoni ya tomó el timón de la disputa y se convirtió en el más opositor de los oficialistas. El presidente de la Comisión de Cultura dijo haber sido “censurado por la agencia Télam” por no haber emitido declaraciones suyas donde rechazaba el decreto presidencial. Y estimó que no estaba de acuerdo con la idea de que se pretenda establecer desde el gobierno una competencia con el sector privado. La llamarada que lanzó Brandoni perforó en lo más íntimo de los miembros del Ejecutivo, los que, en la voz de Darío Lopérfido salieron casi al instante a contestar y defender el conflictivo sistema creado. En declaraciones radiales, el secretario de Cultura ironizó: “Respeto todo lo que hizo Brandoni por los medios del Estado Nacional, pero me enoja que justo haga estas declaraciones desde Carlos Paz, cuando está haciendo una actividad privada, y no está aquí para discutir. Además, es una opinión personal de alguien que se insubordinó a su jefe de bancada” (sic). Por otra parte, y un poco más alejado de estos entredichos y dardos, Darío Lopérfido tomó las riendas de la defensa oficial. “El decreto se hizo –explicó- en el marco de la más absoluta legalidad por parte del Ejecutivo en cuanto a la creación de sociedades del Estado (ley 20705). No es de necesidad y urgencia, no reemplaza a una ley. No encuentro contradicción, lo que encuentro es un escenario que les sirve a algunos para hacer política”, expresó. “Me parece que la vía legislativa –continuó- a la que respeto mucho, debe empezar a actuar ahora, porque en realidad, el decreto lo que hace es crear una única empresa, una unidad de criterios administrativos que permita bajar costos, darle mayor competitividad a la empresa a la hora de vender sus servicios”. También admitió que los contenidos conceptuales que debe tener una empresa del Estado tienen que ir en el marco de la ley de Radiodifusión. Para él as regulaciones en términos de contenidos, de garantizar el pluralismo informativo, son estrategias de control parlamentario. “Estas cuestiones prometo incluirlas en el proyecto de ley de radiodifusión que enviaremos al Congreso en marzo”, explicó. El secretario sostuvo que, “luego del saneamiento económico que se hizo de las empresas, la potestad del Poder Ejecutivo en término de las administraciones es indiscutible. Esta reforma estructural no necesitaba de una ley. Ahora si necesita regulaciones vinculadas al contenido y al control parlamentario que sí tienen que ser por ley”. Lopérfido sabe bien que no quiere “una lógica conceptual en donde el medio privado es inteligente y el público es tonto. No me gusta que el Estado tenga que sostener empresas y tirar plata a un pozo y que nunca se pueda hablar de competitividad. Y con esto no digo que quiero entrar al mercado privado: no voy a poner un programa de chismes para competir con otro canal. Lo que sí creo es que determinados parámetros de televisión y radio de calidad son competitivos porque tienen nichos en la población a los que les interesa eso. Una de las funciones de la nueva empresa es incorporar contenidos a Internet y que esto le permita vender esos contenidos a sitios de la web para tener mejor financiamiento”, comentó Asimismo, definió el perfil de lo que cree ser competente: “Las producciones de calidad-dijo- tienen naturalmente sponsors que entienden que su target es justamente eso: una apuesta a la cultura y que no les importa poner publicidad a un programa de 30 puntos. Es una mediocridad argentina dejar todo como está y arrojarse como buitres para sacar la mayor tajada. Hay que pensar en los ensanchamiento”. Pese a este tipo de explicaciones, aún no se ha conciliado un espíritu de apoyo a la gestión del Gobierno al frente de los medios. El sector privado se mantiene cauteloso frente a cada palabra oficial y, a pesar de la artillería pesada que apareció desde el Congreso, muchos legisladores esperan en silencio que se cumpla el viejo anhelo de tener una radio y televisión pública de calidad ante el mundo.