Promesa tardía, promesa incumplida

De la misma manera que una justicia que llega tarde es una injusticia, un anuncio que no se cumple en término pasa a ser, automáticamente, una promesa incumplida. El COMFER anunció para diciembre del año pasado el envío al Parlamento de un proyecto de ley de Radiodifusión que pusiera fin, de una vez por todas, a la a estas alturas ridícula ley 22.285. Ese primer plazo no llegó a cumplirse y se dijo, por entonces, que las razones obedecían a la necesidad de más tiempo para consensuar una norma legal sólida que consiguiera satisfacer a todos los sectores. La promesa, entonces, pasó para marzo, pero el mes está promediando y no hay miras de que vaya a concretarse. Todo parece indicar que el proyecto de “multimedios estatal” (del que R&TA se ocupa extensamente en esta edición) es el culpable de la demora. La razón parece atendible; lo que no es atendible es la falta de colaboración que tiene un organismo oficial, el cual debe regular todo lo que ocurre en materia de radiodifusión en la Argentina y siga demorando las soluciones que -por otra parte- ya llevan una mora de casi dos décadas. No es sólo la promesa del envío del proyecto de ley de Radiodifusión al Congreso la única incumplida. Desde estas mismas páginas se saludó, como un gesto destacable, la declamada intención del COMFER de aplicar multas a quienes violaran un “acuerdo sobre contenidos”, que fijaba límites claros sobre qué emitir en radio y televisión, y en qué horarios hacerlo. Voceros informales acusan al Ministerio de Economía de no dar luz verde a esa iniciativa que, dicho sea de paso, le permitiría al Estado, en su rol de tutor de la sociedad, recaudar legítimamente dineros que por derecho le corresponden. El Estado, según el padre de la democracia moderna, Montesquieu, es “la sociedad jurídicamente organizada”. Si esa organización no es capaz de velar por la igualdad de sus integrantes, y hay hijos y entenados, entonces el Estado es un fiasco. El COMFER también impulsó transparentar un ambicioso plan de regularización de emisoras y señales de TV. Pero no lo puede concretar. El proyecto está virtualmente paralizado por falta de presupuesto e ingresó en un círculo vicioso del que no parece poder salir: no hay dinero para la normalización porque hay -económicamente hablando- otras prioridades; los recursos que deberían provenir de las multas por violaciones a la ley vigente no se cobran porque no hay decisión política para ello; el espectro radiofónico persiste en la irregularidad y el Estado, a través de su autoridad de aplicación, está con las manos atadas. Cualquier gestión gerencial que pretenda ser exitosa necesita, al menos, de tres fases correlativas y necesariamente ajustadas en objetivos y cronología: diseño de las políticas, planificación estratégica (esto es cómo y cuándo desarrollarlas) y ejecución. Si una de esas tres patas de la mesa falla, la mesa se cae, porque las otras dos no alcanzan por sí solas para sostenerla. El COMFER definió un borrador de proyecto, con el que se puede o no estar de acuerdo. Pero había una política de Estado allí donde antes no existía. Se equivocó en la planificación, porque no tuvo en cuenta los obstáculos que debía sortear y los escasos recursos de que disponía para hacerlo. Y definitivamente no pudo -hasta ahora, al menos- en la ejecución. En suma: prometió en tiempo y forma objetivos que no pudo cumplir y que nadie sabe, a ciencia cierta, cuándo podrá hacerlo. De esta manera, ocurrió lo que en ediciones anteriores de R&TA advertimos como una alternativa peligrosa que podía suceder si no se tomaban los recaudos necesarios: declamó un montón de buenas intenciones, pero se quedó sólo en eso, no contó con los palos en la rueda. Desde que asumió el gobierno de la Alianza ya ha transcurrido más de un año. El 2001 es un año de elecciones y todos parecen más preocupados por las urnas que por las políticas globales. Y nada les hace pensar que la ley de Radiodifusión les permita ganar votos; en consecuencia, para los legisladores no es una prioridad. Es una pena. Lo que parecía encaminado a ser una gestión revolucionaria, encontrando trabas ilógicas torció su camino y ahora, no sabemos si podrá cumplir.