Más pedidos de informes a la Secom

El Frepaso quiere más celeridad con la portabilidad numérica

Mediante un proyecto de resolución que será analizado a mediados de marzo en la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, el legislador Héctor Polino, junto con otros colegas del Frepaso, solicita el urgente informe sobre cuáles son los tiempos mínimos para que los prestadores del servicio telefónico comiencen a implementar la portabilidad numérica. Si bien la Secretaría de Comunicaciones salió a aclarar que la posibilidad de que el usuario mantenga el número ante un cambio de localización será en el segundo semestre del año, el Frepaso ahora pide fecha concreta y no duda en criticar al Gobierno por tratarse de un aspecto “postergado”, dentro del proceso de desregulación de las comunicaciones. En este sentido, Polino sustenta su pedido de información en el hecho de tomar a la portabilidad no sólo como una cuestión meramente técnica, sino como un derecho de los usuarios de gran trascendencia social que facilita sus actividades comerciales. Pese a desplegar una extensa teoría sobre el proceso de las comunicaciones y los avales constitucionales, es notoria la crítica a la actual gestión en lo referido a las pocas especificaciones en torno a este tema y al marco regulatorio que dio fin al monopolio telefónico en la Argentina. Crónica de una postergación Mientras en el organismo que lidera Aguiar minimizan este aspecto por creer que está “claro”, el Frepaso sostiene que se trata de una cuestión que la “administración constantemente invoca y omite implementar”. El socio político de la Alianza cita en sus fundamentos que desde 1997 se había comenzado a hablar del tema y hasta hoy no existe nada firme. Según los legisladores, el presidente ordenó “establecer los plazos y condiciones en que los prestadores proporcionarán la Portabilidad”. Pero, según sostienen, “en lugar de cumplirse las instrucciones, sólo se agregan disposiciones genéricas que carecen de relevancia práctica”. En este sentido, el grupo legislativo va más allá y expresa que la administración, lejos de establecer reglas claras, vive “disimulando el impacto de la eterna postergación de la portabilidad”. En tanto, la secretaría de comunicaciones defiende su posición al aclarar que la Argentina está implementando el servicio en el mismo tiempo y forma que otros países europeos, un destacado que el Frepaso señala como “todo lo contrario”. Para el partido, en aquellos lugares donde se ha dado la desregulación, la portabilidad se estableció con “criterios claros de ejecución” y citó los métodos que siguieron en la materia naciones como Francia, España y Alemania. Por eso, el grupo que lidera Héctor Polino se pregunta: “¿Por qué si los prestadores son los mismos acá que en Europa, todavía no accedemos a los mismos derechos que ellos”? Más allá de los cuestionamientos que ahora tendrá que informar Aguiar, no es la primera vez que el Frepaso embiste contra el funcionario. En octubre la diputada María Graciela Ocaña pidió que la portabilidad “se adelante” en clara alusión a los mismos pedidos que sus colegas de bancada concretan en estos momentos. Abusos por el Servicio Universal En otro proyecto de resolución, que también será analizado, el Frepaso solicita información respecto de las sanciones aplicadas a las empresas prestadoras del servicio telefónico por el cobro ilegal a los usuarios de un aporte para el fondo del Servicio Universal (SU). El SU es un aspecto contenido en el proceso de desregulación que establece la obligación de las compañías telefónicas de aportar el 1,5% de su facturación para solventar la prestación de servicios en las zonas consideradas poco rentables en caso que estas no lo hagan. Es decir que las que sí operen en estas áreas, no deberán aportar dinero neto de impuestos y gravámenes para que se logre optimizar las necesidades de la gente con menos recursos. Pero el partido entiende esta vez que se cometieron abusos y que las empresas pretenden cobrarles a los usuarios el aporte a dicho fondo. Por eso quiere saber ahora qué medidas se han adoptado al respecto para sancionar a las compañías. En realidad, el Frepaso conoce que no se han realizado y por ello pretende el tratamiento de este proyecto: “Queremos aclarar que, si los usuarios son quienes pagan el aporte al fondo, lo que el Poder Ejecutivo estableció como una contribución de las empresas se convertiría en un subsidio de la gente”, sostuvieron. Al cierre de esta edición, fuentes de la secretaría de comunicaciones indicaron que el propio Henoch Aguiar instó a la CNC para que intime a las compañías telefónicas en torno al cese inmediato de ese tipo de prácticas.