En el Congreso y la Defensoría del Pueblo

Duras críticas a Aguiar por el control en la presuscripción a las telcos

Es por la intromisión de las empresas en las decisiones de los usuarios ante el cambio de compañía. Luego de dos denuncias en Córdoba y el pedido de informes que solicitó el ombudsman, Henoch Aguiar decidió suspender las escuchas y reordenar el contrato de presuscripción, que ahora las eliminaría. Los informes en el Congreso que no convencieron y las posibles multas a Telefónica y Movicom.

Henoch Aguiar no vivió un febrero demasiado tranquilo. Las quejas por los abusos de las compañías telefónicas aquietaron las aguas en el Congreso y el secretario de Comunicaciones debió sortear una vez más los cuestionamientos en torno de porqué desde el Gobierno se había permitido que las telcos escucharan a los usuarios cuando estos confirmaban a la verificadora su decisión en lo referente al cambio de operador para larga distancia. Si bien el rumor de las maniobras ilegales cobraron fuerza desde fines de año, recién cuando se denunció en Córdoba a dos empresas, la Secretaría de Comunicaciones decidió suspender las escuchas telefónicas y reordenar el contrato de presuscripción, que se estima, las eliminaría por completo. La decisión se tomó a mediados de febrero por las denuncias ante la CNC debido a los métodos que utilizan las telefónicas para captar nuevos clientes, lo que movilizó a la Secom a tomar cartas en el asunto. El organismo que dirige Henoch Aguiar decidió “dejar en suspenso la reglamentación que habilitaba a las prestadoras a fiscalizar la comunicación entre los usuarios y la Administradora de Base de Datos”, debido a que se elaborarán nuevas pautas de presuscripción. Lo que se trata ahora es que las “telcos” no sepan lo que el órgano administrador habla con el usuario para verificar si optó o no por el servicio que le ofrece la operadora telefónica. Aunque no se descarta que más adelante hasta se llegue a impedir totalmente este tipo de prácticas. Hasta el momento, la administradora era la encargada de corroborar la efectiva voluntad del usuario por el cambio de compañía y la operadora estaba habilitada a permanecer en línea mientras se realizaba la consulta, aunque no podía intervenir antes, durante o después de la comunicación. Pero para la Secom, “el mecanismo, que pretendía garantizar un funcionamiento transparente del sistema, ha sido utilizado en forma inadecuada, en perjuicio de los usuarios para forzar su adhesión”. Y se estableció que la CNC procederá a imputar a las empresas que hayan incurrido en estas faltas graves con multas en efectivo. Si bien aún no se especificó el rango ni el monto que pueden llegar a alcanzar, fuentes cercanas al organismo estimaron que rondarían los 150 mil pesos. Mientras se conocían las denuncias concretas de instigación a los usuarios para optar de compañía, este medio se comunicó con la Secom en referencia con una consulta sobre por qué estos conflictos no habían sido previstos a la hora de redactar las condiciones de presuscripción. “El Estado siempre confía en que las empresas están haciendo todo en regla porque es lo que les conviene”, contestaron fuentes del organismo sin imaginar que una semana después tendrían que justificar ante el Congreso las mismas inquietudes, pero no con el tono ingenuo de los primeros días. La bicameral pidió informes No conformes con la decisión provisoria de suspender las escuchas, la Comisión Bicameral de Seguimiento de las privatizaciones citó el 20 de febrero a Henoch Aguiar para que expusiera las causas sobre porqué el gobierno no había previsto este desborde. El secretario de Comunicaciones sorteó las quejas y dio una extensa justificación sobre el procedimiento que se había decidido implementar en este caso, a la vez que calmó los ánimos de los legisladores cuando comentó que las escuchas son para garantizar la transparencia de las operaciones. Sin embargo, el más preocupado por el tema fue el diputado justicialista Manuel Baladrón, que no sólo cuestionó la ilegalidad de la resolución, sino que además fue el que más hincapié puso al hecho de que el usuario ignoraba que lo estaban escuchando. Es más, Baladrón fue quien impulsó un pedido de informes al Ejecutivo sobre este tema a través de un proyecto de resolución. En el sostenía que se explicara los fundamentos técnicos y jurídicos que avalaron las escuchas. Y pidió los nombres de los funcionarios que autorizaron este aspecto “en violación a las garantías constitucionales”, un apartado que el propio Aguiar trató de evitar para no crear males mayores. Sin embargo, la exposición del funcionario ante la Comisión que preside el diputado Alberto Natale y de la que participaron Alberto Pierri y el senador radical José García Arecha, dio que hablar en los días posteriores. Especialmente para Baladrón, que continuó el tema poco convencido de lo que había oído de boca del Gobierno. En un comunicado, el legislador arremetió contra Aguiar al sostener que la resolución que firmó el 25 de enero cambió el reglamento e introdujo la posibilidad de acceder al la presuscripción con “validación y verificación en tiempo real” al tiempo que la consideró “ilegal e inconstitucional”. Si bien el diputado justicialista siempre se mostró como el más reacio a las justificaciones, otros legisladores oficialistas dijeron por lo bajo que apoyaban a Baladrón y especialmente en el hecho de que en todo caso, el cambio sólo se avalaría previa firma del titular de la línea telefónica. El defensor encabezó las investigaciones El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, fue el primero que realizó pedidos de informes a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y a la Secretaría de Comunicaciones en el marco de una investigación por los inconvenientes suscitados con la pre-suscripción del servicio telefónico de larga distancia. El organismo citó que “entre los inconvenientes más frecuentes pueden destacarse los cambios de prestador concretados mediante conversaciones telefónicas entabladas con personas ajenas al servicio básico domiciliario como personal doméstico, visitantes ocasionales o menores de edad”. En un comunicado Mondino expresó: “Varios ciudadanos han manifestado que no ha sido su intención cambiar de prestataria e indicaron que los llamados recibidos a tal fin no fueron lo suficientemente claros”. Los usuarios que se quejaron consideraron que los promotores a cargo del telemarketing “actuaron de mala fe”, toda vez que varios de ellos habrían obtenido la respuesta afirmativa del receptor de la llamada sin que éste conociera la real finalidad de la comunicación telefónica, situación que se reitera respecto de la actuación de la Administradora de Base de Datos (ABD) que es quien debe validar el traspaso. Por estas cuestiones la Defensoría inició una actuación de oficio y se pidieron informes al Ente de Control y a los funcionarios nacionales. Se le solicitó que indiquen cuál es el procedimiento usado para investigar esas denuncias, qué medidas pueden disponer para propiciar una solución a este tipo de inconvenientes, quién resulta responsable frente a la prestadora cuando las facturas son emitidas a nombre de una persona distinta al titular de la línea, si las empresas pueden suspender el servicio de larga distancia y cómo fueron validados los traspasos por medio del ABD. Estas justificaciones aún se esperan con cautela en la sede de la Defensoría para cerrar de una vez por todas la primera página amarga que destiló la desregulación de las comunicaciones.