Incluirán al multimedios del Estado en el nuevo proyecto de ley de Radiodifusión

Son 10 artículos y es una especie de híbrido entre el polémico decreto de creación del SNMP y partes de la ley RTA, vetada en 1999. Es por las dificultades que tuvo la decisión presidencial para concretarse y buscar la salida ante las críticas de legisladores oficialistas y opositores. Los representantes de los empleados de los medios dicen que es imposible la autofinanciación y dicen que hubo estudios sobre eventuales bajas de personal. Igual, el proyecto de radiodifusión no llegará al Congreso antes de abril.

A casi dos meses de la firma del decreto que creó el Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP) y en virtud de la falta de definiciones en el Gobierno en torno a la puesta en marcha de esta nueva sociedad del Estado, las condiciones políticas para avanzar con los cuestionados postulados de la medida se esfumaron como quien huye de una batalla que castiga por todos los frentes. Altas fuentes del Comité Federal de Radiodifusión confirmaron a este medio que la creación del multimedios estatal, conformado por Canal 7, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam, ahora será incluido en el proyecto de ley de Radiodifusión que llegará al Congreso recién en abril y no durante el corriente, como se había anunciado. Esta decisión se habría tomado luego de la gran cantidad de críticas que cosechó el decreto que ordenaba la instalación del Sistema Nacional de Medios Públicos por parte de legisladores, gremios y hasta de la propia Sindicatura General de la Nación. En general, las opiniones contrarias a la idea impulsada por el secretario de Cultura y Comunicación, Darío Lopérfido, hacían hincapié en la modalidad de creación: a través de un decreto, una postura que consideraron arbitraria y hasta autoritaria por parte del Gobierno. La Sigen, el organismo a cargo del frepasista Rafael Bielsa, también había puesto en duda la constitucionalidad del decreto y había sugerido que el tema es de pura incumbencia parlamentaria. Esto, sumado a las críticas provenientes de gremios como la UTPBA, que acentuaban sus posiciones en el costado más débil del decreto de creación: la autofinanciación y la posible merma de puestos de trabajo, fueron el detonante para que ahora el Gobierno saliera a entibiar el conflicto.

La salida más elegante que encontraron fue la confección de diez artículos en el proyecto de radiodifusión como una especie de híbrido entre los puntos centrales del decreto que caería sin ejecutarse y los grandes temas que incluía la ley de RTA, vetada por el presidente Fernando de la Rúa en 1999. Ahora Darío Lopérfido prometió mayor amplitud en la designación del directorio -en el texto del decreto, la composición de un triunvirato gerencial es potestad exclusiva del secretario de Cultura y Comunicación- y control parlamentario del SNMP. Pero del contenido de fondo del multimedios, del desfinanciamiento creciente de Canal 7, Radio Nacional y la agencia Télam –cuyos presupuestos sumaron 87 millones de pesos en 2000, y pasarían a sólo 57 millones durante este año, para decrecer luego hasta no más de 24 en ejercicios sucesivos- y de la destrucción del órgano de contralor de los dineros públicos que se gastan en materia de publicidad oficial, ejercida actualmente por el área publicitaria de Télam: “de eso no se habla...” dijeron los empleados. Y menos ahora, luego del desembarco de Ricardo López Murphy en el Ministerio de Economía, que con sus ideas liberales y ortodoxas ya hace tambalear aún más a los 1980 trabajadores de los medios públicos de comunicación que, según contaron a este medio, ven cada vez más claro un escenario privatizador. De qué se habla en el Gobierno La justificación que ahora da el Gobierno para incluir el multimedios en el proyecto de ley de Radiodifusión es que ya se habían dejado reservados seis artículos para el funcionamiento de Canal 7 y Radio Nacional. Por eso todavía se espera que el proyecto se retrase en ser discutido en el Parlamento, un lugar en donde se descarta sea enérgicamente rechazado. La razón: el Comfer viene trabajando desde principios de mes con participación de la Secretaría de Cultura y con varios senadores de la Alianza, los que sugieren la manera más concreta de introducir los cambios. Y como se reflotan temas candentes que habían quedado pendientes luego de la malograda ley de RTA, también se supone que no habrá reticencias dentro de los bloques justicialistas del Parlamento que querían, por sobre todo, poner sobre el tapete de las sesiones justamente a esta ley que ahora el Gobierno parece encontrar eficaz. Fuentes confiables del Comfer admitieron que, por como se está tratando el tema en el proyecto, la oposición “no generará conflictos”, más allá de que se haya pedido la derogación del decreto tanto en la Cámara de Diputados como en Senadores. Lo que sí se confirmó en el Comité Federal de radiodifusión es que habrá cambios sustantivos y fundamentales en lo referente a la agencia Télam, ya que la ley de RTA no la tenía en sus planes. Ahora, la agencia estatal se incorporará al proyecto y se ampliará el directorio, pensado en un primer momento en el decreto como un triunvirato. “Los cambios más importantes –confiaron fuentes del Comfer- serán la incorporación de dos miembros más a los tres representantes de los medios”. Será uno en representación de los Diputados y el otro de los Senadores de la Nación, elegidos a propuesta de ambas Cámaras. Asimismo, se especula con la creación del Consejo de Control y Gestión, que sería en representación de los trabajadores, las cámaras y los usuarios para dar una idea de transparencia a la iniciativa tan cuestionada. En tanto, también se ratificaría que el 50% de los ingresos del Comfer serían para el sostenimiento del multimedios y ya estarían claros y definidos los objetivos del canal del estado: los aspectos educativos, culturales e informativos. Al parecer, se autorizan las coproducciones pero se las limitaría en caso de demasía, ya que la intención es que exista gran producción con el personal propio del canal y de esa manera el Gobierno piensa asegurar la continuidad de las fuentes de trabajo. Los trabajadores no piensan lo mismo Consultados por este periódico, representantes de los tres medios del Estado aún tienen grandes dudas respecto de su futuro y de la situación financiera que le tocará experimentar al Sistema. Los empleados cuestionan la desfinanciación que el Gobierno planteó y no piensa modificar ahora con este nuevo híbrido que sale a través de una ley. El dinero que el Estado previó para el funcionamiento de estos medios es de 51 millones de pesos para 2001, 46 para el próximo año, 27 en 2003 y luego, en lo sucesivo, no se mandarán más de 24 millones. Pero el motivo por el que se cuestiona esta decisión es que el Gobierno pretende que la merma en el envío de fondos públicos se compense con la publicidad que generarán los mismos medios. En declaraciones a este periódico, la representante de Télam, Celia Carbajal, estimó que esta idea será “imposible, ya que nadie espera un notable crecimiento en las pautas publicitarias” de aquí en adelante como para cubrir el hueco. Y dio cifras: “Los ingresos de los tres medios en 2000 fueron de 6 millones de pesos, mientras que los gastos operativos y de salarios ascendieron a 87 millones”, con lo que sería un despropósito revertir esta situación a la manera del Gobierno. Asimismo, Carbajal sostuvo en cuanto a la situación del personal, que se confirmó la existencia de un estudio realizado por Patricio O Reilly, que estipuló la prescindencia de más de 237 puestos de trabajo, lo que generaría un ahorro de casi 700 mil pesos (ver recuadro). En tanto, la representante de la Comisión Interna de la agencia volvió a referirse a la ambigüedad del artículo 8 del decreto, donde no se explica de manera concreta cómo será el futuro de los empleados ni los movimientos generales que podrían efectuarse con la unión de los medios. Pero quizás uno de los puntos más álgidos de la controversia con el Gobierno sería la postura de los empleados en torno de la producción de contenidos. Temen que se produzca una privatización encubierta. En febrero, el secretario de Cultura, Darío Lopérfido, se reunió con los productores independientes Adrián Suar y Marcelo Tinelli, entre otros, con los que habría negociado nuevas producciones en Canal 7, algo que en los discursos el gobierno pretendía menguar para darle cabida a la gente de los medios estatales. Por otra parte, el 22 de febrero, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba) presentó ante la justicia un recurso de amparo para que declare la inconstitucionalidad, la nulidad y la inaplicabilidad del decreto 94/2001 de creación del Sistema Nacional de Medios Públicos La Utpba sostuvo que la presentación judicial se corresponde “con la necesidad de salvaguardar el conjunto de derechos adquiridos por los trabajadores de los tres medios -Canal 7, la Agencia de Noticias Télam y Radio Nacional- comprendidos en la medida del gobierno” El recurso interpuesto ante la justicia reitera la posición que la organización hizo pública al conocerse el decreto, en el sentido de que no admitirá ninguna medida que derive en la pérdida de puestos de trabajo, reducción de salarios, modificaciones de las condiciones laborales, así como el desconocimiento de los Estatutos y Convenios Colectivos vigentes La Utpba presentó el recurso de amparo el lunes 19 y la actuación recayó en el Juzgado nacional de Primera Instancia de Trabajo número 73, a cargo de la juez Silvia Barrionuevo Anteriormente, el gremio se reunió con el secretario de Comunicación y Cultura de la Nación Darío Lopérfido, “ocasión en la cual la organización le expresó su rechazo a que se recurriera a la política del decreto, sin abrir espacios de diálogo y consenso con los distintos sectores sobre un ámbito, el de las telecomunicaciones, de vital importancia social”, destacó a este medio el secretario gremial, Daniel Terreno. Por último, el Gobierno también recibió días atrás como un balde de agua fría en torno del decreto, la opinión del Síndico General de la Nación, Rafael Bielsa, el que sostuvo que la decisión de crear un multimedios no sería facultad del Presidente, sino del Congreso. Como contrapartida, el procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, defendió la postura del Gobierno y confirmó que cada vez existen más posturas diferentes entre éste y Bielsa respecto de temas complejos en el ámbito jurídico. Ahora, con una batería de posiciones en contra y con la sensación que el decreto no iría a buen puerto, se espera que por lo menos exista un mínimo de acuerdo en el Congreso sobre el nuevo proyecto de ley, que cruzará los umbrales del palacio cuando en el Poder Ejecutivo terminen de limar las asperezas, no antes de abril.