El Gobierno ya envió el proyecto de ley al Congreso
Luego de dos semanas de haberse anunciado, el presidente Fernando de la
Rúa firmó el proyecto definitivo que desde el lunes 14 está en la Cámara de
Diputados. Gustavo López cree que para septiembre habrá nueva ley. Igual se
discutirá en audiencias públicas en el interior. ¿Cuáles fueron los cambios de
último momento que atrasaron la llegada al Parlamento?
Desde este lunes 14 de mayo, los legisladores de la
Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados comenzarán a
analizar el proyecto definitivo de ley de Radiodifusión que envió el Poder
Ejecutivo.
Si bien fue anunciado hace más de dos semanas en un
acto en la Casa de Gobierno, recién el jueves 10 el presidente Fernando de la
Rúa firmó el texto, que no incluye cambios en su redacción, sino algunas
correcciones realizadas en la secretaría Legal y Técnica.
En este sentido, el titular del Comfer y principal
impulsor de la norma, Gustavo López, confió en que la ley “saldrá para
septiembre próximo”, producto de un intenso debate que protagonizarán los
legisladores y de las audiencias públicas que se realizarán en el interior para
analizar el proyecto.
Estas declaraciones las hizo acompañado por el
secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo, de quien depende ahora el
Comfer, luego de que se haya decidido separar al organismo de la órbita de la
Secretaría de Cultura y Comunicación, manejada por Darío Lopérfido.
El texto completo del proyecto se publica como
adelanto exclusivo en el suplemento especial de esta edición. Allí se enumeran
los principales puntos que R&TA presentó en su número de abril, como la
reducción en la concentración de medios de comunicación, la protección a la
industria cultural nacional y las penalizaciones a los emisores ilegales de
radio o TV.
Los últimos cambios
Si bien el propio interventor adelantó que la
versión no había sufrido cambios importantes en su redacción, existen algunas
modificaciones de último momento del órgano técnico.
En realidad, la demora en el envío del proyecto al
Congreso y que provocó la reacción de algunos legisladores, entre ellos la
diputada Irma Parentella, se debió a las especificaciones más recientes.
Altas fuentes del Comfer confiaron a este medio que
lo que sucedió en el período de presentación hasta la definitiva llegada a
Diputados “hay más de fantasía que de realidades”.
Si se analiza el texto anterior con el actual, hay
“siete pequeños cambios, que son sugerencias u observaciones meramente
jurídicas”, amplía la fuente, como en un artículo en el que decía
“solidariamente” debía cambiarse por “mancomunadamente”. Entre los planteos,
Legal y Técnica le habría pedido al Comfer la inclusión de que “el espectro
estaba en consonancia con los convenios internacionales, cosa que se daba por
entendido porque los convenios internacionales tiene rango constitucional”,
explicaron.
Luego hubo tres aportes de la Secretaría General de
la Presidencia. Uno tiene que ver con la formación del directorio de la
Conarte, (Comisión Nacional de Radio y Televisión), que reemplaza al Comfer.
El proyecto tenía originalmente tres miembros del
Poder Ejecutivo, un miembro nombrado por Diputados y uno por Senadores: eso se
modificó y hoy son cinco directores más la creación de una Comisión Bicameral
de seguimiento formada por un diputado y un senador.
Siempre según la misma fuente, “se cambió la cuota
de pantalla que habíamos puesto por el cual cada canal o red tenía que adquirir
seis películas por año”. La sugerencia fue que “pudieran cubrir esa cuota de
seis con dos telefilmes, películas filmadas especialmente para televisión.
Dicen que es una modalidad que en Estados Unidos funciona muy bien”.
El último cambio de fondo está referido al capítulo
de redes, donde la sección más reglamentada de cómo es la licencia nacional y
regional se eliminó. “Se va a dejar la mención de que están anunciadas dichas
licencias, pero no los detalles de lo que tienen que hacer en la cabecera. La
base del planteo es que como no todas las regiones pueden cumplir con las
mismas obligaciones, por lo tanto que no quede escrito en la ley y si en el
decreto reglamentario que es más fácil de modificar”, destacó la fuente.
Por su parte, el Procurador General de la Nación
agregó un pedido en referencia a la Conarte. “Estaba descripta como organismo
autárquico y en su opinión, si es autárquico, no puede otorgar licencias, sí
siendo “descentralizado”.
Según comentan en el Comfer, “el trámite fue más
sencillo y estuvo contaminado por lo que se apareció como una disputa política
por quién se quedaba con el organismo y la ley pareció que quedó navegando en
el medio”.
Este análisis es por el reciente cambio del Comfer a
la Secretaría General de la Presidencia, lo que muchos medios tomaron como una
victoria de Gallo sobre Darío Lopérfido, responsable en gran medida de todos
los cambios que realizó el organismo en la gestión de su amigo López.
Entre las entidades privadas que participaron en los
últimos detalles figura la poderosa Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas
(ATA). Muchos de sus miembros, titulares de los principales canales de TV,
discutieron con la gente del Comfer durante tres reuniones de trabajo.
Allí plantearon algunas
cuestiones referidas al gravamen que ésta asociación paga al Comfer, donde se
aclaró que será a cuenta del IVA. El otro tema tratado, según contó la fuente,
fue disponer de “arancel cero para la importación de equipos de nuevas
tecnologías que permitan el traslado al formato digital, siempre que estos
equipos no se fabriquen en la Argentina”.
La iniciativa legal que llegó al Congreso establece
especificaciones sobre la multiplicidad de licencias: una misma persona o grupo
no podrá ser titular de más de 12 licencias de televisión abierta en todo el
país (actualmente puede tener hasta 24) y no podrá sumar más de 24 licencias
entre radio y televisión.
En este sentido, en una misma área de cobertura
cada titular podrá tener hasta 4 licencias de radiodifusión de las cuales sólo
una puede ser de televisión, siempre que la suma de éstas no sobrepase el 25
por ciento de las frecuencias adjudicadas en el área en el mismo tipo de
servicio.
Con la nueva reglamentación, se desdoblará la FM de
la AM. Ahora la FM se declarará “servicio básico” de radiodifusión, junto con
la AM y la televisión abierta, mientras que el sistema de cable y satelital
entrará en el concepto de “servicio complementario”.
Asimismo, quienes exploten servicios públicos a
través de la Red Pública Nacional de Telecomunicaciones no podrán ser titulares
de licencias. Es decir que para evitar más concentraciones producto de la
convergencia tecnológica, se busca que las empresas vinculadas por ejemplo con
el sector de la telefonía no sean radiodifusoras al mismo tiempo hasta que
transcurra un plazo de adaptación considerado.
También se tipifica la interferencia de áreas
protegidas adjudicadas a emisoras autorizadas con penas de entre 6 meses a 3
años de prisión, conforme la gravedad del daño causado por las emisiones
ilegales.
Para las emisiones de carácter ilegal o que no
respeten los parámetros técnicos autorizados, se podrá requerir judicialmente
el decomiso cautelar y, en el caso de interferencia con el tránsito aéreo, se
procederá en forma directa.
En cuanto a los contenidos, el proyecto adquiere
una postura en defensa a la producción nacional. Así, la televisión abierta
tendrá que destinar el 51 por ciento de su programación a productos nacionales,
con dos horas diarias de elaboración propia.
También la TV satelital y por cable tendrán que
poner una cuota de canales de origen local, que irá de 12 a 20 dependiendo del
operador. Además, incluirán al menos una señal abierta.
En relación con la radio, se aclara que el 70 por
ciento de lo emitido al aire deberá dedicarse a la producción nacional y el 35
por ciento a las obras compuestas, ejecutadas o interpretadas por músicos
argentinos.