CAJAS DE SORPRESAS
Las páginas de esta edición de R&TA probablemente sean utilizadas, en un futuro que suponemos próximo, como elemento de prueba en investigaciones judiciales que, necesariamente, deberán abrirse.
El material que esta publicación suministra hoy a sus lectores, vinculado con transferencias de acciones, cambios de manos en directorios, presuntas violaciones a la ley de Radiodifusión aún vigente y aportes millonarios de capitales a empresas constituidas con apenas un puñado de dólares, deberá ser objeto de investigación de la Justicia argentina. Máxime ahora, que el Senado de Estados Unidos se decidió –por fin- a enviar una parte de la documentación recolectada sobre presuntas transacciones de lavado de dineros sospechosamente habidos.
Esas cajas, que ya abrió el juez federal Juan José Galeano y que comienzan a analizar los legisladores de una comisión investigadora constituida específicamente para esa tarea, son –vale decirlo- “cajas de sorpresas”.
Hasta dónde llegan esas sorpresas, por ahora es imposible imaginarlo. Pero mientras toda la sociedad se distrae hablando de valijas supuestamente repletas de dineros provenientes vaya uno a saber de qué complejo negociado con privatizaciones de grandes empresas públicas, otras actividades pasan inadvertidas. Y, según se lee en este número de R&TA, bien podrían haber formado parte de esa red de complicidades que permitió ennegrecer primero y blanquear luego, decenas de bolsillos y conciencias.
El Ministerio Público (esto es, los fiscales) tienen la obligación de promover una investigación respecto de la documentación que aparece en estas páginas.
Cierto es que los apellidos que aparecen mencionados en esos documentos, por lo menos, sorprenden. Por lo más, asustan.
Sucede que según se desprende de la información a la que tuvo acceso esta publicación, producto de una paciente investigación que llevó varios meses, frecuentes presiones y no pocos sinsabores, el manejo de la propiedad de los medios de comunicación privatizados durante la gestión de gobierno que se extendió entre 1989 y 1999 se produjeron en algunos casos, en abierta violación a las leyes vigentes. Y detrás de esas maniobras (permitidas, toleradas y hasta fomentadas dentro del modelo de capitalismo thatcheriano impuesto en la Argentina en esa década) podrían estar ocultas pruebas de delitos aún más graves.
Resulta realmente curioso comprobar cómo apellidos habitualmente ligados a otras actividades comerciales, aparecen de pronto vinculados a los medios de comunicación. Y viceversa: gente de los medios, incursionando en rubros para los que no se les conocían aptitudes. Se trata de un puñado de apellidos de esos a los que el periodista Luis Majul definió en sus libros como “los dueños de la Argentina”.
Hoy, los medios de comunicación en la Argentina están en pocas manos. Aún cuando no pueden, los mismos grupos económicos poseen más de un medio dentro de un único rubro. En algunos casos, ni siquiera se preocupan por conocer la ley y cometen la torpeza de admitir públicamente propiedades que luego, cuando se percatan de lo que hicieron, deben salir rápidamente a desmentir o, en el peor de los casos, mantener un prudente silencio mientras meditan (y negocian) qué hacer.
La única excusa ensayada desde la dialéctica capitalista para justificar esas maniobras es que “todo forma parte de la globalización”.
Digámoslo claramente: la globalización es un cáncer que carcome y corroe a las sociedades dependientes como la argentina. Y bajo sus metástasis crecen y se desarrollan otras enfermedades que, inevitablemente, terminan con la muerte del paciente.
El cáncer de la globalización no contempla, en sus postulados teóricos, la corrupción y el blanqueo de dinero sucio. Pero por definición lo permite y lo facilita.
Dentro de esas cajas que llegaron de Estados Unidos hay sorpresas. El aporte que hoy hace R&TA, mediante la publicación de los documentos que constan en esta edición, procura evitar otra “sorpresa”: que nadie vea lo que hay dentro de esas cajas.