Proyecto de ley de radiodifusión: Repercusiones

Dura postura de la TV privada al proyecto del Gobierno

Están molestos porque el Gobierno no incluyó algunas propuestas. Por eso dicen que es un proyecto reglamentarista. Creen excesiva la posición del Estado en el control de los contenidos y temen que se extralimite. En medio de las críticas, Gustavo López aprovechó para aclarar la participación accionaria extranjera

Representantes de ATA (Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas), ATVC (Asociación de Televisión por cable) y del grupo Clarín no ahorraron críticas al Gobierno a la hora de evaluar el texto definitivo del proyecto de ley de radiodifusión que ahora se estudia en el Congreso. Fue en el marco de la mesa debate “La radiodifusión en busca de una ley”, organizada por el Instituto de Derecho de las Comunicaciones en el salón rojo de la Facultad de Derecho de la UBA, el 15 de mayo. En presencia de destacados especialistas del sector y del propio titular del Comfer, Gustavo López, los representantes de los canales de TV privados del país consideraron que el proyecto era muy “reglamentarista” y no había tenido en cuenta la “naturaleza jurídica de la radiodifusión”. Entre los puntos centrales de las posturas, la TV paga coincide en destacar que la idea del Gobierno de considerar al espectro como un bien nacional es al menos “incorrecta”, a la vez que considera “poco oportuno y limitante” la porción de producción nacional que se exige. Frente a frente Antonio Ambrosini, de ATA, dijo que a pesar de haber acercado ideas “núcleo” al Comfer, como la naturaleza jurídica, no se tuvieron en cuenta al momento de redactar el proyecto. Si bien el ejecutivo confía que en el “ámbito parlamentario se realicen algunas modificaciones”, no dejó de señalar que la asociación que representa descree de la concepción local sobre el espectro. “De acuerdo con nuestra posición, -indicó- el espacio radioeléctrico es un bien universal y no del estado argentino, como dice el proyecto. No consideramos correcta la posición doctrinaria y sí que la definición de bien universal es la más armónica con la realidad técnica y al mismo tiempo, pone coto a cualquier intento de extralimitación en sus facultades por parte del Estado, el que debe limitarse a prestar su uso como derecho preexistente de todos los ciudadanos”, señaló Ambrosini. Por otra parte, habló el representante del Grupo Clarín, Luis Tarsitano (acaba de ser separado de su cargo dentro del multimedios), el que aclaró que “el control estatal debe limitarse a un monitoreo de base, cosa de no constituirse en una obstrucción a la legislación del IVA a los medios de comunicación”. En tanto, defendió la idea de una ley marco que “permita lograr una interpretación dinámica del fenómeno de la radiodifusión en su conjunto y sostuvo que la legislación extranjera es “valiosa”, pero no “es el mejor procedimiento para el análisis de nuestro país”, en clara alusión a la variada gama de aspectos normativos que consultó el Comfer antes de ponerse a redactar el proyecto. En este sentido, Tarsitano desmedró el “reglamentarismo” de la eventual futura ley y dijo confiar en la “justicia independiente como órgano que solucione los errores en el ejercicio de la radiodifusión”. En definitiva, el grupo Clarín coincide con el Gobierno de que la radiodifusión debe estar basada sobre principios de “libertad, pero sin condicionamientos”. Siempre con un lenguaje acorde al ámbito académico que reinaba en la sala, la TV privada no desperdició momento para opinar y mostrar los intereses que mueven a las empresas de contenidos en torno a la nueva ley. Pero también Gustavo López aprovechó un espacio para dejar sentado de qué se habla cuando se hace referencia a la limitación de la participación accionaria extranjera en los medios, un tema que preocupa sobremanera a los propietarios que lo escuchaban. “Como la producción de contenidos culturales tiene que ver con la idiosincrasia de un pueblo, nos parecía prudente mantener la limitación de los extranjeros en la conformación de la propiedad de los medios”, deslizó el interventor, que estipuló un límite de un 40% dentro del patrimonio total. Para justificar que no es una medida antojadiza, recordó que en Francia, Italia e Inglaterra, “el promedio está entre el 20 y 35% de participación extranjera en los medios”. Dijo que en “todos los lugares tiene que ver con la protección de los contenidos culturales que hacen a la identidad”. La versión del cable En representación de la ATVC, el secretario general Hernán Verdaguer, arremetió contra las condiciones para la adjudicación de licencias. Para el ejecutivo, “al tiempo que se reducen las posibilidades para evitar concentraciones, se anexa la posibilidad de que las asociaciones cooperativas puedan ser licenciatarias”. Al parecer, la ATVC no admitiría de ninguna manera semejante modificación a la norma. Los cableoperadores entienden que las cooperativas “tienen un régimen legal que les concede beneficios y privilegios no reconocidos a otros entes económicos en especial a las personas físicas o jurídicas licenciatarias de servicios de radiodifusión”. Estas conclusiones se tejen en medio de una convergencia tecnológica que se aproxima y de alguna manera trae aparejada la primera competencia con las redes alternativas a la TV paga. Ante esta apertura en el otorgamiento de licencias de cable, ATVC cree que es “importante la sanción de un nuevo pliego del servicio complementario que otorgue licencias a aquellos que realmente tengan capacidad de inversión y desarrollo genuino del servicio”, como se prevé en varios países a través de concursos y concesiones de diversos tipos. Asimismo, Verdaguer expuso su preocupación sobre lo importante que sería eliminar la responsabilidad del emisor local por el contenido de las emisiones. “Es imposible controlar todas las emisiones que se pasan simultáneamente desde el exterior y decidir en el momento si alguna de esas vulnera la ley de radiodifusión”, adujo. Y finalmente, criticó al proyecto en el sentido de que “vuelve a incorporar impuestos específicos para los titulares de los medios de difusión: gravar a la actividad no responde a la finalidad para la cual fue creado. El gravamen debe ajustarse a la realidad del sector y de la industria”, acotó un tanto ofuscado.

foto>:Ricardo Porto, Luis Tarsitano, Gustavo López, Jorge Gabrieli, Antonio Ambrosini y Gregorio Badeni

Gustavo López “Queremos saber quiénes son los dueños de los medios”

El titular del Comité Federal de Radiodifusión realizó una enérgica defensa del proyecto de ley de radiodifusión en una virtual primera audiencia pública, en Mendoza, al decir que se trata de una ley central, “tanto que los argentinos pudimos cambiar la constitución antes que la ley de radiodifusión”. Dijo que es un tema “sensible” porque va a “poner límite a los monopolios informativos, que guarden equilibrio entre el derecho al comercio y a la información”. “La ley –continuó- es la piedra angular que necesitamos para hacer un país diferente, para que la información llegue de la misma manera a todo el país” y para que la manipulación a través de los medios no pueda darse. “No queremos que ocurra en los próximos años lo que ocurrió en los 10 anteriores, cuando no se sabían quiénes son los dueños de los medios, que haya transferencias no comunicadas a la autoridad de aplicación, que atentan contra la pluralidad y benefician la concentración informativa en desmedro de la calidad que todos merecemos. Queremos saber quiénes son los dueños”, enfatizó el funcionario. En este sentido, López también dejó claro que desde el Gobierno se apoya al desarrollo de los grupos económicos. “No nos asusta que haya grupos grandes, lo importante es que no sean monopólicos”, esgrimió. “Puede haber grandes grupos que no sean monopólicos y puede haber grupos más chicos que son monopolios en una localidad”, sostuvo para graficar muchas situaciones que se dan en el interior. En tanto, recordó que “durante muchos años los licenciatarios se comportaron como dueños del espacio que les da el Estado y dejaron de cumplir su obligación con los contenidos en relación con los menores”. Por eso ahora quiere que esta nueva ley “dinámica y proyectoria (sic) renueve el compromiso de cumplir con lo que les toca como emisores”. Por último, el titular del Comité lanzó una clara señal de fomento a la producción nacional para convertir a la industria audiovisual en una más “competitiva a la medida de otras naciones de Latinoamérica y así generar nuevos puestos de trabajo”.