El constitucionalista analizó el proyecto

Badeni: “El Comfer no se alejó del paternalismo”

Cree que el Estado no debe ingerir tanto en los contenidos. Se quejó por los gravámenes y advirtió por una posible publicidad de los actos de gobierno disfrazada. Igual felicitó a los autores del texto

El prestigioso abogado constitucionalista Gregorio Badeni también se dio cita a la mesa debate organizada por el Indecom en la Facultad de Derecho y aportó sus finas observaciones al texto de la futura ley de radiodifusión. El letrado inició su postura al advertir que estaba frente a “uno de los primeros proyectos de ley orgánica que se introducen de manera un poco tímida dentro de los cauces del movimiento constitucionalista”. Apuntó que “lamentablemente advertimos ciertas normas que responden a una concepción bastante paternalista, tan arraigada en nuestra sociedad, y de la cual los autores de este proyecto no se han podido alejar”, en relación con la idea que induce al Estado a determinar qué es lo que se debe emitir en la radio y TV argentinas. Sin embargo, reconoció “el meritorio trabajo de recoger opiniones en una materia tan compleja y abarcativa de aspectos económicos, técnicos y jurídicos. Y tan dinámica, que quizás todos estos esfuerzos sean estériles con el tiempo”, dijo al tiempo que citó al escritor cubano José Martí para sintetizar lo que sintió al leer el texto: “Sólo los hombres sinceros y honestos tienen el derecho al error”. Pese a que considera que le hubiera gustado encontrarse con una ley marco y no con un proyecto reglamentarista, el abogado consideró como un “mérito” las disposiciones donde se faculta al Poder Ejecutivo para realizar variaciones en su contenido. Libertad de expresión En general, Badeni se refirió a los aspectos relacionados con la libertad de expresión. Hizo alusión al artículo 64, que aspira a defender los derechos de los menores frente a las emisiones. “Yo comparto esto, pero ¿dónde están los derechos de los adultos? A veces, en el afán de proteger a los menores nos olvidamos de los adultos”, expresó. En tanto, dedujo que el artículo 72 “manifiesta una práctica perversa de los sistemas autoritarios”. Es la parte donde se establece que el Poder Ejecutivo puede realizar informaciones de interés público gratuitamente durante un minuto y medio por cada hora de programación. “Sabemos por experiencia –añadió- que esa información útil a la sociedad se transforma en una propaganda gubernamental. Y eso lesiona la libertad de expresión porque se les está imponiendo a los medios de prensa avalar la publicidad del Gobierno. Y la autoridad de aplicación (Comfer) no va a tener ninguna posibilidad de impedir al Presidente que ordene la difusión de un mensaje más o menos disfrazado sobre las obras realizadas por el Gobierno de turno”. En tanto, Badeni especificó que las sanciones penales del artículo 147 son “razonables y necesarias”, aunque le parecería mejor que “guardaran relación con las previstas en la legislación de fondo de ciertas figuras más graves”. Un tanto irónico, el constitucionalista dijo haber quedado “perplejo” cuando leyó el artículo 148 porque vio que se aplican sanciones penales a personas jurídicas, “cuando siempre creí que eran para las físicas”, acotó. En este sentido, agregó que le molesta el artículo 150, porque “se sigue con la técnica de aplicar gravámenes a los medios radioeléctricos. Siempre dijimos que éstos están vedados por el artículo 32 de la Constitución Nacional. La actividad de la prensa tiene que estar sometida a los impuestos que se aplican a todos los ciudadanos. Pero acá se crea un gravamen especial que va del 2% al 8% de los ingresos brutos, según el tipo de entidad”, entendió. Por último, anheló que el proyecto no caiga en el “fracaso”, mientras aspira a que “el Congreso le introduzca las modificaciones que sean necesarias para que se transforme en una verdadera ley orgánica a la luz de la cual podamos forjar una doctrina y una jurisprudencia siguiendo un proceso de evolución y que nos permita disfrutar de una buena ley”.

Iniciativa de Diputados

Quieren prohibir la publicidad oficial

Será por un año en todos los medios. Pretenden ahorrar 700 millones de pesos que irán a gente desocupada. Por eso piden que las provincias y los municipios se adhieran La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de prohibirle al Estado la contratación de “todo tipo de publicidad paga en cualquier medio de comunicación” por un año, a partir de la promulgación de la ley. La iniciativa se encuadra dentro de un debate nacional que busca recortar los gastos de las actividades políticas, luego de que finalmente los senadores hayan decidido no cobrar el polémico aguinaldo de más de 3000 pesos. La medida, que exceptúa aquellos casos en los que la publicación esté dispuesta por expresas disposiciones legales, como la difusión de los llamados a licitación, destina el monto del ahorro a la creación de un subsidio para padres o madres jefas de familia desocupados. El proyecto, que fue aprobado por unanimidad por la Cámara baja y girado al Senado para su consideración, a partir de una propuesta de los presidentes de bloque Darío Alessandro, de la Alianza y Humberto Roggero del Justicialismo, sostiene que se podrían ahorrar hasta 700 millones de pesos. En caso de que se adhieran las provincias, esa cifra podría duplicarse. La prohibición de contratar publicidad paga no sólo alcanza al Estado nacional sino también a las entidades descentralizadas, las sociedades de capital estatal mayoritario y cualquier otra entidad que dependa del Tesoro Nacional. Los diputados fundamentaron la presentación en “la grave crisis económica y financiera por la que atraviesa el país, con los hechos de público conocimiento que se suceden diariamente y que lastiman y mortifican la sensibilidad de todos los dirigentes políticos”. “El esfuerzo de una administración ordenada y restrictiva del uso de los recursos públicos será una clara señal para todos los argentinos anónimos que hoy sufren las consecuencias de la crisis”, indica la iniciativa. Crítica de ADEPA La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas dijo que la decisión de prohibir la publicidad, “con la cual se pretenden reducir los gastos de la administración pública, fomentará las actuaciones secretas con su inevitable secuela de corrupción, abusos y gestación de privilegios”. ADEPA también reconoció: “La publicidad -y no la propaganda- a través de los medios de prensa es el instrumento al cual deben acudir los gobernantes para que todos los sectores de la sociedad conozcan los proyectos y realizaciones de sus mandatarios, a fin de ejercer los controles respectivos”. La entidad sostuvo en un comunicado que de prosperar la iniciativa se ajustará “sobre la precaria economía de muchos medios de comunicación, particularmente del castigado interior de nuestro país”. Por último, y si bien está de acuerdo con la reducción de los gastos en que incurre la administración pública, la asociación le recomendó a los legisladores “otras vías para el logro de ese objetivo, y cuya instrumentación por parte de ellos es fácilmente ejecutable”.