produciendo. Porque pese a ser consideraras clandestinas y después decomisadas, los dueños de las radios vuelven a armarlas, en otros lugares y en general con más potencia y alcance del que solían ofrecer. Si bien esta situación es casi tan antigua como la existencia de las FM en el país, ahora aparece al tope de las preocupaciones oficiales justamente porque se tocó fondo: es incierta la seguridad aérea en la estación con más movimiento de la Argentina. Movilización En este marco, diputados de las comisiones de Legislación Penal y Comunicaciones trabajan en el dictamen de un proyecto de ley para modificar el Código Penal en lo referente a las sanciones con penas de prisión y multas a las emisiones clandestinas de la radio y la televisión. La iniciativa, del que participaron Luis Brandoni (UCR), Gabriel Dumón (UCR) y Pablo Fondevila (PJ), fue apurada desde la propia cúpula de las entidades privadas más importantes del país y se espera que en los próximos días sea aprobada en el recinto. Fuentes confiables del Comfer aseguraron a R&TA que “ATA, ARPA y ATVC le pidieron a los diputados que impulsen una ley independiente ya”, concientes que el problema no podría aguardar hasta la sanción de la futura ley de radiodifusión. La idea es sacar una normativa que imponga penas de hasta un año de prisión para los que realicen emisiones no autorizadas. Y de hasta dos para los que comercialicen decodificadores o dispositivos que capten las señales. Fuentes allgadas al proyecto dijeron a este medio que también se hablará de inhabilitaciones por tiempos más extensos y sanciones a empresas, las que responderán con parte de su patrimonio y hasta podrían ser liquidadas. Por el momento, la comisión de Comunicaciones ya emitió un dictamen sobre los proyectos presentados y ahora se espera la unificación del mismo en la de Legislación Penal, que al cierre de esta edición se encontraba trabajando sobre el mismo para tratarlo sobre tablas el miércoles 18. De aprobarse esta ley, los directivos del Comfer confían en que sería “una muy buena herramienta para que los decomisos sean realmente efectivos” y atenúe la capacidad de los ilegales de volverse a rearmar para salir de nuevo a interferir. “Porque si el decomisado empieza a tener que enfrentar un proceso penal, puede llegar a cambiar un poco esta situación y si quiere volver a transmitir lo va a pensar dos veces”, aseguran en la sede de Suipacha al 700. Por otra parte, en el organismo que lidera Gustavo López ya comenzaron a realizarse los estudios tendientes a ver de qué manera se frena este caos. El secretario general de la Presidencia le pidió al interventor un listado completo de todas las emisoras que funcionan de manera ilegal en la Argentina. Los asesores directos del funcionario ya manejan una premisa: “la ilegalidad se erradica con la puesta en marcha de diferentes acciones simultáneamente, no hay una sola medida que pueda resultar efectiva”. Al parecer, el organismo tendría en mente formar una unidad específica programática que sólo se ocupe de los decomisos en conjunto con la tarea que realizan los técnicos de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Si bien se cree que su implementación podría retrasarse debido a que aún se estudia el impacto que tendrá este grupo en el presupuesto del Comfer (habría que contratar abogados y especialistas extras), es una de las variantes que más peso tiene por el momento. En el organismos son concientes que “algo hay que hacer ahora”. Todavía queda cierto resquemor por lo sucedido en Aeroparque, porque las radios que interfirieron son las mismas que el Comfer había declarado clandestinas en abril y fueron decomisadas por la justicia. “No vamos a comernos los bifes por la inacción de otros, por eso estamos buscando una solución al problema”, aseguró un directivo a R&TA, a la vez que aclaró: “Igual, nada que hagamos sirve sino tenés una ley penal al lado que te avale”. En tanto, una vieja idea que López acaba de deslizar ante un grupo de abogados parece que puede llegar a tener salida en lo inmediato: que las empresas de servicios de electricidad corten el suministro a los ilegales. Se estima que es una medida que será aplaudida por la propia Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), ya que es una de las entidades que más ha apoyado una decisión al respecto. Por el momento, la posibilidad está en manos del ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, el que deberá decidir cómo se puede llegara a implementar el cese del servicio a las clandestinas. Fuentes del organismo aseguran que el proceso de estudio tendría el “visto bueno del ministro”, sobre todo porque tendrían comprobado y detectado que muchas de estas radios no pagan la luz. Entonces, lo que buscarían es que una vez que una estación sea declarada ilegal, se le informe a las empresas de luz y se proceda en consecuencia. Al mismo tiempo, los directivos sostienen: “Nada sirve si no aceleramos el plan de normalización, porque tampoco queremos ir a decomisar a quienes tienen voluntad de legalizarse”. En tanto, también la gestión de López apuntará a que las empresas no pauten en las radios ilegales y en los próximos días se definirían los mecanismos para asegurarse otro impedimento más. Se cree que podrían establecer exigencias como la comprobación de aportes al organismo o desde los propios municipios, para que tampoco habiliten estaciones sin licencia o permiso. “Habrá que hacer de todo para que nadie siga alimentando la posibilidad de que pueda caerse un avión”, sentencian en el Comfer como un reto que exige cada vez más celeridad.