Carlos Killian en la mira
Investigan a funcionario de la CNC por ser miembro de INTELSAT
Por la ley de Etica Pública, un directivo de un organismo público no puede ser parte de una empresa a la cual controla. Por eso el diputado Héctor Polino ahora pide informes. En la página web de la CNC Killian aparece como uno de los elegidos, en abril último, para el directorio de la firma
El diputado socialista Héctor Polino se puso al frente de una investigación para determinar qué sanción le correspondería al ingeniero Carlos Killian, vicepresidente de la CNC, por ser miembro del directorio de la empresa privada de telecomunicaciones INTELSAT S.A. El legislador confirmó en la sede del organismo la información y asegura que la inclusión de un funcionario en una empresa que debe ser controlada por él es “incompatible con los intereses establecidos en la ley de Etica en el ejercicio de la Función Pública”. Por eso ahora, a través de un proyecto de resolución que presentó en la Comisión de Comunicaciones e Informática, pretende que el Poder Ejecutivo informe sobre qué medidas se adoptaron ante este tipo de conflicto de intereses. Fuentes de la Comisión Nacional de Comunicaciones aseguraron a este medio que el funcionario “es parte de la empresa, pero no obtiene rédito económico alguno al ser parte de la misma como miembro honorario”. Según consta en la página web de la CNC, Killian fue elegido en abril último como “presidente alterno de la 32° reunión de signatarios de INTELSAT que sesionó en Washington”. Ese cónclave fue el último antes de iniciarse la privatización de la firma. Pero asesores del legislador, en diálogo con R&TA, coincidieron en destacar que si realmente es honorario, “lo complicaría aún más en su situación, porque no tiene justificativo alguno de integrar la empresa”. En este sentido, desde la órbita de Polino, estiman que Killian ya está en la mira de la Oficina Anticorrupción, la que comenzaría a investigar las eventuales responsabilidades que le caben al directivo desde que la empresa estatal fue privatizada. Por el momento, el diputado cree que la situación del funcionario se enmarca dentro del capítulo 13 de la ley 25188 de Etica Pública, donde se establece que “es incompatible con el ejercicio de la función pública dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado...” A lo que continúa: “...O realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”.