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Ya hay dictamen de Legislación Penal y Comunicaciones

Diputados modificará el código penal por las emisiones ilegales

Se impondrán penas de hasta un año de prisión para el que interfiera. Pero no habrá multas en dinero. Los que comercialicen decodificadores para señales ilegales también irán a la cárcel. Si están involucradas empresas, pagarán con el 20% de su patrimonio y hasta pueden ser liquidadas

Diputado Damaso Larraburu

La Cámara de Diputados de la Nación aprobará en breve un dictamen conjunto de las Comisiones de Legislación Penal y Comunicaciones tendiente a modificar el Código Penal en relación con las emisiones de radio o televisión sin autorización del organismo competente. El dictamen unificado fue resuelto a principios de octubre luego de analizar el proyecto presentado por los diputados Luis Brandoni y José Dumón, del radicalismo y el otro, que firmaron los legisladores del PJ Dámaso Larraburu y Pablo Fontdevila. Las dos iniciativas promovían tipificar con penas de prisión a los responsables de estaciones ilegales que realicen interferencias y a los fabricantes de equipamientos para la recepción no gratuita de señales, entre otros. Tal como adelantara R&TA en su edición anterior, los legisladores se vieron movilizados luego de las interferencias que sufrió el Aeroparque Jorge Newbery y que puso en serio riesgo la seguridad área de la estación más importante del país. Además, varias agrupaciones de medios privados presionaron para contrarrestar el avance de estas emisiones al tiempo que el Gobierno se puso al frente de una campaña para erradicar la ilegalidad en el corto plazo: un convenio de competitividad, acuerdos con las empresas de electricidad para el corte del suministro a los no autorizados y la advertencia a las empresas para que no pauten en medios sin aval oficial. Los puntos más salientes El proyecto de ley postula incluir como artículo 197 bis al Código Penal: “el que sin autorización del Comfer realizare emisiones de radio o de televisión, permanente o transitorias”... “será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena”. También se estableció que si el hecho impidiere la emisión de estaciones autorizadas, las penas se elevarán al doble. Por otro lado, el que ilegítimamente fabricare, distribuya, comercialice o adquiera decodificadores o dispositivos destinados a captar señales cuya recepción no sea libre, “será reprimido con prisión de un mes a dos años”. Además, las mismas penas se extiende para el que realice o modifique conexiones tendientes a la captación de la señal. Por último, cuando algunos de estos hechos previstos fuese cometido en beneficio de una persona jurídica, “la entidad colectiva de la que se trate será sancionada con multa de hasta un 20 por ciento de su patrimonio neto”. Y si el ilícito cometido constituyere la actividad principal de la persona jurídica beneficiada, se procederá a su liquidación. UCR vs PJ Las penas del proyecto final son la unificación de las iniciativas de los bloques de la UCR y el PJ, los que si bien coincidían en el espíritu de la norma, igual mantenían algunas diferencias. Por ejemplo, el proyecto de Luis Brandoni y José Dumón, estimaba no sólo penas más altas (3 años) sino que a su vez veía óptima la aplicación de multas que iban desde los 20 mil pesos para los que interferían hasta los 30 mil para los que reincidieran en el ilícito. Si bien en el dictamen unificado se tuvo en cuenta la redacción del proyecto radical en cuanto a la penalización cuando se trate de personas jurídicas, se obvió el artículo que proponía aumentar en un tercio la escala penal cuando el hecho se hubiere realizado con propósito de lucro. Del texto presentado por los legisladores justicialistas Damaso Larraburu (preside la Comisión de Legislación Penal) y Pablo Fontdevila, se incluyó la tipificación de penas tal cual está en el dictamen, con los agregados por la comercialización de decodificadores y la realización de conexiones ilegales.

Diálogo con Edmundo Rébora

“Algún día la ilegalidad va a estallar en las manos de los funcionarios”

Las interferencias de estaciones radiales por modulación de frecuencia no autorizadas genera por estos días uno de los debates o puntos de análisis más destacados dentro del ámbito de la radiodifusión local. Y como uno de los sectores más castigados es el propio ámbito privado, R&TA convocó al secretario de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas, Edmundo Rébora, para que exprese su visión sobre este fenómeno. Y esto fue lo que dijo: “La ilegalidad es la gran encrucijada en la que se encuentra la radiodifusión entera porque se ha llegado a un nivel grave, hasta diría escandaloso. No se concibe una ciudad como Buenos Aires, con más de 1500 estaciones de frecuencia modulada audibles, de las que se pueden encontrar hasta 15 en la misma frecuencia. Y eso no es todo, porque debajo de éstas se ubican las FM de todos los colegios, que por menos potentes que sean, también provocan interferencia y una polución espectral radioeléctrica en un ámbito de 3 manzanas alrededor del lugar donde están ubicadas. Por lo tanto estamos hablando de millares, cuando en realidad un plan prolijo y razonable puede suponer que en Buenos Aires, colocando estaciones de baja potencia en los extremos del dial y dejando la banda central para las de alta potencia, tendría que haber entre 200 y 300 radios. Una de las AM ilegales que opera con mayor potencia y que se escucha en todos los rincones del país y que ha merecido denuncias de países extranjeros es la 570: estaba en San Justo y hoy me informan los técnicos que se está mudando a pocos metros de la General Paz. Hasta donde sabemos esta radio tenía una medida de no innovar que había perimido. Lo que habla a las claras de que el tema de la radiodifusión irregular se ha transformado en un escollo a cualquier desarrollo posible de la radiodifusión legal. La eventual modificación al Código Penal es muy importante y esencial como efecto ejemplificador. La norma penal tiene dos efectos: el represivo para quien comete un delito y otro disuasivo para aquel que, pudiéndolo cometer, no lo hace. Este aspecto es fundamental para evitar que el fenómeno siga avanzando. Hoy la aventura de instalar una FM es la de un señor que no tiene trabajo, porque es muy fácil y muy barato. Está amparado por toda una estructura fiscal que hace caso omiso y cierra los ojos: la AFIP no toca el timbre porque son radios instaladas en un garage o un dormitorio, las municipalidades no clausuran instalaciones de antenas y mástiles clandestinas. La CNC recibe miles de órdenes de decomiso y no las activa por carecer de presupuesto o de una estructura eficaz para hacerlo. Creo que desactivar 5000 radios no autorizadas requeriría una partida presupuestaria especial y hasta un organismo especial. Pero por el momento hay que utilizar todo el ingenio y los recursos al alcance para tener éxito en semejante tarea. ARPA realizó hace mucho tiempo la propuesta del corte de energía a los ilegales que felizmente la ha tomado el Comfer y la Secretaría General de la Presidencia. Es un sistema eficaz porque en definitiva el proceso industrial de la radiodifusión no es otro que la transformación de energía eléctrica en frecuencia radioeléctrica. Por lo tanto, si el producto generado es ilícito, es lógico que el suministro de energía sea cortado; sin electricidad no se comete el delito. Además, el método se utiliza en muchos países de Europa y está perfectamente al alcance del Estado: no le insume recursos ingentes al estar la mayoría de las estaciones determinadas. Si el tema se lo deja avanzar un día le va estallar en las manos a los propios funcionarios. Ya hemos estado muy cerca de ello con las interferencias al sistema ILS del Aeroparque, que son moneda corriente. Lo que se debería hacer es actuar preventivamente y hacer un análisis con los elementos tecnológicos que cuenta el Estado Nacional. Así se puede determinar en los corredores aéreos la cantidad de estaciones que hay, cuáles están habilitadas y quiénes tienen mástil y antena aprobadas por la Fuerza Aérea. Con tomar solamente las que tienen declaración de ilegalidad se resolvería el problema en al menos un 40%. No es mucho lo que es necesario hacer, sólo falta la decisión política de hacerlo. Porque si no, siempre estaremos con declaraciones de ilegalidad que son meramente simbólicas.