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El impuesto no se pondrá en marcha: reacción de intendentes y diputados

Duras críticas por el veto presidencial en favor de las telcos

Los intendentes agrupados en la FAM (Federación Argentina de Municipios) acusaron de “mentiroso” a De la Rúa e instaron a que se revea la decisión. Tres diputados ya manejan la manera de insistir con la ley. El presidente dijo que fue “para preservar el interés de la Nación, no de las empresas”

Henoch Aguiar

Los intendentes de todo el país, nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), acusaron al Gobierno nacional de “mentir” a la sociedad e instaron al presidente Fernando de la Rúa a que revea el veto a la ley votada por el Parlamento a fines de agosto en la que establece que las empresas telefónicas deben pagar a las intendencias un canon de hasta el 2% por el uso del espacio público por el tendido de redes. La reacción surgió porque el propio De la Rúa había prometido promulgarla en una reunión que mantuvo con los intendentes el 4 de septiembre, ocasión en la que estos se presentaron imprevistamente en Casa de Gobierno para reclamar la ejecución de la normativa. Pero el presidente no cumplió con lo prometido y, tal como adelantó R&TA en su edición pasada, vetó la ley. En realidad, el secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar, ya había advertido como “negativa” la iniciativa del Congreso al calificarla de “ilegal” porque “desincentivará las inversiones en ciertas zonas del país que ya son poco rentables” y consecuentemente “habrá menos recaudación”. Aguiar consideró que “el costo de las tarifas del servicio va a terminar trasladándose a los usuarios, porque las empresas tienen infinitas vías para trasladar el impuesto, y se generarán infinidad de presentaciones judiciales”. Y eso fue lo que convenció al primer mandatario para vetar la ley. Ante esto, y en el marco de un encuentro realizado el 27 de septiembre, los jefes comunales decidieron iniciar un plan de acción para que el Congreso ratifique la sanción de la ley en cuestión. Y para ello decidieron “repudiar” en conjunto la medida. Enviaron una nota a De la Rúa en la que le solicitaron tener en cuenta los considerandos del veto en dónde se manifiesta que los intendentes fueron los que promovieron un veto parcial de la ley eliminando la cláusula que impide el traslado a los usuarios del mayor costo que deben asumir las empresas telefónicas. A través de un comunicado de prensa que lleva el título de “El Gobierno miente”, los intendentes también informaron que resolvieron remitir un escrito a los diputados y senadores nacionales “exhortándolos” a que insistan con el proyecto general que elimina los privilegios que poseen las telefónicas. La dura misiva de la entidad fue suscripta por los intendentes Jaime Linares (Bahía Blanca-UCR), Luis Agost Carreño (La Rioja-PJ) y Alfredo Avelín Nollens (San Juan-Alianza). La diputada por el PJ Graciela Camaño presentó un proyecto de resolución para que se insista con la sanción originaria de la polémica ley 25464 y su par, el socialista Rubén Giustiniani, elaboró otro proyecto de ley con la intención de rechazar el veto. El diputado anticipó que insistirá para que el Congreso apruebe la ley sin observaciones le pedirá a la FAM que continúe impulsando la norma. Recordó que la ex Entel estaba exenta del pago de gravámenes porque era una empresa estatal, pero rechazó que las actuales compañías se amparen en ese antecedente para evitar el pago, teniendo en cuenta que obtienen ganancias millonarias. Por su parte, la diputada radical Margarita Stolbizer anticipó a la gente de la Federación de Municipios que insistirá con la sanción de la ley, ya que éstos “tienen legitimidad política y derecho constitucional para el cobro del gravamen”. Pool de observaciones El intendente frepasista de Morón, Martín Sabbatella, criticó la decisión y se mostró confiado de que el Parlamento dejará sin efecto la determinación del jefe de Estado. “De la Rúa tendría que explicarle a todos los que cumplen con sus obligaciones fiscales por qué las compañías telefónicas tienen el privilegio de no pagar”, afirmó. El intendente consideró que con su actitud el presidente “perdió” una gran oportunidad de “mostrarse enérgico contra las presiones de los grupos que se enriquecieron durante la década de gobierno menemista”. Por su parte, el intendente de Bahía Blanca, el radical Jaime Linares, lamentó que “el Poder Ejecutivo no tenga la valentía de pelear contra los privilegios y a favor de la autonomía municipal, reconocida en el artículo 123 de la Constitución Nacional”. “Los argumentos esgrimidos para justificar el veto son los utilizados por las compañías telefónicas, dejando en claro los gruesos errores de concepto respecto al derecho que tienen los municipios de ejercer su autonomía”, aseguró. Según Linares, que también preside la Federación Argentina de Municipios (FAM), “se confunden impuestos con derechos y tasas (que no son coparticipables), se argumenta que las comunas o intendencias más grandes cobrarán más y, de esa manera, deja vigente una excepción que rige para las telefónicas manteniendo un privilegio”. En tanto, el Foro Nacional de Intendentes, a través de su vicepresidente, José Gaspar, remarcó que “la implementación de esta ley tenía una gran importancia para los ingresos de los municipios, ya que constituía un ingreso adicional para sus deterioradas arcas”. Por último, el titular de la municipalidad de Avellaneda, el frepasista Oscar Laborde amenazó con “volver a hacer un piquete en la Casa Rosada”. Calificó como “lamentable” la decisión que adoptó De la Rúa y propuso que todos los municipios “nos declaremos en pie de guerra”.

De la Rúa justificó su decisión

El presidente Fernando de la Rúa dijo que “preservó el interés de la Nación” al vetar la ley y planteó que, “de acuerdo a las condiciones en que se hizo la privatización (de los servicios telefónicos), se corría el riesgo de que lo que cobraran los municipios tuviera que pagarlo la Nación”. En declaraciones a los periodistas acreeditados en la Casa Rosada, De la Rúa sostuvo que, aunque los intendentes “sugerían un veto parcial, para que en vez de ser un impuesto a las empresas se traslade (ese cargo) a los usuarios”, él no estuvo de acuerdo. “Hubiera significado que el Poder Ejecutivo, a través de un veto, ponía a cargo de los ciudadanos la tasa que se quería cobrar en los municipios”, puntualizó. Luego del veto por medio del decreto 1195, el proyecto será devuelto al Congreso por considerar que “encuentra obstáculos insalvables para su promulgación”. Entre ellos, el PEN considera que “se establezca o no la prohibición de trasladar este nuevo costo -el del impuesto- a los usuarios, el resultado sería siempre el encarecimiento del servicio telefónico” y “los usuarios deberán afrontar su pago ya sea de manera explícita en sus facturas o por no gozar de rebajas que de otro modo los hubieran beneficiado”. El decreto recuerda que en los pliegos de privatización, los impuestos -salvo Ganancias-, tasas y contribuciones “serán considerados como costos a los efectos del cálculo de las tarifas”, lo que habilitaría a las empresas telefónicas a trasladarlo a los usuarios. Según el Ejecutivo, el proyecto crearía “desigualdad entre ciudades grandes y pequeñas a favor de las primeras”, porque “su aplicación atentaría contra la equidad en la coparticipación de los impuestos, ya que es práctica aceptada que los fondos vayan de las jurisdicciones de mayores medios a las de menores recursos”.