Recibieron multas y denuncias

Las empresas de celulares, cada vez más complicadas

La justicia multó a Miniphone y Movicom por violar, en 1998, la ley de lealtad comercial a través de concursos. Y un grupo de asociaciones de defensa del consumidor dice que las firmas trasladan al usuario cargas que son de obligación propia

U na vez las firmas proveedoras del servicio de telefonía celular volvieron a estar en la mira. A fines de diciembre, la Cámara en lo Penal Económico confirmó las multas impuestas a Miniphone S.A y Compañía de Radiocomunicaciones Móviles, (Movicom) por la Dirección Nacional de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía, en relación con el delito de violación a la Ley de Lealtad Comercial e irregularidades en la organización de concursos con entrega de premios. Ahora tendrán que pagar 8 mil y 10 mil pesos respectivamente. En el caso de Miniphone, se trata de una acción que comenzó en octubre de 1998, luego de haber aparecido en un matutino porteño un aviso donde se promocionaba un concurso que condicionaba la participación del público a la adquisición del servicio. Esta práctica está prohibida por la ley 22.802 conocida como de Lealtad Comercial, aunque la empresa alegó que no tuvo intención de violar esa norma y que el hecho no resultó en perjuicio para terceros. Sin embargo, la Cámara consideró que las normas vigentes imponen, en la organización de concursos con premios, la necesidad de aclarar que éstos se realizan “sin la obligación de compra”. Respecto de Compañía de Radiocomunicaciones, la condena fue impuesta por haber organizado un concurso sin informar cuáles eran los premios a otorgarse, la cantidad de los mismos y el lugar dónde se retirarían los mismos. Denuncian cobro indebido Por otro lado, la Unión de Usuarios y Consumidores, la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina, la Asociación de Consumidores Argentinos, y Consumidores Libres denunciaron que las empresas de telefonía celular facturan indebidamente a sus clientes los cargos por “subsidio al servicio universal” y por “control, fiscalización y verificación”, dos obligaciones que deben ser pagadas por las propias compañías. Si bien ya había existido una advertencia de la secretaría de Comunicaciones al respecto hace tres meses, al parecer las empresas continúan, según las asociaciones, con el traslado de esas tasas a los clientes. Por eso ahora piden que se reintegren esos montos. Por el momento, la Unión de Usuarios y Consumidores presentó una demanda contra las empresas Movicom, Unifón, CTI y Personal, que se tramita en juzgados del fuero Contencioso Administrativo Federal y que forman parte de una acción colectiva sumarísima: si la Justicia les da la razón se beneficiarán todos los clientes afectados, informó la agencia ANC. Las cargas son para el mantenimiento del Servicio Universal, una especie de subsidio creado con la desregulación del sector para poder financiar las áreas no rentables. Se fijó en el 1 por ciento, que aún no se habría destinado al Estado desde las mismas arcas de las firmas. El otro 0.5 por ciento es el referido al gasto de control que realiza la CNC sobre la fiscalización de los aparatos y materiales de telecomunicaciones utilizados, con el fin de determinar si son los adecuados.

Apunta al acceso ilegítimo, el daño y el fraude

Elaboraron Anteproyecto sobre delitos informáticos

La Secretaría de Comunicaciones elaboró un Anteproyecto de Ley sobre Delitos Informáticos que será expuesto a consulta pública hasta treinta días después de haber sido redactado. El contenido del anteproyecto gira en torno a tres tipos de delitos penales: el acceso ilegítimo (“hacking”), el daño (“cracking”) y el fraude informático. De acuerdo a esta iniciativa, el bien jurídico protegido es la información. Además, se optó por incluir estos delitos en una ley especial y no mediante la introducción de enmiendas al Código Penal, “para no romper el equilibrio de su sistema y por tratarse de un bien jurídico novedoso que amerita una protección especial”, según indica un comunicado de la secretaría. El parte también señala que dentro de los delitos informáticos están comprendidas aquellas acciones “típicas, antijurídicas y culpables que recaen sobre la información, atentando contra su integridad, confidencialidad o disponibilidad, en cualquiera de las fases que tienen vinculación con su flujo o tratamiento, contenida en sistemas informáticos de cualquier índole sobre los que operan las maniobras dolosas”. Las penas propuestas para estos delitos van desde una multa, que puede costar entre 1.500 y 30.000 pesos, hasta prisión, que puede llegar a los ocho años, según el tipo de delito del que se trate. Para poder participar de la consulta pública, se puso en funcionamiento una dirección de correo electrónico (delitosinformaticos@secom.gov.ar).