emisiones ilegales

La ley ya fue aprobada en Diputados

Senado: no hay consenso por la penalización de emisiones ilegales

Es porque la iniciativa de la Cámara Baja especifica a quiénes hay que penar.
Y el Senado entiende que eso ya está dentro de las figuras básicas del Código.
Además, exigen que primero se legalicen más radios.

La ley que pretende penar con prisión de hasta un año a los responsables de las emisiones ilegales de radio y TV comenzó a debatirse en el Senado con más objeciones que consensos. Se trata de una norma que ya obtuvo media sanción en la Cámara Baja en octubre último, cuando los legisladores y la dirigencia política se dieron cuenta de la grave situación que experimenta hoy la radiodifusión clandestina en la Argentina. En realidad, el detonante que obligó a movilizar la tratativa de una ley fueron las interferencias al sistema de aterrizaje ILS de Aeroparque, una situación que alertó sobre la inseguridad aérea provocada por FM ilegales. Luego de dos meses de debate, Diputados sancionó la normativa con el apoyo oficial del Gobierno y ahora la intervención en el Comfer se mostró confiado en que el tema saldrá cuanto antes. Pero no será así. La Comisión de Asuntos Penales, presidida por el puntano Jorge Agundez, inició el debate y encontró reticencias para sancionar una ley que penaliza casos puntuales de delitos. En diálogo con R&TA, la asesora de Agundez, Iris Ortiz, confirmó que “existen diferencias sobre la especificación que dice la media sanción de Diputados, porque el Código Penal no particulariza sobre casos, legisla en forma general”. Es decir que el Senado no ve con buenos ojos que se indique a quiénes hay que penar, algo que sí sacó Diputados, como es el caso de los fabricantes o distribuidores de elementos para la concreción de emisiones clandestinas. “Esos delitos están subsumidos dentro de las figuras básicas, que son el robo, la estafa o la defraudación. No se puede legislar sobre algo que ya está absorbido”, apuntó Ortiz. A lo que agregó: “Igual vamos a atender y rescatar aquello que no está penado y que hace la radiodifusión clandestina, pero no casos particulares. El espíritu de la ley desde Diputados se tendrá en cuenta, pero técnicamente hay muchas observaciones”, indicó.

Legalizar primero

“El conflicto se genera cuando se habla del artículo 2 de la ley, que habla sobre la penalización a las conexiones clandestinas al cable o a la fabricación de decodificadores, por ejemplo”, graficó a esta redacción un asesor de la Comisión de Comunicaciones. “Los senadores no desconocen que sacar una normativa tal como llegó desde Diputados obligaría al cierre de cientos de emisoras al instante”, aseguraron desde la Cámara. Por eso ahora la idea de muchos legisladores es ir tras quien más desea que salga la ley: el interventor del Comfer, Carlos Caterbetti. Le pidieron que se llegue a buen puerto con los concursos de FM para tratar de legalizar lo máximo posible y evitar que en algunas provincias estén abiertos mientras que en otras no continúen. “Yo no tengo ningún problema en sacar esta ley, pero den la posibilidad a las radios de las provincias de legalizarse cuanto antes. Hay que partir de eso y no salir a cerrar radios a diestra y siniestra”, se le escuchó decir a un senador a inicios de marzo. Por el momento, el debate se inició entre asesores y el dictamen una vez analizado por los senadores puede ser en conjunto con Comunicaciones u otros por mayoría y minoría, una posibilidad que no se descarta dada las discusiones que genera el asunto en el seno jurídico.

Columnista

La otra cara del conflicto por el ILS
Por Jorge A. Montenegro *

Cuando el pasado 11 de febrero el Comfer intimó a un grupo de 12 FM a adecuar los parámetros técnicos para evitar supuestas interferencias al sistema de aterrizaje ILS del Aeroparque, sentí la necesidad de mostrar la otra cara del conflicto, una visión que no tiende a la condena y sí a la búsqueda de responsabilidades compartidas. Para empezar es necesario aclarar que existe un antes y un después de la tragedia del avión de LAPA, en julio de 1999, para entender de qué se habla cuando se trata de las interferencias. Al producirse el accidente de la aeronave se destruyó el sistema ILS, ya que el avión arrasó con el equipo de antena y la casilla donde se encontraban los transmisores, en la cabecera Sur de la pista. Ese sistema de aterrizaje por instrumentos original era un Philips de 15 Vatios con su sistema de antena y fue instalado de tal manera que sólo funcionaba en dirección Noroeste. Por lo que los aviones que vienen desde el Sur, deben bajar indefectiblemente de manera óptica. Hasta ese momento y con este equipamiento, las emisoras no producían ningún tipo de inconvenientes. Hay que reconocer, sí, que se produjeron algunas interferencias intencionales y batidos arriba de los canales de comunicación vocal. Pero no lo que se experimenta hoy. A partir de la tragedia, la Fuerza Aérea Argentina se ve obligada a adquirir con urgencia un nuevo sistema de aterrizaje para reemplazarlo. Y compró a la firma llamada “Grupo Río de la Plata”, uno marca NORMARC, una contracción de “Norten Radio” y “Marconi Radio”, dos empresas asociadas que fabrican equipamiento en conjunto. Una vez instalado y para poder ser certificado, se comenta que el funcionamiento debió ser medido de noche, cuando no circulaban trenes y no había gran cantidad de automotores. Pero lo cierto es que cuando aparecen estas interferencias, y la empresa Thales Spectrum midió al ILS (también hace lo propio con las emisoras) se conoció el resultado, que lo ubicaba con una potencia de 3 dB por debajo. Es decir que funcionaba con la mitad de su potencia, lo que provoca que la señal que llega a los aviones sea más débil y por lo tanto más vulnerable a cualquier tipo de interferencias. Analizada la situación a través de como se sucedieron los hechos, no cabe duda que si se hubiera realizado una acción precisa y coherente, a través de la comisión integrada por la CNC, el COMFER, Thales Spectrum y la misma Fuerza Aérea, la realidad sería otra. Porque ahora parece que sólo la Fuerza Aérea tiene una posición irreductible, que es acompañada por la CNC, como si fueran los dueños de la verdad. En realidad, la banda del ILS va de 108 a 112 Mhz y la frecuencia de funcionamiento de Aeroparque es 109.5 Mhz. Resulta extraño, entonces, que para una ciudad como Buenos Aires, abarrotada de emisoras de categorías A y B, la Fuerza Aérea no haya realizado los trámites ante la OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional) para desplazar el funcionamiento al extremo, es decir cerca de los 112 Mhz, donde va a tener menos posibilidades de ser interferido. La resolución 142/96 de la secretaría de Comunicaciones establecía que el único canal a tener en cuenta respecto del ILS es el 300, con la frecuencia 107.9 Mhz. Y justamente ese canal no aparece hoy en el listado elaborado por el Comfer sobre las emisoras que aparentemente producen interferencias. Para hacer un análisis prolijo de la cuestión, es necesario ver a todas aquellas emisoras que cambiaron sus parámetros o se mudaron de lugar después de 1999, cuando se produjo la catástrofe aérea. Y no ir tras las radios que están instaladas desde 1992 o antes en el mismo lugar. Porque, ¿cómo es entonces que antes no interferían y ahora sí? Aparte, técnicamente no hay que olvidar que interfieren más las estaciones ubicadas en la zona Norte, porque esa es la zona desde donde se producen las aproximaciones de las aeronaves y las señales espúreas que pueden generarse por modulación cruzada pueden con mayor facilidad ser más intensa que la señal del ILS. Pero la situación hoy hace que se esté hablando de emisoras que están en el barrio de Pompeya, y de otras a las que se las midió como B cuando son categoría A. Existen errores en el listado de las supuestas radios que interfieren al tiempo que otras que sí pueden hacerlo, ni siquiera se mencionan. Así nos encontramos con una nómina incompleta por no haberse investigado bien, o haberse desdoblado los sumarios, lo que constituye una amenaza muy grave y se puede decir hasta ilegal a la radiodifusión que se mantiene bajo los parámetros de la legalidad. Sin ir más lejos, el registro de emisoras de la resolución 142/96 sería muy válido para evaluar a todas las radios con PPP disponibles y así poder analizar qué es lo que habían declarado en ese año de puesta en vigencia de la medida. Y no decir que ahora aumentaron potencia en forma ilegal con respecto a la resolución 341. Por último, creo que en la gestión que recién comienza en el COMFER hay falta de un conocimiento profundo del tema. Y considero que hay demasiada irreductibilidad en la Fuerza Aérea, y en la CNC, como si de sus respectivas partes no se cometiera ningún error. Las responsabilidades suelen ser compartidas.

* Jorge A. Montenegro es Ingeniero Consultor en Radiodifusión,
Radiocomunicaciones, Telecomunicaciones y Acústica.
info@montenegroasoc.com.ar